El fiscal general Martín Suárez Faisal lo consideró autor de los delitos de encubrimiento triplemente agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. También solicitó 8 años de prisión para Daniel Mendoza por delitos vinculados al narcotráfico; 7 años para José Luis Baella, ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, y 4 y 3 años para los otros dos imputados, informó el sitio oficial Fiscales.gob.ar.
Esta mañana, el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, solicitó 8 años de prisión para el ex jefe de la policía de Santa Fe Hugo Damián Tognoli, por considerarlo autor de los delitos de “encubrimiento triplemente agravado por ser de un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, en concurso ideal entre sí (arts. 54, 248, 274 y 277, incs. 1.a y 3.a, b y d, del Código Penal), todo ello en concurso real con el delito de coacciones (art. 149 bis, segundo párrafo del Código Penal, en función del art. 55 del mismo cuerpo legal)”. Además, pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de 10 años, ordenando la inmediata detención del ex policía.
Todo esto se dio en el marco del juicio contra el ex jefe de la policía provincial, acusado de haber protegido a dos narcotraficantes mientras era jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, y de haber amenazado a la titular de la Asociación Madres Solidarias del Barrio René Favaloro, Norma Castaño, quien lo denunció ante la justicia cuando ya estaba a cargo de la fuerza de seguridad provincial.
Durante un alegato que se extendió durante casi dos horas, Suárez Faisal también solicitó penas de prisión para los imputados Daniel Francisco “El Tuerto” Mendoza, José Luis Baella, Fernando Norberto Torres y Mauricio Santiago Otaduy. En el caso de Mendoza, también requirió 8 años de prisión al considerarlo autor de los delitos de fabricación y comercio de estupefaciente y coacciones, todos ellos en concurso real (arts. 5°, inciso “b” y “c” de la ley 23.737 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, en función del art. 55 del mismo código), junto a una multa de 15 mil pesos.
Por su parte, respecto del ex subjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Baella, el fiscal general pidió 7 años de prisión por los delitos de “encubrimiento triplemente agravado por ser de un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, en concurso ideal entre sí (arts. 54, 248, 274 y 277, incs. 1.a y 3.a, b y d, del Código Penal), todo ello en concurso real con el delito de Coacciones (art. 149 bis, segundo párrafo del Código Penal, en función del art. 55 del mismo cuerpo legal)”, así como una multa igual a la de Tognoli, es decir, de 90 mil pesos, junto a la “inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el termino de 10 años, con más las accesorias legales y costas del proceso, ordenando su inmediata detención”.
En el caso de Torres, el representante del MPF solicitó 4 años de prisión por el delito de transporte de estupefaciente, mientras que pidió 3 años de prisión (de cumplimiento efectivo) para el ex policía Mauricio Otaduy, que llegó acusado de haber filmado el video en el que se ve a Castaño hablando con Daniel “El Tuerto” Mendoza, luego detenido por tener una cocina de cocaína en su casa de Colastiné Norte. Ese video fue utilizado para amenazar a la mujer y obligarla a que retirara las acusaciones contra Tognoli.
Los argumentos
Al desarrollar su alegato, Suárez Faisal recordó que “la causa recorrió todos y cada uno de los escalones jurisdiccionales del país”, en los que cada uno de los tribunales intervinientes desechó “los planteos que impugnaban la acusación y el procesamiento del entonces comisario general Hugo Tognoli”. En ese sentido, enumeró una docena de argumentos respecto de los que consideró que “demuestran acabadamente la responsabilidad en los hechos”.
Entre ellos destacó los “oídos sordos” en la que incurrió el ex funcionario “con relación a la investigación de actividades de narcotráfico que le habrían sido informadas en las denuncias de Norma Castaño”; la “zona liberada” para Mendoza, por la cual mientras Tognoli y Baella estuvieron al mando de la D.G.P.C.A., aquél “nunca fue allanado ni molestado” y “recién se lo detuvo cuando los dos estuvieron asignados a otras funciones”; la “inusitada modificación de la situación económica de Mendoza”, mientras estuvo bajo esa protección policial; el 3 de marzo de 2012 Baella fue a la casaquinta de Mendoza en Colastiné y éste se subió al Corsa color champagne de la Dirección de Drogas: “Inmediatamente después de que Baella paseara a Mendoza en el auto, le envió un mensaje de texto de 54 caracteres a Tognoli, que en ese momento no trabajaba en Drogas, sino que era Jefe de toda la Policía de la Provincia y este le contestó con un asertivo OK, como admitió en esta audiencia”; asimismo, recordó que un informe de Asuntos Internos daba cuenta que “Mendoza era muy conocido en Santa Fe, por lo menos desde los años ‘90 por otros delitos, y que fue investigado por Drogas” en 2009, 2011, y 2012.
Por otra parte, el fiscal calificó a las coacciones y amenazas contra Norma Castaño como “una evidencia más que coadyuva a considerar la culpabilidad de Tognoli en el encubrimiento de las actividades de Mendoza”. Asimismo, refirió que la confianza entre los entonces jefe y subjefe de Drogas Peligrosas superaba “al mero vínculo” profesional, ya que era “estrecho, de confianza y, lamentablemente para la sociedad santafesina, como se ha probado, también de complicidad criminal”. “Tognoli lo colocó en los lugares más sensibles de la Dirección de Drogas: en Inteligencia, para que interviniera en las investigaciones y al mismo tiempo, en Patrullas móviles, para que tuviera competencia y pudiera moverse libremente en toda la provincia”, precisó.
“Se dice que sólo le importaba la estadística, claro, -continuó Suárez Faisal- porque esa era la manera en que se podía presentar una pantalla respecto de las verdaderas actividades que se realizaban desde la jefatura de la dirección de drogas. Se hacen muchos procedimientos, se secuestran drogas de empresas competidoras, de consumidores, de circunstanciales mulas o de paupérrimos vendedores barriales, y mientras tanto se carteliza el narcotráfico con protección oficial, en Santa Fe con el ‘Pelele’ Mendoza y su socio Basimiani, y en Rosario con peligrosas bandas que escalaron a un nivel de violencia que sorprendió a todo el país”.
Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que los hechos ventilados en la sala de audiencias “no son situaciones aisladas ocurridas dentro de la estructura policial santafesina durante los mandatos de Tognoli -ya sea como Director General de Drogas Peligrosas o como Jefe máximo de la policía provincial- sino que la protección y connivencia de Tognoli con los personajes provinciales del narcotráfico, también se vio reflejada en el procesamiento que también fue confirmado en Rosario, por haber brindado cobertura policial a personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, causa además, por la que el imputado está preso, cumpliendo prisión preventiva”.
El debate oral y público continuará el lunes, jornada para la que están previstos los alegatos de las cinco defensas.
