Casi todos los diputados de la oposición y del oficialismo pidieron conocer los avances de un sumario administrativo ordenado por el gobernador Omar Perotti tras los allanamientos a esas dependencias por la existencia de «perfiles» sobre dirigentes políticos y empresarios.
El fiscal de Estado de la Provincia de Santa Fe, Rubén Luis Weder, será convocado por la Cámara de Diputados para que «informe respecto de los avances en la investigación ordenada por el gobernador de la provincia, a través del Decreto 2651 del 29 de noviembre del pasado año», por el cual Omar Perotti lo instruyó para que abra «un sumario administrativo a fin de determinar si se desarrollaron actividades al margen de la normativa legal dentro del Ministerio de Seguridad, a propósito de la documentación recabada por el Ministerio Público de la Acusación».
La resolución impulsada por el diputado del oficialismo fue aprobada por una amplia mayoría que contó con votos de esa bancada y también de todos los bloques opositores. Sin embargo, una diputada del justicialismo, Matilde Bruera, advirtió que había tanto en los considerandos como en la letra de la parte resolutiva elementos que merecían su rechazo, informó el diario El Litoral
La legisladora llamó a sus compañeros de bancada y sus pares de otros bloques a dar marcha atrás con la convocatoria bajo la idea de que «no puede haber un sumario administrativo» si quienes ordenaron los allanamientos (a su juicio «ilegales») a la Casa Gris «no han encontrado elementos para imputar a ninguno de los ex funcionarios» a los que se los «ha imputado y juzgado mediáticamente».
Rubeo defendió su proyecto bajo el argumento de que no se pretende ir más allá de lo que se sabe por meros trascendidos sobre cuestión bajo investigación (los fiscales del MPA han logrado que el juez de procedimiento les duplique plazos para llevar adelante la investigación) y aseguró que dará mayores certezas a los representantes de los santafesinos saber, de boca del fiscal de Estado, si pudo o no avanzar en esa investigación y si ha reunido o no nuevos elementos. «Supongo que después de dos meses de labor del fiscal, de acuerdo con las instrucciones que ha recibido del gobernador, ya se puede saber si lo que ha podido averiguar es si tiene asidero o no lo que está investigando la Justicia», y con esa información «actuar en consecuencia», dijo.
El diputado expresó en los fundamentos de la resolución aprobada que corresponde saber a la Cámara si hay avances ante la tarea que el gobernador instruyó al fiscal de Estado «para que abra una investigación que determine si se actuó fuera de los márgenes de la Ley».
Fuertes apoyos
Los jefes de los bloques radicales que se encuentran en Cambiemos o en el Frente Progresista esta vez coincidieron en sus argumentos, lo mismo que la bancada socialista: el criterio fue avanzar con la propuesta de Rubeo, pese a las amonestaciones severamente expresadas por Bruera, que una y otra vez, insistió con lo improcedente de llamar al fiscal.
Además de Rubeo y Bruera, que mostraron las diferencias internas del justicialismo frente a la gestión del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, hablaron a su turno: Fabián Palo Oliver del radicalismo frentista para que se convoque al fiscal y dejar expreso su total apoyo al trabajo de los fiscales que llevan adelante las actuaciones judiciales, tanto en este caso como en el de las investigaciones sobre derivaciones de causas del juego ilegal; Fabián Bastia, radical de Evolución y presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, recordó que las instrucciones al fiscal del gobernador fueron primero forzarlo a aceptar una demanda presentada por Sain para paralizar una acusación en esa instancia, luego investigarlo ante los allanamientos al Ministerio de Seguridad para deslindar responsabilidades y finalmente ordenarle que la provincia se constituya en querellante ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos de espionaje ilegal.
Dijo que ya los fiscales le habían comunicado al diputado Maximiliano Pullaro (el jefe de esa bancada) la posibilidad de que sea víctima de espionaje y advirtió a viva voz: «miren que el caso (Débora) Cotichini no es mentira, muchachos», en referencia a una funcionaria del Ministerio Público de Acusación que es investigada por llevar información no vinculada a ninguna causa judicial del MPA al Poder Ejecutivo Provincial. «Seguramente se seguirán notificando víctimas», aventuró.
De inmediato, Leandro Busatto, jefe de la bancada en la que se habían mostrado posiciones tan distantes, pidió que se pase a votar mediante una moción de orden, salvo que hubiera no había más intervenciones. Dijo que la sesión ya estaba «al borde de una fantochada», por «las cosas que se han tenido que escuchar», deslizó, en especial de «quienes se llevaron por delante todo lo que de rasgos institucionales hubo y que diseñaron un sistema de protección de determinadas situaciones que, la verdad, preocupan».
