El tribunal decidió que no corresponde intervenir ahora, pero le impone condiciones al juez Lorenzini como para que no acepte la propuesta de pago a los acreedores tal como está.
La Corte Suprema de Santa Fe acabó finalmente por decidir que no intervendrá en el concurso de acreedores de Vicentin SAIC y sus miembros acordaron en devolver el expediente al juzgado de origen, en Reconquista, a cargo del polémico Fabián Lorenzini, denunciado por facilitar que la agroexportadora en default hiciera una controvertida propuesta de pago. Sí, en cambio, en el fallo conocido el martes, el máximo tribunal incluyó algunas advertencias al magistrado, como para que corrija el rumbo del concurso y descalce la propuesta de pago que la compañía urdió sobre el default declarado en diciembre de 2019 por 1.500 millones de dólares. Una propuesta que pretende pagar con una quita superior al 80 por ciento de la deuda, a 12 años y en pesos, dejando incluso parte de la masa concursal afuera. Ahora el magistrado, de nuevo en competencia, deberá decidir si homologa o rechaza la propuesta de Vicentin. Eso será clave para el destino de la mayor agroexportadora nacional, epicentro del mayor pagadiós de la historia local, reveló el periodista Luis Bastús en Rosario 12
El concurso estaba suspendido desde el 16 de junio, cuando a instancias de la acreedora Commodities SA –del Grupo Grassi– el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, emitió un decreto para analizar si correspondía el avocamiento que le solicitaba el acreedor, es decir que el máximo tribunal le sacaba el expediente al juez Lorenzini, muy resistido entre acreedores que quedaron esperando que Vicentin honrara su deuda.
El tribunal más alto de la Justicia santafesina pidió a las partes y el dictamen del procurador Jorge Barraguirre, quien expresó que el avocamiento no correspondía, y ahora se pronunció en ese mismo sentido, por lo que la causa civil vuelve al juzgado de Reconquista.
Pero la devolución va con señalamientos que le marcan la cancha al juez y deberían condicionarlo a impugnar la oferta de Vicentin. «Una propuesta fraudulenta», según el planteo de Commodities SA. En resumen, ofreció pagarle todo a los acreedores que reclaman hasta 30.000 dólares cada uno; y a los mayores, solo hasta 30 mil cada uno, pero en pesos y a 12 años.
Y eso, supeditado a que se le autorice la venta de activos –Renova, concretamente, su mejor joya– a Viterra-Glencore. Precisamente, hay medidas cautelares en el fuero penal que le impiden a Vicentin realizar esa transacción, so pena de considerarla una maniobra de vaciamiento de sí misma.
La lectura más entusiasta de este fallo, incluso, vislumbra una salida hacia el cramdown, es decir, una figura jurídica que habilita y prioriza que un acreedor o grupo de acreedores se haga cargo de la empresa fallida y evite así la quiebra. Máxime si uno de estos actores proviene del Estado. Y, se sabe, el mayor acreedor en el default de Vicentin es el Banco Nación.
El fallo de la Corte precisamente le recomienda a Lorenzini que considere una participación preponderante del Banco Nación, en tanto principal acreedor y agente financiero del Estado Nacional. Un actor que Vicentin hasta aquí ignoró y que en cambio procuró favorecer a Glencore, Viterra y ACA.
Para argumentar la devolución del concurso a Lorenzini, el fallo indica que «la competencia jurisdiccional de la Corte no puede ser alterada» y que «no puede prescindir de las reglas y excepciones que imponen la Constitución provincial».
Pero Gutiérrez en su voto advierte: «No escapa a este Tribunal la importancia económica y social que el concurso tiene para la Provincia de Santa Fe». Y remarca entonces la vigencia de la causa penal en paralelo que impulsa el fiscal Miguel Moreno y que tiene a una docena de directores ejecutivos de Vicentin imputados por asociación ilícita y estafa.
«Las decisiones de los jueces deben guiarse por la suma prudencia en el control de legalidad que les compete realizar, a fin de mensurar y poner a seguro resguardo los derechos y garantías de los justiciables», apunta el titular del tribunal. Y le impone a Lorenzini su deber «objetivo de apreciar si el deudor ha contrariado la finalidad del concurso (esto es) la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, y la satisfacción de los acreedores cuando se les ha negado porque la pérdida que se les impone es claramente abusiva y fraudulenta».
En el mismo sentido se pronunció el ministro Daniel Erbetta, que subraya la existencia de las «imputaciones penales en distintas jurisdicciones de esta Provincia y de la Justicia Federal», con la vigencia de medidas cautelares que deben condicionar los movimientos de Vicentin, y la venia que Lorenzini les ha venido dispensando.
Una fuente judicial interpretó que el fallo le marca la cancha a Lorenzini, quien evitó el jury de enjuiciamiento que requirió uno de los acreedores pero no pudo evitar que la Procuración de la Corte le abra un sumario por su dudoso desempeño en el concurso. En resumen, el juez no puede homologar la propuesta de Vicentin porque implica violar las medidas cautelares vigentes en las causas penales paralelas. Y si así lo hiciera, se descuenta que los acreedores impugnarán el OK judicial, y eso implica que la causa civil vuelva una vez más a la Corte Suprema santafesina. «Creo que el juez sabrá leer el mensaje y que así como venía no puede seguir», resumió la fuente consultada por Rosario/12. Y opinó que en el seno de la Corte ven con buenos ojos que Vicentin transite hacia el cramdown y así evitar su quiebra y el desempleo de 7000 trabajadores. El reloj corre: el 31 de diciembre concluyen los contratos de fasón de las plantas de Vicentin que hasta ahora permitieron pagar los sueldos.
