El ex ministro de Seguridad de la provincia declaró este miércoles en el juicio al narco empresario. Dio detalles de cómo se lo investigó y capturó de la protección de la que gozaba
Esteban Alvarado se consolidó como líder de una banda criminal gracias a la cobertura y colaboración de funcionarios policiales. Esa teoría se corroboró entre 2020 y 2021 con la condena a seis policías que formaron parte de la asociación ilícita y continúa exponiéndose en el debate oral y público que lo tiene como principal acusado por liderar una asociación ilícita, instigar un homicidio y lavado de activos. Ahora, con la declaración del diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR-PRO), que fue citado para dar testimonio acerca de su actuación cuando era ministro de Seguridad de la provincia, se abrió el interrogante sobre las maniobras judiciales que pudieron amparar el accionar de Alvarado y su grupo. Es que el legislador mencionó información sobre Alvarado que llegó a la provincia enviada por un fiscal de Buenos Aires, pero que «fue desestimada» por la Justicia santafesina de Instrucción bajo el viejo sistema penal.
Pullaro fue citado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para declarar en el marco del juicio oral contra Esteban Alvarado y seis personas más acusadas de distintos delitos como balaceras, homicidios y lavado de activos en el marco de una asociación ilícita. En la jornada de este miércoles, además del ex ministro, declararon funcionarios policiales y de organismos de investigación que participaron de las pesquisas del homicidio del prestamista Lucio Maldonado.
Al comienzo de su declaración, el ex ministro de Seguridad provincial contextualizó cómo se inició la investigación que posibilitó la captura de Alvarado en la provincia de Córdoba a principios de 2019. Fue a partir del juicio oral y público que derivó en altas condenas a varios integrantes de la banda Los Monos en abril de 2018, tras lo que se desencadenó una serie de ataques a balazos contra sedes judiciales y domicilios de personas vinculadas a la investigación. Esos hechos ocurrieron entre mayo y agosto de 2018 y luego continuaron en diciembre del mismo año con tiros contra el Centro de Justicia Penal, el edificio de los Tribunales provinciales y la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a la cual días antes le habían arrojado en su vivienda la cabeza de un perro. Estos ataques, según la acusación del juicio actual, fueron ejecutados por órdenes de Alvarado en el afán de lograr impunidad y, con las herramientas de cobertura policial con las que contaba, incriminar a integrantes de Los Monos.
Alvarado en la mira
«No teníamos claro de dónde venían (los ataques), pero lo que sí sentíamos era que se quería quebrar una decisión del gobierno de avanzar contra las organizaciones criminales», indicó Pullaro en su declaración ante el tribunal integrado por los jueces Patricia Bilotta, María Isabel Más Varela y Alejandro Negroni. Entre otros aspectos Alvarado quedó en la mira porque en uno de esos ataques se encontró un cartel con su firma. Tras esos ataques, sumados los homicidios del prestamista Lucio Maldonado y del joven Cristian Enrique, se pidió la captura de Alvarado, que para entonces ya había recuperado la libertad luego de cumplir una condena en Buenos Aires por robos de autos a mano armada.
Hacía años que el nombre de Esteban Alvarado se escuchaba por lo bajo en el cruce de informaciones de personas abocadas a investigar la criminalidad en Rosario. Sin embargo había cierto velo que le permitía gozar de anonimato e impunidad. «El nombre de Alvarado venía sonando muchísimo en Rosario. Habíamos llevado adelante las primeras acciones en 2016 cuando estaba preso y empezamos a observar que el eje de la violencia en Rosario se había movido de la zona sur a la zona oeste», explicó Pullaro.
En ese sentido, remarcó el ex ministro, la información que llegaba al gobierno desde diversas fuentes advertía que dicho desplazamiento de la violencia urbana estaba motivado por la intención de Alvarado «de instalarse con su negocio criminal» una vez que recuperara la libertad. Pero no era la primera vez que el gobierno santafesino recibía información sobre los movimientos de este hombre que con el paso de los años se consolidó como principal rival en la calle de la banda Los Monos.
Caso cerrado
«Sabiendo que no había causas (contra Alvarado) en la provincia de Santa Fe, mandamos una comisión a entrevistarse con el fiscal Patricio Ferrari en Buenos Aires para observar qué había en ese momento», recordó Pullaro en relación a quien investigó al acusado y lo llevó a juicio por el robo de autos en el conurbano bonaerense. En ese sentido remarcó que la mayoría de información recopilada en ese entonces no provenía de vías «judicializables», como lo puede ser la policía, sino de vías informales como información periodística o de la Secretaría de Seguridad Comunitaria.
Por eso en el gobierno provincial, según confió Pullaro, se consideró la importancia de la información que llegó a Rosario mediante el fiscal Ferrari como continuidad de la información que había recibido la provincia entre 2011 y 2012 en la que ya había menciones sobre Alvarado como hombre dedicado al narcotráfico. Pero, según afirmó el ex ministro, esa información se estancó en la Justicia de Instrucción del viejo sistema penal.
