Declaró virtualmente, vía zoom, al igual que su ex viceministro Germán Montenegro y una asesora del Organismo de Investigaciones. Otros cinco lo hicieron de forma presencial. Las audiencias se realizaron en el MPA sin presencia de público ni de la prensa.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, imputaron este miércoles a 8 personas, acusados de haber utilizado recursos del Estado santafesino para perfilar a personas físicas y jurídicas sin que existiera requerimiento judicial, utilizando fuentes abiertas y cerradas, públicas y privadas sin control de legalidad,
Marcelo Saín fue imputado por varios delitos, entre ellos espionaje, violencia institucional, peculado, destrucción de documentación y eventual uso indebido de fondos -en condición de jefe de una asociación ilícita de la que participaron también su ex vice ministro de Seguridad Germán Montenegro, Agustina Moulins (ex funcionaria del Organismo de Investigaciones). Estos tres comparecieron de forma virtual, por medio del zoom por pedido de su abogado, el letrado rosarino Hernán Martínez. Los otros cinco, todos representados por el ex ministro de Justicia del ex Gobernador Bonfatti, Juan Lewis, comparecieron de forma presencial. Ellos son: Nadia Schujman (quien estuvo a cargo de la Secretaria de Control), Diego Rodríguez (segundo de Schujman en el organigrama del ministerio de Seguridad), Milagros Bernard (una asesora del Organismo de Investigaciones), Pablo Alvarez (ex subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad) y Débora Cottichini (ex jefa de Inteligencia Criminal – Zona Sur del Organismo de Investigaciones).
La causa comenzó a mediados del año pasado por una denuncia de Víctor Moloeznik, subdirector del Organismo de Investigaciones, quien relató una serie de hechos graves dentro del órgano técnico del MPA en la gestión de Saín. La investigación tuvo un momento importante hace un año cuando los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos allanaron la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe.
Los fiscales Grinberg y Hernández le adjudicaron a Saín el rol de jefe de una asociación ilícita, mientras que a Coticchini y a Schujman les adjudicó el de organizadoras. Al resto se les imputó haber sido miembros de la misma empresa criminal.
Saín declaró en forma virtual, de la misma forma seguían su alocución y defensa los abogados representantes de las querellas. Uno de ellos, el actual Fiscal de Estado, no ocultó su sorpresa cuando el ex ministro dijo que «el Gobernador estaba al tanto de todo lo que se gestionaba desde el ministerio en la lucha contra el crimen organizado, en esa estrategia política de lucha contra la criminalidad compleja (…) no voy a ventilar los audios que tengo con el Gobernador, para eso están ustedes», le dijo el ex ministro a los acusadores, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Zona Critica en base a consultas con quienes estaban siguiendo esa declaración. Lo impactante, se señaló, fue el rostro de Weder ante la frase. El Fiscal de Estado ha defendido la gestión de Saín ante la justicia y puertas adentro, al punto que ordenó un sumario que llegó a la conclusión que no había habido espionaje ilegal en la gestión de «El Turco».
Para los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos el staff conducido por Saín utilizó bienes, logísitica y recursos del Estado para montar una estructura que llevó adelante producción, recolección y almacenamiento de información de personas físicas y jurídicas sin autorización de un juez o un fiscal. Como una referencia palmaria de ello se sostiene que: «…al menos, a partir del 30 de diciembre de 2019, la asociación ilícita se dedicó a obtener
información, producir inteligencia y almacenar datos sobre Maximiliano Pullaro y su entorno familiar y político, por el sólo hecho de su pertenencia político-partidaria. En este marco se obtuvo y produjo información respecto de Maximiliano Pullaro, sus 8 hermanos Damián y Martín, su exsecretario privado Daniel Roberto Di Lena, su Secretario de Seguridad Pablo Cococcioni, la empresa Grupo Printing (que los imputados consideraron vinculada a Damián Marcelo Pullaro), María Giordano Sottimano y Manolo Contini (que serían propietarios de dicha empresa), Alfredo Contini (padre de Manolo), Digital Consumos, Viedma S.R.L. y personas definidas como “íntimos” de Maximiliano Pullaro, tales como Juan Andrés Sánchez, Gustavo González y Julia Tonero. Para ello requirieron información a miembros del OI que
conocían a personas del entorno de Maximiliano Pullaro (como Laureano Brufal y Facundo Bonboni), y accedieron a fuentes tales como: Desarrollo Social, Nosis, Migraciones, Dateas y Sudamericadata. También obtuvieron fotografías de Maximiliano Pullaro de redes sociales y medios de comunicación. A partir de la información así reunida, se confeccionaron al menos los siguientes informes de inteligencia: a. “Historia política de Pablo Cococcioni”; b. el documento denominado “designaciones”, que habría sido elaborado el 30/12/2019 y fue hallado en poder de Maximiliano Novas el 26/11/2021; c. Un “informe reservado” dedicado a Damián Pullaro y el Grupo Printing» (…) Esta información fue utilizada por los integrantes de la asociación ilícita en el marco de una disputa política que mantenían el entonces Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe Roberto Mirabella y el Diputado Provincial Maximiliano Pullaro, procurando así influir en la situación política provincial, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos y en la opinión pública», señalaron los Fiscales.
