Por segunda vez en los casi dos años que lleva en el cargo, se intentará destituir al defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, esta vez por decisión casi unánime de los senadores provinciales de todos los partidos, que ayer presentaron un escrito solicitando formalmente que se lo someta al proceso de remoción.
Aunque 17 de los 19 senadores —tanto de las distintas vertientes del PJ como de los diferentes partidos que integran el Frente Progresista— firmaron el pedido, se aclaró que quienes reclaman la destitución son en rigor 18.
«La senadora Cristina Berra no firmó porque no estuvo ayer pero hizo llegar su adhesión», aclaró el senador radical Lisandro Enrico, encargado de fundamentar en la sesión de ayer la presentación de la nota. El único que no la firmó fue el senador por el departamento Garay Ricardo Kaufmann.
La iniciativa busca lograr la reunión de la Comisión Bicameral de Juicio Político para dar inicio al proceso de destitución, que —en caso de decidir conforme el deseo de la mayoría de los senadores— pondría fin a la más sonada historia de confrontación pública entre un funcionario judicial del sistema penal provincial tanto con la Corte como con el Ejecutivo.
La más reciente incursión del controvertido funcionario fue en febrero pasado, cuando desde su cuenta de la red social Twitter afirmó que el prestigio del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, «se deteriora no solo a través de su lenguaje ininteligible, vago y bajo. (…) ¿Los puños de las camisas rotas no les parece? Digo, un presidente de la Corte vestido así no colabora a mejorar la imagen deteriorada de la Justicia».
Anteriormente había aludido irónicamente al «turismo judicial» en referencia a viajes de Gutiérrez y su esposa.
«Se trata de una acumulación de hechos en los que el doctor Ganón ha venido incurriendo, y por eso 18 senadores estamos pidiendo su remoción por mal desempeño como titular del Servicio Público de la Defensa», afirmó Enrico, quien enumeró algunas de esos hechos: «Mal desempeño, peleas con jueces de la Corte, intervenciones indebidas en juicios particulares, poco interés en colaborar con el nuevos sistema procesal penal y su impropia asistencia a actos partidarios».
La comisión bicameral —integrada por diputados y senadores— deberá dar curso o desestimar el pedido. Dado que casi todos los senadores firmaron la nota, se sabe que al menos la mitad de los miembros de la comisión optan por iniciar el proceso de destitución. Restará saber qué postura predominará entre los diputados para determinar qué pasará en esta instancia.
No obstante, la comisión tiene seis meses para tratar y expedirse. Si antes o al cabo de ese plazo decidiera dar curso a la solicitud porque entiende que hay elementos contra el defensor general (luego de haber escuchado su defensa), la comisión deberá entonces instar a la reunión de una sesión conjunta de ambas Cámaras —para lo que el quórum se requiere en cada cuerpo: al menos 31 diputados y 11 senadores presentes— con el objetivo de votar la remoción.
Fuente: La Capital
