María Cecilia Vranicich atendió el pedido del senador para apartar a los dos fiscales que lo acusan, y lo envió al auditor general y a la fiscalía regional que investiga a Sain
El contragolpe del senador Armando Traferri contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra no cayó en saco roto. El pedido para que elevó una semana atrás al Ministerio Público de la Acusación llegó hasta su titular, María Cecilia Vranicich, quien le hizo lugar y encomendó al auditor general del organismo a investigar en base a ese escrito si acaso ambos fiscales rosarinos incurrieron en algún delito.
La fiscal general dio crédito a lo expresado por el legislador sanlorencino en cuanto al relato del que «se desprenden hechos con apariencia de delito». La alusión apunta al presunto tráfico de información reservada que habrían hecho los acusadores a partir del vínculo que Edery tiene con una mujer del entorno del clan Los Monos e imputada en actividades mafiosas, Mariana Ortigala, a quien tenía como informante.
Vranicich derivó el planteo de Traferri al auditor general del MPA, Leandro Mai, quien está a cargo de monitorear el desempeño de la fiscalía rosarina, luego de que la Comisión de Acuerdos legislativa resolviera dar curso a examinar el trabajo de Edery. Este fiscal y su situación con Ortigala quedaron en el ojo de la tormenta a instancias de dos colegas, Miguel Moreno y Pablo Socca, que al imputar a la banda que integra la mujer revelaron el vínculo con Edery.
Sobre este asunto, el fiscal rosarino es investigado por sus pares de Santa Fe María Laura Urquiza y Bárbara Ilera.
Por otra parte, como la arremetida judicial de Traferri apuntó a la causa de espionaje ilegal que se sigue en Santa Fe contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y excolaboradores, Vranicich también le envió el escrito al fiscal regional de esa circunscripción, Jorge Nessier.
«Es función inexcusable del MPA promover la correspondiente instancia criminal, y como los hechos relatados y la evidencia fundante se relacionan con el objeto de diversas investigaciones a cargo de órganos fiscales de la Fiscalía Regional de Primera Circunscripción, remítase a esa Fiscalía Regional», ordenó Vranicich.
Traferri, a través de sus abogados Oscar Romera y Juan Murray, sostiene que Sain lo mandó a investigar sin causa judicial que lo amerite a través del Organismo de Investigaciones del MPA y que Edery y Schiappa Pietra consumaron una operación en su contra al acusarlo de connivencia con el el capitalista del juego clandestino Leonardo Peiti. Esa persecución, dedujo el senador, obedeció a un «carpetazo» instigado por el perottismo, el sector del justicialismo santafesino que comanda el gobernador Omar Perotti, en tanto enfrentado a su cuota de liderazgo dentro del PJ.
Entonces, la contraofensiva de Traferri también recae en la fiscalía santafesina donde se avanza con la causa contra Sain, conocida como la del espionaje ilegal. Se investigan presuntos seguimientos ilegales del entonces ministro sobre diversas personalidades de la política, los medios de comunicación y empresas de la provincia.
Sain, a su vez, ha rechazado estos cargos y sostenido que esa causa es otro carpetazo pero en su contra, urdido por lo que denomina una componenda de un sector del peronismo, la UCR y el socialismo en la Legislatura provincial.
Traferri había logrado que sus pares del Senado rechazaran el pedido de desafuero que habían impulsado hace dos años los fiscales a los que ahora recusa. Y luego de que Edery fue acusado por los fiscales Moreno y Socca, entonces el legislador pidió él mismo a sus pares que le quiten los fueros parlamentarios para someterse a la Justicia.
El abogado Romera aseguró que Traferri advirtió estas operaciones a fines del año pasado, pero que no quiso defenderse entonces hasta tanto no pasaran las elecciones provinciales, en las que por cierto resultó reelecto otra vez.
El sanlorencino, ya sin fueros, acudió a la Justicia pero antes hizo este pedido de apartamiento de Edery y Schiappa Pietra. «Que me investiguen, pero no estos fiscales contaminados de parcialidad», dijo.
En tanto, la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, recibió el escrito y lo trasladó a los propios fiscales recusados para que contesten si consienten el planteo de Traferri o no. Pasó una semana y no trascendió que haya habido respuesta.
Incluso más: Traferri propuso a Iribarren que antes de resolver convoque a una audiencia pública para ventilar todos los elementos que lo llevan a solicitar el apartamiento de los fiscales Edery y Schiappa Pietra.
«Ahora estamos a la espera de que la Fiscalía Regional resuelva», definió ayer Romera en diálogo con este diario.
Rosario/12