«HAY QUE RASCAR A FONDO»
Otro de los carpetazos descripto por los fiscales fue el que le confeccionaron al Secretario General de UPCN, Jorge Molina, a quien, desde el del 12 de febrero de 2020, Débora Cotichini y Pablo Álvarez dictaron a
sabiendas una orden contraria al derecho al instruir arbitrariamente a dos pesquisas del Organismo de Investigaciones para que obtengan información y realicen informes de inteligencia respecto del Secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge Ernesto Molina, por el sólo hecho de su pertenencia sindical. Para ello se obtuvo información del propio Molina (y personas con nombre similar) y de personas y empresas que se consideraron de su entorno. Entre ellas: su pareja, sus hijos, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, sus padres, un supuesto socio llamado Humberto Paladini, también de Augusto Borlle (titular de FM Sol), Andrés Rodríguez, Rolando Baragiola y Juan José Saleme (actual concejal). También se perfilaron a personas jurídicas, tales como Casiraghi S.A., Viñas del Trébol S.A., Proyectos Urbanos S.R.L., Inversiones Hoteleras S.R.L., Cicars S.R.L., Tylan S.R.L., Espejo de Agua S.A., Probanc S.A, Virazon S.R.L., Dique Dos S.A., Club Marinas Puerto Santa Fe, Hotel Hernandarias S.R.L., Unión del Personal Civil de la Nación, Mutual del Personal Civil de la Nación y Caja de Previsión de los Agentes Civiles del Estado, AGB S.A., Denim Group S.R.L. y Margot S.R.L.. La información obtenida de tales personas incluye: nombre y apellido; CUIT, CUIL o DNI; edad; 16
domicilios; teléfonos; parentesco o relación con Jorge Ernesto Molina; actividades económicas; cargos que eventualmente desempeñan o desempeñaron; deudas; inmuebles a su nombre; vehículos que hayan poseído a su nombre; fechas de constitución de las empresas, socios y cantidad de empleados; actividad principal desarrollada por las empresas; informaciones relacionadas en medios de comunicación; fotografías; antecedentes comerciales; antecedentes crediticios; etc. Al dar tal orden, Débora Cotichini indicó expresamente a Laureano Brufal que indague en redes sociales a fin de determinar posibles relaciones entre Jorge Molina y el Senador Provincial Armando Traferri. A su vez, Pablo Álvarez le indicó a una agente del O.I que utilice fuentes tales como el sistema de la EPE, Catastro, sistema de
legajos del MPA, Sudamericadata, AFIP, DNRPA, Migraciones y toda otra fuente con la que cuenten, para luego realizar “tareítas de calle”. Además, para la redacción de los informes de inteligencia se recurrió también a fuentes tales como Nosis, padrón electoral, portales de noticias, avisos fúnebres, BCRA y Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe. A partir de la información de esta manera obtenida se redactaron al menos cuatro informes: uno dedicado a Augusto Borlle; otro a Rolando José Baragiola; otro que vincula a Jorge Molina con el Club Atlético Unión de Santa Fe y analiza la carrera y adhesiones políticas de Juan José Saleme; y otro dedicado a Jorge
Molina, su entorno familiar y supuestos socios comerciales suyos y de sus hijos. Todo ello se produjo con el conocimiento y anuencia de Marcelo Sain y Esteban Germán Montenegro, quienes habilitaron que tal actividad sea desarrollada por personal directamente a su cargo en el Ministerio de Seguridad, disponiendo además de las oficinas públicas, su mobiliario, recursos (movilidad, telefonía, etc.), insumos, etc.»
Los fiscales también le reprocharon penalmente al grupo que acompañó a Saín haber destruído documentación, el haber hecho circular información reservada y haber dado órdenes contrarias a la ley para evitar muchos hechos de violencia institucional. Se menciona como ejemplo: «El 7 de febrero de 2021 Nadia Schujman (Asistente Técnica a cargo de la Secretaría de Control)
tomó conocimiento -a partir de un audio del abogado Fausto Yrure que le fue
reenviado- de que funcionarios policiales se encontrarían golpeando al menor de edad Dylan Cantero, quien había sido privado de la libertad momentos antes. Schujman anotició inmediatamente de ello al entonces Ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien dictó a sabiendas una orden contraria al derecho al instruirle “Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos”. Schujman asintió y cumplió la orden dictando a su vez una orden contraria al derecho al transmitir la orden ilegal del Ministro a la Directora Provincial de Asuntos Internos Mariana Olivieri. Inmediatamente, Schujman le precisó que su actuación debía consistir en decir “que
se autolesionó y que no lleguemos, que lleguemos tarde. Te imaginas”. Olivieri manifestó entender la orden y que la transmitiría a su vez a Ariel Montagner, Subdirector Provincial de Asuntos Internos»
También se investiga si Saín, Schujman y Rodríguez hicieron uso de fondos reservados para una utilización personal y en beneficio propio, de acuerdo a tres hechos descriptos en la imputativa en la que, por ejemplo, en uno de ellos se sugiere una distribución de dinero entre los tres.
