La resolución fue tomada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y ya fue comunicada a la Cancillería. Reclama también una “reparación” y una “investigación sobre la violación a los derechos”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno “liberar de inmediato” a Milagro Sala, cuya privación de la libertad consideró “arbitraria”. Entre otros argumentos, el organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades nacionales de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la dirigente de la organización social Tupac Amaru, que permanece encarcelada en Jujuy desde enero pasado, y acusó al Gobierno de entregar “argumentos dogmáticos”, en lugar de pruebas, para justificar su encierro. El organismo de la ONU, además, ordenó a las autoridades nacionales que concedan una “reparación adecuada” a Sala y que se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.
“La importancia de esta resolución no puede ser exagerada: es fundamental”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales que, junto a Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el equipo de defensores de Sala, radicó la denuncia que originó la respuesta conocida ayer. “Desde el momento en que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria, sin ninguna causa justificada, y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del Parlasur, todos estamos en peligro”, continuó el periodista en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede porteña del CELS, de la que participaron también el director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier y Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados defensores de Sala.
“Creemos y creímos siempre en la fuerza de las razones, de la verdad, de la Justicia. Lo que dice la resolución forma parte de los planteos que presentamos ante el Poder Judicial de Jujuy, que esta defensa considera adepto y disciplinado al poder político del gobernador Gerardo Morales”. Esto, afirmó “demuestra que Milagro Sala tiene una detención arbitraria y que por eso es una presa política”.
Los abogados y los organismos de derechos humanos denunciaron al Estado argentino ante la ONU por el caso de Sala en febrero pasado. La dirigente había sido denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos ilícitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar de un acampe frente al edificio de la Gobernación jujeña. El 16 de enero de este año fue detenida y, aunque dos semanas después recibió la excarcelación en esa causa, el Poder Judicial jujeño activó una seguidilla de investigaciones con las que la mantuvo en prisión. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del organismo internacional admitió la denuncia, solicitó informes al gobierno nacional y, en agosto pasado, definió una postura que finalmente fue comunicada el jueves al país. Además, señaló que “informará” al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre esta resolución, que no será debatida allí ni en ninguna otra instancia, sino que ya fue notificada al estado argentino.
El organismo internacional considera que la privación de la libertad de Sala es “arbitraria” ya que “se da como resultado del ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Menciona específicamente los artículos de esas declaraciones relacionados con la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación. En ese sentido, apuntó a la detención de Sala por acampar frente a la Gobernación provincial y recordó “la obligación que tienen los Estados de impedir que se lleven a cabo detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas y particularmente que no abusen de procedimientos penales en estos contextos”.
“El grupo llega a la conclusión de que la detención es arbitraria en función de que el Estado no pudo demostrar que estaba justificada”, señaló Chillier en la conferencia de prensa de ayer. En el documento, el organismo internacional plantea al respecto que “no fue convencido” de que los elementos legales para determinar que la prisión preventiva de Sala “se cumplieron conforme a la normativa aplicable”.
“Pareciera que uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la detención se basa en la gravedad del delito y no en las circunstancias personales de la persona sospechosa, particularmente del riesgo de fuga o de que pueda afectar pruebas”, continúa la resolución, en referencia a la prolongada prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru.
El grupo de trabajo señala que “pudo constatar” que a Sala “se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica por diferentes medios”. Además, acusa al Gobierno nacional de haber presentado “argumentos dogmáticos” que impidieron “que se pudiera constatar que se trató de una medida razonable”. También advierte que “fue convencido del uso indebido de la figura de la orden de la detención para privar de la libertad así como también de acusaciones consecutivas por el mismo poder judicial”.
“Pareciera que las acciones legales y procesales se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en diciembre (de 2015)”, apunta el informe, en el que se destaca la acción de jueces y fiscales que estaban de feria y que “iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia”. Por último, hace hincapié en la “inobservancia” del desafuero como condición previa para privar de la libertad a una legisladora. Sala es diputada del Parlasur.
“Ahora le toca al Estado Argentino cumplir”, consideró Verbitsky, quien señaló que la resolución de la ONU es “similar” a lo que el organismo internacional determinó en el caso de la detención de Leopoldo López, opositor al gobierno de Venezuela. “El Gobierno de Venezuela no ha respondido. Le toca ahora al Presidente Mauricio Macri responder. Después de meses de declaraciones en contra de Venezuela le toca a él demostrar que su conducta es distinta –continuó–. Después de meses de hablar del regreso de Argentina al mundo, le toca demostrar que ese regreso no es sólo para endeudarse sino también para responder ante organismos con los que el país tiene obligaciones.”
A diferencia de lo que aseguró el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (ver aparte), tanto el titular del CELS como la abogada de Sala remarcaron que la resolución del Grupo de Trabajo “no es una opinión, sino un requerimiento”. Y esperan que, tal como lo solicita la misiva, El Gobierno a través de Cancillería responda “a la brevedad” cómo y cuándo dejará en libertad a Sala, si va a indemnizarla o resarcirla de algún modo, y cómo, y si va a iniciar una investigación sobre la violación a sus derechos. El lunes, el CELS presentará una carta a la Cancillería consultando sobre todo esto.
