Para los investigadores, la acusación formal estará lista en los primeros días de marzo. Hasta el momento es muy alta la colaboración de fiscales provinciales y federales que respondieron el requerimiento de Hernández y Jiménez. La compra frustrada de armas y una cercana relación con la DEA.
En los primeros días de marzo estará cerrada la parte medular de la acusación de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández en las causas donde se investigan dos hechos concretos: la frustrada compra de armas a un Grupo Empresario y la recopilación de información sobre personas físicas o jurídicas sin autorización legal. Hasta el momento, se respondieron el 98% de los oficios de los investigadores a sus pares -provinciales y federales – solicitando información sobre un universo de más de 600 personas perfiladas por los funcionarios principales de Marcelo Saín mientras fue ministro de Seguridad. Más del 80% de esos perfilamientos se habrían realizados sin el sustento legal, ya sea por pedido de un fiscal o de un juez. Algo totalmente impedido por la ley de inteligencia argentina, que prohíbe la recolección, producción o almacenamiento de datos sobre personas sin orden jurisdiccional y sin importar el destino de la información. Hacerlo, es el delito. Por ello, el ahora colaborador del ministro Aníbal Fernández recibirá una acusación como miembro de una asociación ilícita.
Los imputados tendrán la oportunidad de responder, por ejemplo, por qué (casi) todos los grupos empresarios del rubro de la salud fueron perfilados. Se destacan dos ausencias en esas consultas: el del Grupo Tita y el Sanatorio Santa Fe, de la familia Rodríguez Sañudo. Tal vez, en este último caso haya sido importante la relación de amistad construida en poco tiempo entre el ex creador de la PSA y uno de los socios del conglomerado médico. Se conocieron en el cumpleaños de un diputado del peronismo, realizado en la quinta de los dueños del prestigioso sanatorio en Sauce Viejo, una fastuosa casona frente al río Coronda.
Los imputados también deberán explicar por qué husmearon – según las hipótesis de los fiscales – en bienes o información reservada de abogados, políticos, actuales legisladores y ex compañeros de gestión en el ministerio, como es el caso de Jorge Fernández (hijo), uno de los funcionarios de esa cartera con mejor relación con los otros poderes y respetado por propios y ajenos al PJ.
Se han publicado en Zona Crítica otras notas vinculadas al tema, pero los datos suspicaces aparecen con frecuencia. Por ejemplo, al actual diputado Nicolás Aimar se lo perfiló luego de conocerse (o recordarse) que era el sucesor de banca del fallecido Miguel Lifschtz. El legislador, hombre clave de la estructura del socialismo en el centro norte, le robaron una computadora personal en extraño suceso. Tiempo después, en otro inexplicable hecho, robaron la notebook que habitualmente era la PC de la presidencia de Diputados. La sustrajeron de una oficina anexa al palacio legislativo en la que ingresa utilizando un chip y no una llave común. Probablemente sea una casualidad.
En los próximos días, si no se hizo ya al momento de publicarse esta nota, se enviará otro listado de posibles víctimas a fiscales federales o de la provincia para que se informe si alguno de ellos están bajo investigación formal. Entre los más retrasados en aportar información, tal vez por el cúmulo de trabajo que impone su despacho, es el fiscal subrogante de Rosario, Claudio Kishimoto, quien supo tener sintonía fina con la gestión de Saín.
Del listado que trascendió en los medios en enero, alrededor de 30 recurrieron a la Fiscalía a cargo de la pesquisa para solicitar información y evaluar la posibilidad de la querella. Entre ellos abogados, legisladores, empresarios y ex funcionarios. A todos los fiscales les negaron el legajo. “Dijeron que podrán hacerlo una vez que se conozca la imputación”, reconocieron dos de ellos a este medio. El que sí fue admitido como querellante fue el Estado santafesino. “La decisión de Perotti está emparentada al comunicado de la Unión Industrial en enero pasado, cuando circuló el listado de posibles espiados y aparecían varios socios de Fisfe. Ahí Omar le dio instrucciones (al fiscal de Estado) Rubén Weder para constituir la querella”, comenta en off un alto funcionario. Al día siguiente del anuncio de constitución de querella un funcionario del MPA le consultó a un hombre de confianza del Fiscal de Estado:
-Tenés claro que ser querellante es ser colaborador de los fiscales y no un palo en la rueda…
-Si.
-¿Qué van a hacer cuando los fiscales pidan medidas cautelares restrictivas? ¿Van a acompañar?
-No tenemos otra…
El funcionario de Perotti retrucó:
–¿Hay algo que ligue la causa con el Gobernador?
-No. No hay ligamen jurídico penal hasta el momento.
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández imputarán también el mismo día que desplieguen la investigación por espionaje, la pesquisa sobre la compra frustrada de armamento de la gestión Saín. Causa que tiene sus propios bemoles.
Una buena gestión entre un Turco y un Paisa
Marcelo Saín, Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad) y Maximiliano Novas (ex secretario Administrativo) serán imputados por haber privilegiado, supuestamente, al Grupo Patagónico en la licitación por compra de armamento –principalmente de pistolas – a principios de la gestión, por un monto de 1.400 millones de pesos. Para los fiscales hay más que una mera probabilidad para considerar que los entonces funcionario del ministerio armaron un pliego a medida del grupo liderado por el “Ruso” Fabián Menajovsky, un comisionista de armas que falleció en 2020 víctima del Covid, de quien se sospechada era un lobbista de los organismos de inteligencia de Israel. Una prueba de ello era la precariedad que exhibía su oficina allanada, atendida por una de sus hijas. Las gestiones con el grupo la llevaron adelante Montenegro y Novas, ex cuñado de Saín, quien reemplazó a poco de comenzar la gestión, a Ana María Morel quien, por esas vueltas de la política, hace poco retornó a ése área del ministerio con Jorge Lagna. Morel, una contadora de carrera responde al gran universo de confianzas construido por Oscar Baggioni, el presidente del Tribunal de Cuentas. Pero también es muy cercana al obeidista Walter Agosto. Cerrando ése paréntesis de referencia, se recuerda que, antes que el Grupo Bersa S.A presentara una observación de la licitación de armas en la justicia contencioso administrativa, el propio ministerio de Economía y la Fiscalía de estado habían dictaminado en contra del proceso licitatorio, por considerar que se violaban artículos de las ley de licitaciones de la provincia.
