Gustavo Ponce Asahad fue reimputado como miembro de una organización ilegal. Brindó nombres y pidió ser enviado fuera del Servicio Penitenciario provincial
El ex fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, quien está detenido desde el 4 de agosto acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo agravado por recibir dinero de un empresario que regenteaba una red de juego clandestino, fue reimputado ayer como integrante de una asociación ilícita de la cual no solo admitió haber sido parte sino que también, dijo, “participaban otras personas vinculadas a la estructura del Estado” provincial. Asimismo, el ex funcionario judicial solicitó que ante sus dichos se resguarde su seguridad y en ese marco pidió ser trasladado a otro lugar de detención por fuera de las dependencias del Servicio Penitenciario santafesino ya que se siente “amenazado y amedrentado”.
Los primeros días de agosto, en el marco de una investigación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Gisela Paolicelli, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra junto a la actual fiscal regional María Eugenia Iribarren, acusaron a Ponce Asahad de “diseñar y ejecutar”, con la participación del destituido y también detenido ex fiscal regional Patricio Serjal, “un plan delictivo para recibir dinero” del empresario Leonardo Peiti, acusado de regentear una red de juego clandestino on line y en salas presenciales. A cambio de ese dinero, señalaron los fiscales en aquella oportunidad, los funcionarios judiciales se comprometían a “transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso como así también retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti”.
En esa misma audiencia, presidida por la jueza Eleonora Verón, también fue imputado el empleado de la fiscalía Nelson Ugolini, quien transita el proceso en libertad. A ambos les achacaron ser coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados y cohecho pasivo. Al fiscal como coautor y al empleado como partícipe primario de las maniobras.
Sin embargo, en aquel momento Ponce Asahad prefirió mantener el silencio y no declaró. Pero algo pasó en los últimos días y el ex fiscal pidió ser escuchado. Eso ocurrió ayer en el Centro de Justicia Penal cuando los fiscales y la misma jueza Verón recibieron al ex funcionario y escucharon su descargo durante poco más de cuatro horas.
Según lo dicho por los fiscales tras la audiencia, “Ponce Asahad reconoció haber participado de todos los hechos que se le imputaron, admitió haber recibido dinero del empresario Peiti y detalló la función que dentro de la organización criminal cumplió Patricio Serjal, quien fuera su jefe como fiscal regional y del cual recibía todas las órdenes”. Además, dijeron, “mencionó los nombres de personas que están en otros estamentos del Estado santafesino y que eran parte de la organización”, sin especificar a quién o quiénes se refirió.
Ante ello los fiscales pidieron a la jueza que en virtud de la gravedad institucional de la declaración hecha por Ponce Asahad una copia del acta, el audio y el video de la audiencia de ayer sean remitidos a las dos cámaras de la Legislatura provincial, donde ya funciona una comisión de seguimiento de la investigación, y a la Corte Suprema de Justicia santafesina con el fin de que se revise su contenido.
Sobre el tema el fiscal Schiappa Pietra manifestó que por el momento “vamos a resguardar parte de los dichos y de los nombres esgrimidos por Ponce Asahad porque debemos analizar en profundidad sus declaraciones, revisar la información aportada y ver cómo avanzamos”. Lo que sí confirmó, es que “como sostuvimos desde un principio creemos que estamos ante una red mayor a la que suponíamos y por eso seguramente serán más las personas involucradas e imputadas, aunque para ellos debemos esperar a tener las pruebas”.
“Estamos colectando nuevas y distintas evidencias y avanzando en distintas investigaciones sobre el juego clandestino en la provincia y el destino del dinero que ese negocio tuvo”, dijo el fiscal Luis Schiappa Pietra en una conferencia de prensa que brindó junto a Matías Edery tras la audiencia. Y remarcó que “de hecho ya hubo allanamientos por la misma causa y en otras conexas que estamos investigando”.
Los fiscales recordaron que la fecha de inicio de las actividades de la asociación ilícita de la cual Ponce Asahad ahora confesó haber sido parte fue “noviembre de 2018, que es cuando el empresario Leonardo Peiti asumió haber tenido la primera reunión con el acusado y en la cuál éste le exigió dinero para mantenerlo al tanto de posibles causas que se estuviesen investigando o se abrieran en su contra”. Y se extendió hasta el 24 de julio último cuando se reunieron en una cochera de Jujuy al 2300 el abogado de Peiti con el mismo Ponce Asahad.
Al respecto, los fiscales detallaron que el 17 de junio Serjal estuvo en el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y tomó conocimiento de la pesquisa en curso sobre la asociación ilícita integrada por el ex policía Alejandro Torrisi, el fallecido David Itatí Perona y el ex fiscal adjunto y le informó de ello a Peiti, quien aparecía entre los sospechosos por lo que envió a Ponce Asahad a hablar con él y le exigió 100 mil dólares para evitar que la causa prospere.
También Ponce Asahad se reunió con Peiti en bulevar Oroño y Mendoza en diversas oportunidades y recibió el dinero acordado.Lo mismo ocurrió en 2019 previo a su viaje a Italia, cuando le requirió al empresario dinero extra para poder realizarlo y éste le entregó euros y dólares equivalentes a dos de los pagos mensuales que entregaba. En otra reunión realizada el mediodía del 9 de julio en el pasaje Rosales y a metros de su vivienda, Ponce Asahad le pidió a Peiti 10 mil dólares, entrega que se hizo horas más tarde en la Sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario de Dorrego al 1200.
La causa que tiene a Ponce Asahad como imputado implica también a los mencionados Patricio Serjal, Leonaro Peiti y Nelson Ugolini. Además fue investigado el recientemente fallecido David Itatí Perona, considerado “El rey” del juego clandestino en Rafaela; y el ex policía Alejandro Torrisi, detenido al salir de un garito de Villa Gobernador Gálvez el 20 de julio pasado con 80 mil pesos en su poder y quien el 7 de septiembre firmó un proceso abreviado a 3 años de prisión condicional como miembro de la asociación ilícita.
Para los fiscales, el objeto de esa asociación fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas efectuadas por medios electrónicos sin contar con la autorización de las autoridades, y en la cual cada integrante cumplía distintos roles.
La organización, dicen los fiscales, era liderada por Peiti y Serjal mientras que el resto participaba en carácter de integrante y conforme el rol que se les asignó a cada uno. Además explicaron que la actividad se desplegó en toda la provincia, pero específicamente en Rosario, “asiento principal de los negocios y residencia de los organizadores”, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Gálvez.
En ese marco, “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones, omitieron perseguir penalmente los delitos y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
Finalmente la jueza Verón dispuso medidas de seguridad para Ponce Asahad y ordenó su traslado a dependencias fuera del Servicio Penitenciario provincial, además de impulsar una causa para investigar los datos aportados por los fiscales sobre supuestas amenazas contra la vida del personal del Ministerio Público de la Acusación ligado a la investigación del juego clandestino en la provincia.
