La audiencia sirvió para que los fiscales argumenten el pedido de extender los plazos para seguir investigando y consolidar la acusación. Quedan por delante las audiencias imputativas y de medidas cautelares.
La investigación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez comenzó en agosto de 2021 a partir de una serie de testimonios de analistas del Organismo de Investigaciones que denunciaron una serie de maniobras de consultas en base abiertas, cerradas, públicas y privadas sin aparente control legal – por pedido de un juez o fiscal – solicitado por las autoridades que gestionaban el ministerio de Seguridad de Santa Fe, con Marcelo Saín a la cabeza.
Los fiscales fueron corroborando, según informaron, los dichos de los denunciantes con las respuestas a los oficios que fueron enviados a dependencias provinciales y nacionales, en donde se pedía información oficial sobre el ingreso a bases que contienen información sensible con claves especiales que estaban en poder el ministerio de Seguridad.
A Finales de diciembre del 2021 los fiscales allanaron las oficinas del ministerio en Rosario y Santa Fe, incluso con la presencia de los fiscales Hernández y Jiménez. Allí secuestraron información sensible y muchísima información destruida y triturada que fueron resguardadas en una decena de bolsas grandes. En diciembre, Saín y gran parte de su equipo fueron notificados que estaban siendo investigados por el posible delito de espionaje o inteligencia ilegal.
