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Ex funcionarios de Vialidad Nacional van a juicio por fraude en la venta de terrenos

El fiscal federal Gustavo Onel elevo a juicio la causa contra ex funcionarios de Vialidad Nacional y dirigentes gremiales por fraude a la administración pública y falsedad ideológica

Según detalló la Fiscalía, la maniobra permitió enajenar dos fracciones de un terreno de Vialidad Nacional que fue donado al sindicato de dicha dependencia para la construcción de una sede social. Finalmente, mediante la falsificación de un documento público la propiedad fue permutada a una inmobiliaria por dos departamentos, incumpliendo “la expresa finalidad de bien público por el cual el inmueble se les había sido confiado”.

El titular de la Fiscalía Federal n° 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio oral y público de dos dirigentes gremiales, dos ex funcionarios públicos de Vialidad Nacional y una escribana  por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica de instrumento público, cometidos durante los años 2012 y 2013.  Se encuentran imputados por dichos ilícitos el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Séptimo Distrito Santa Fe, Marcelo José Bertolotti; el secretario adjunto de dicha entidad Miguel Ángel Vázquez; el entonces subgerente de Asuntos Jurídicos de dicho organismo Manuel Francisco Keumurdji; el administrador general de la Dirección de Nacional de Vialidad (entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015)  Nelson Guillermo Periotti, y la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi.

Según detalló la acusación, Vázquez y Bertolotti instrumentaron maniobras para lograr la transferencia en donación en favor del sindicato de dos fracciones de un terreno de propiedad de la Dirección de Vialidad, localizado en la Avenida Alem, entre las calles Sarmiento y Necochea de Santa Fe. Luego, Keumurdji y Periotti dictaminaron “favorablemente y sin objeciones a las donaciones requeridas”, suscribiendo el convenio de trasferencia en noviembre del 2012 en donde se establecía que el sindicato comprometía a utilizar la propiedad  “para construir en las tierras transferidas la sede sindical y alojamientos para los trabajadores viales del interior…”.

La pieza de requerimiento de elevación subraya que dicho “acto jurídico, significó, en rigor de verdad y tal como se desarrollará,  un tramo fundamental de la  ilegal disposición por parte de ambos ex funcionarios, de un bien perteneciente al Estado Nacional,  y de dominio público, el cual,  conforme la normativa administrativa y civil aplicable, ostentaba el carácter de ´inenajenable.”

Además, la fiscalía señaló que Bertolotti y Vásquez, con la participaron de Keumurdji,  falsificaron el documento del convenio de transferencia insertando una cláusula que establecía la posibilidad del sindicato de afectar el terreno a “figuras contractuales onerosas”, abriendo la posibilidad de una permuta o un alquiler.

Finalmente, la escribana pública Dechanzi instrumentó la escritura pública en el cual Bertolotti, Vázquez y Periotti, perfeccionaron “la transmisión del bien a título de donación” que permitió luego que los dirigentes sindicales concretaran en junio del 2013 un contrato de permuta con una inmobiliaria, con la cual intercambiaron dicho terreno por dos departamentos con cocheras ubicados en la Avenida General López y en la calle 25 de Mayo.  El valor de la operación  de permuta final se fijó en U$$400.000. El MPF señaló que dicha acción implicó el incumplimiento  de “la expresa finalidad de bien público por el cual el inmueble se les había sido confiado”.

La Fiscalía subrayó que las acciones de los imputados han implicado un “significativo fraude al erario público nacional”

Asimismo, la Fiscalía subrayó que las acciones de los imputados han implicado un “significativo fraude al erario público nacional, puesto que se encuentra palmariamente verificada la irregular salida de  su patrimonio de un valioso bien -que había sido adquirido por expropiación, previo pago de un precio indemnizatorio-, con destino, en definitiva, a un emprendimiento de naturaleza privada, sin que el Estado recibiera por ello contraprestación alguna; todo ello,  a través de distintos actos plagados de irregularidades y de la comisión de otros delitos penales contra la fe pública.”

Finalmente, la Fiscalía solicitó al juez de la causa que se haga saber al municipio local que la medida cautelar de no innovar oportunamente ordenada respecto del inmueble se encuentra plenamente vigente; “…ello a fin de no conculcar el eventual ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponder por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, en orden a retrogradar la situación jurídica de los bienes involucrados al status quo que ostentaban con anterioridad a los hechos de la causa”.

Imputaciones

A Bertolotti y Vázquez se lo acusa por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos, y falsedad ideológica de instrumento público.

Sobre Dechanzi recayó la figura de falsedad ideológica de instrumento público y  fraude en perjuicio de una administración pública. Mientras que a Keumurdji se lo imputa por falsificación  de instrumento público y fraude a una administración pública.  A Periotti se lo señala por este último delito, en calidad de autor.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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