Después de la audiencia, en una conferencia de prensa, Pullaro volvió sobre ese punto y sostuvo: «Esa causa se cerró pero después con esa misma información se retoma la investigación y hay condenas, o sea que había elementos para avanzar». Se refirió así a la investigación que decantó en el juicio actual contra Alvarado y que entre 2020 y 2021 condenó mediante procedimientos abreviados a seis policías como parte de la asociación ilícita.
Lo fuerte de aquella información que había llegado desde Buenos Aires hacía foco principalmente en la cobertura policial con la cual contaba Alvarado. Pullaro recordó que por aquel entonces advirtieron que «Alvarado tenía una organización diferente». «No tenía las mismas características de las organizaciones criminales a las que estábamos acostumbrados. Estábamos viendo mucho del nivel de letalidad y violencia que tenían Los Monos, pero con Alvarado era un nivel más sofisticado. Presumimos que tenían más vínculos», explicó el diputado provincial.
En ese aspecto Pullaro hizo referencia no solo a la protección policial que gozaba Alvarado sino que deslizó la posibilidad de una cobertura judicial. «Los actores policiales fueron condenados, pero él tenía posibilidades de esconderse en la Justicia», dijo y entonces volvió sobre aquella información que había llegado a la provincia desde Buenos Aires. «Recién en 2019 se vuelve a tomar esa información para condenar a estos policías. Tal vez hubiera sido mucho más fácil nuestra gestión si hubiésemos tenido la posibilidad de depurar de antemano. Teníamos información que había sido desestimada en un juzgado provincial y obviamente no podíamos sacar a esos agentes del rol que tenían solamente por presunción nuestra», explicó el ex ministro.
La casa en la isla
En diciembre de 2018, cuando Alvarado ya tenía pedido de captura y se lo comenzaba a ligar al entonces crimen de Lucio Maldonado cometido un mes antes tras el secuestro del prestamista informal, se realizó un allanamiento en una casa ubicada en las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario. A ese lugar se llegó por un testigo de identidad reservada que había señalado una vivienda como aguantadero de Alvarado o el lugar donde solía pernoctar en ciertas ocasiones. En pleno operativo llegó al lugar, a bordo de una lancha la entonces diputada Alejandra Rodenas junto a su marido quienes alquilaban la vivienda.
En su declaración Pullaro recordó ese episodio, del cual supo detalles semanas después, luego de que visitara el Centro de Justicia Penal posteriormente a que el edificio fuera blanco de un ataque a balazos. En ese marco dialogó con el policía Pablo Báncora, que terminó siendo condenado por integrar la banda de Alvarado pero que entonces era un funcionario de confianza del Ministerio Público de la Acusación. Fue Báncora quien le dijo de la presencia de la funcionaria en medio del operativo. Pero más alló de eso, el MPA no encontró indicios de relación entre Alvarado y quienes alquilaban la propiedad.
Para entonces, dadas las crecientes sospechas sobre el velo policial y judicial que podría estar cubriendo a Alvarado, Pullaro había encomendado la búsqueda del prófugo a un hombre de confianza: Maximiliano Bortolotti, entonces jefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). En esos días surgió la posibilidad de dar con el paradero de Alvarado, sobre quien a raíz de la intervención telefónica a un celular de su pareja (Rosa Capuano, condenada por integrar la asociación ilícita) se supo que podría estar en una ciudad de Córdoba.
«A Bortolotti le pedí que no informe a ningún superior, que vaya con vehículos civiles por si hubiera algún tipo de información sobre vehículos oficiales. Que lo mantenga en máxima reserva», recordó en su declaración Pullaro, que solo compartió la información con el entonces gobernador Miguel Lifschitz y el secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra. «Nuestra preocupación era que esta organización pudiese tener miembros de la policía informando dentro del grupo criminal», agregó el ex ministro.
En ese contexto es que Pullaro argumentó el hecho de que pagó con fondos reservados de la provincia ese operativo casi secreto a partir del cual finalmente pudo darse con Alvarado. Fue en un camping de la localidad de Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba, donde una vez acorralado Alvarado corrió hacia un lago y arrojó su celular. No obstante, uno de los policías que integraba la comitiva se introdujo en el agua y logró recuperar el I-Phone.
Tras ello, dijo el ex ministro, “pedí al ministro de Seguridad de Córdoba que reforzara la protección de la comisaría donde estaba Alvarado porque era un preso peligroso y con posibilidad logística para fugarse”.
Por los mismos motivos por los cuales había solicitado hermetismo en cuanto a ese operativo, Pullaro autorizó que el aparato fuera enviado a Estados Unidos para ser inspeccionado cuanto antes por el temor a que su contenido se borrara con el paso de los días. «Creímos que había mucha información en ese teléfono, creíamos que se iba a poder desentrañar cómo funcionaba la organización, si había o no policías involucrados, que era la preocupación del gobernador porque nos había pedido depurar y jerarquizar la policía y tal vez había alguien vinculado a la Justicia», explicó. Y sostuvo que el propio jefe de la TOE fue enviado a Estados Unidos a una empresa especializada en el desbloqueo de estos aparatos, lo que terminó siendo clave para acceder a 4.500 mensajes de Telegram que tenía el dispositivo..
