En febrero de 2020, dos personas que respondían directamente a Marcelo Saín ordenaron a analistas del Organismo de Investigaciones «perfilar» al secretario general de UPCN, Jorge Molina. Uno de ellos propuso hacerle además «tareítas de calle». Los audios.
La semana pasada se llevó adelante una audiencia de constitución de querellantes en la causa donde se investiga a Marcelo Saín y a su staff en maniobras delictivas vinculadas posiblemente al espionaje ilegal. El proceso fue dirigido por el juez Gustavo Urdiales, quien prestó en más de una ocasión, más atención a su celular que a los fundamentos de las partes, al punto que fue advertido por uno de los fiscales que interrumpió su relato por doce segundos para llamar la atención del magistrado.
En la audiencia se discutió si debían ser admitidos como querellantes en la causa – en la que aún no se llevó adelante la audiencia imputativa- el gremio local UPCN y el abogado rosarino Jorge Bedouret, en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal durante la gestión del primer ministro de Seguridad de Perotti.
La audiencia duró casi una hora y media y tuvo momentos tensos, además del ya referenciado silencio del fiscal Ezequiel Hernández durante su alocución, luego de advertir el desinterés del juez Urdiales, que se había abstraído con su celular. Bedouret y el abogado de UPCN, Ignacio Alfonso Garrone, defendieron el ingreso al proceso, mientras que el abogado Daniel Cullarés – socio del ex ministro de Justicia de Antonio Bonfatti, Juan Lewis – esgrimió su oposición.
Bedouret, por ejemplo, sostuvo que fue investigado por haber patrocinado y asesorado a un grupo de policías que en 2020 se manifestaron frente a la Regional Rosario de la policía por diversos motivos reivindicatorios del trabajo en el servicio de seguridad. Hernández corroboró los dichos del abogado y mostró un «informe reservado» realizado en la gestión de Saín, en la que se ahondó sobre su vida privada y su participación en la política.
La Caja del heredero
Alfonso Garrone dijo, en su rol de representante del gremio estatal, que la víctima «fue el sindicato» y señaló una serie de situaciones en donde se afectó a la figura de su representante máximo. Cullarés intentó justificar dos ingresos a bases de datos para obtener información de Jorge Molina, ambos fueron registrados el 14 de febrero de 2020, uno desde la clave MIN 473 y otro desde MIN 890. Cullarés quiso defender la legalidad de esos perfiles en la idea que, «era de público conocimiento» que el fiscal federal Walter Rodríguez estaba investigando a sindicalistas vinculados a UPCN en la causa por el crimen de (Hugo) Oldani – ocurrido el 11 de febrero de 2020 en Santa Fe. Más allá de la salvedad que, en la justicia federal, no se investigó el homicidio sino la intermediación cambiaria no autorizada, lo cierto es que nunca se investigó en ésa sede penal ni a Molina ni a su socio político y económico Augusto Borlle, también perfilado. Alfonso Garrone quedó sorprendido por la frase de Cullarés referida al «público conocimiento» de esa relación entre la «cueva» de Oldani y UPCN. «Busqué en google, que es la fuente pública donde estoy autorizado a ingresar y no hay ni una sola referencia a ello, a que el gremio esté involucrado», retrucó.
Hernández destacó que en dos ocasiones, dos ex funcionarios de Saín, uno en el ministerio y otro en el Organismo de Instigaciones se interesaron en husmear en la vida, los bienes y las cuentas de Molina. La primera de ella fue Debora Cotichini, la ex Jefa del Área de Inteligencia Criminal en el O.I y mano derecha de Saín. El 14 de febrero del 2020 le envió un audio de Whast App a un analista del Organismo:
“…hoy es el heredero de Maguid en la caja de UPCN, no hace falta que te lo explique a vos Laureano porque lo tenés recontra claro, pero me parece que no es un vínculo menor, así que yo lo sumaría en todo este mapa político que tenemos, que ahora saltó por el quilombo este del homicidio en Santa Fe… pero bueno, nosotros podemos, por lo menos tenerlo ahí , como un actor a relacionar con todo este entramado de Santa Fe”
El 19 de febrero, es decir 5 días más tarde, Pablo Álvarez, ex Secretario de Investigación Criminal del ministerio de Seguridad también le pedía algo similar, pero a una funcionaria del ministerio:
“..hay que rasquetear todo, todo, bien profundo a Molina, pero bien profundo … todo lo que tengamos, agotemos todas las bases, habidas y por haber, vamos a rastrear todo y después, una vez que rastreemos todo, vamos a hacer unas ‘tareítas de calle’, pero primero necesitamos toda la información habida y por haber de él, todo..sistema EPE, Catastro, el sistema de legajos, Sudamerica, Afip, DRPA , Migraciones…todo, todo lo que tengamos, agotemos todos los cartuchos ahí”
Alvarez incorpora un dato perturbador en su expresión «tareítas de calle«, en donde hace referencia a una segunda manera de espiar: el seguimiento personal ilegal, totalmente prohibido por la ley de inteligencia si no se cuenta con un oficio legal de un juez. Algunos investigadores dan por cierto estas difusas tareas e, incluso, sugieren quiénes eran los encargados/as de llevarlas adelante. Más de un testigo en la causa aportó nombres propios. Por ahora, los fiscales no hablan en público de ese tipo de maniobras.
Otro dato revelador lo aportan las fechas de las consultas con claves oficiales y de los audios vía Whast App: todo ocurrió entre el 14 y el 19 de febrero, apenas unos días después del crimen de Oldani en la galería Rivadavia. En ese tiempo sólo el MPA investigaba, un homicidio, en manos de una fiscal híper sospechada, Cristina Ferraro. Lejos estaba la intervención federal en la derivación financiera que tuvo el crimen. Recién en julio recibió la denuncia la fiscalía a cargo de Walter Rodríguez. Por lo tanto , ni flaco fue el argumento del abogado de un grupo de investigados cuando planteó que las consultas y el interés por perfilar al gremialista se inscribía en un auxilio a la pesquisa federal.
Autor: H.M.G