En este entramado, los fiscales creen que fue clave el rol de Novas que protagonizó un evento muy particular en uno de los días en el que Organismo de Investigaciones registró las oficinas del ministerio de Seguridad en Santa Fe. Fue el último lunes de noviembre del año pasado. Aún seguía la conmoción por los allanamientos del viernes anterior donde se secuestraron bolsas de papel triturado y documentación variada. Pero ese lunes aún faltaban algunas diligencias en las oficinas de la capital provincial. Una empleada jerarquizada había aportado el dato que, posiblemente, Novas había reseteado la computadora que usaba y la información podría haberse perdido. Con esa información los fiscales ordenaron requisar la oficina en Santa Fe del hasta hace poco secretario Administrativo del ministerio (en el que maneja “la caja”, dicho en términos coloquiales). Cuando llegó un funcionario del Organismo de Investigaciones detectó a una funcionaria del área y a un hombre dentro de la oficina. “Pasé a saludar”, se justificó, mientras en un attache pretendía guardar unos documentos. La maniobra fue advertida por uno de los agentes del Organismo que llamó a un superior para relatarle en tiempo real el episodio. Del otro lado se describió a una persona con ciertas características físicas. – Sí, es así, comentó medio nervioso el agente. – Preguntale cómo se llama, insistió el superior.
–¿Me puede decir su nombre?, dijo entonces el detective sin soltar el móvil y aún en línea
–Novas. Maximiliano Novas.
Del otro lado la voz fue imperativa: “No puede llevarse nada, deben secuestrarle el maletín”. Algunas fuentes consideran que, en ése portafolios, había elementos de gran valor.
La acusación por la licitación –aparentemente – a medida del Grupo Patagónico es por tentativa de defraudación a la administración pública y podría estar asociada a la de negociaciones incompatibles. “Es característico del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la confusión de intereses públicos y privados en el examen de las conductas de los funcionarios. Ello se demuestra, al confrontar los distintos informes y dictámenes que permiten , válidamente, concluir que quienes lo suscribieron representaban más bien a los intereses de de una empresa co contratante de una entidad pública estatal. Es que la figura prevista por el artículo 265 del Código Penal, en tanto apunta al funcionario público que desdobla su personalidad y, a la par de representar al Estado, actúa como parte interesada”, señala la norma que, incluso, expresa que el delito se ejecuta aún cuando no hay perjuicio para el Estado. Este tipo penal fue discutido en el Congreso en el 2007 luego del escándalo en las licitaciones en las que el entonces ministro de Planificación Julio de Vido, entre el 2006 y 2008 favoreció a la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Un favor para los gringos
Un audio enviado por una empleada jerarquizada del Organismo de Investigaciones en la gestión de Marcelo Saín como ministro, pero que le reportaba sobre varias causas como si se tratara de una misma agencia, podría ser incorporado en la audiencia imputativa por los fiscales. Ese audio de WhastApp está incorporado en la presentación administrativa en donde se denunció a Débora Cotichini por tráfico de información y violación de secreto a mediados de 2021. En esa oportunidad se abrió un sumario y se suspendió a la funcionaria, a quien varios señalaban como mano derecha de Saín en Rosario. El audio daría cuenta de una comunicación entre la funcionaria jerarquizada y una analista del Organismo de Investigaciones en donde la primera le pide a la subalterna que elabore un informe breve sobre el estado de la causa de las SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas) y su vínculo con la avioneta narco que descendió en Naré, San Justo, en 2020 y que, para la justicia federal, contenía drogas que estaban bajo el dominio de Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, ambos aun prófugos de la justicia. En el audio la funcionaria le habría manifestado a la empleada que el informe era para que “una de las autoridades importantes del ministerio de Seguridad de entonces presentara a la DEA (la agencia “antidrogas” de los EEUU) como señal de agradecimiento por los datos aportados por los gringos en esa causa”. La empleada que recibió el audio no formaba parte del equipo designado por la Sección de Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones que colaboró con el fiscal federal Walter Rodríguez en la investigación. En esa pesquisa, la Fiscalía puedo establecer con dinero narco se crearon sociedades fantasmas para lavar dinero con colaboración de distintos eslabones, entre ellos personas ligadas a la banda de Los Monos.
Sería conveniente aclarar si ese informe se realizó, si fue remitido a la DEA por una agencia del Estado santafesino y si, lo más importante, si tuvo conocimiento y otorgó autorización para remitirlo quien tenía delegada la investigación.
La causa por drogas que se ramificó luego hacia las SAS , se abrió a partir de la denuncia que hizo el ministerio de Seguridad en marzo de 2020 a partir de una información aportada por la DEA. Así consta incluso en el expediente. Cuando el ex ministro fue consultado por el autor de esta nota sobre el rol de la agencia norteamericana con la gestión local señaló que “había un convenio recíproco de colaboración que él mismo había gestionado y que no se había sellado en la embajada de los Estados Unidos”. Ese convenio, por los menos después de varias consultas oficiales realizadas para esta crónica, no estaba protocolizado como tal dentro del ministerio de Seguridad.
Fuente: H.M.G
