Lo dijo la titular del movimiento María Laura Garrigós de Rébori. También señalaron que el actual código penal «está desarticulado, con penas incongruentes y un desparramo de normas penales en distintas leyes». Críticas a la campaña de Massa.
Justicia Legítima llegó ayer a Rosario con el objetivo de ser parte de la búsqueda de democratización de la justicia, y participar del debate iniciado en el marco del anteproyecto de la «necesaria e imprescindible» reforma del Código Penal de la Nación. El lanzamiento de la pata local de la asociación civil, creada hace más de un año, estuvo presidida por su titular, María Laura Garrigós de Rébori, quien planteó que «afrontar una reforma del Código Penal es riesgoso políticamente hablando, pero es indispensable». Y consideró que «la gente tiene que saber de qué se tratan las reglas del juego». Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, también llegó desde Buenos Aires al seminario del que participaron más de doscientas personas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y apuntó a que «el actual código está desarticulado, con penas incongruentes y un desparramo de normas penales en distintas leyes». Además, lamentó que el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, «utilizó el anteproyecto para la lucha política». Participaron también el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta; la defensora Pública de Tribunales Federales y miembro de Justicia Legítima, Matilde Bruera; y el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, Juan Nucci. La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, adhirió y lamentó no llegar, por cuestiones laborales.
«Es triste que la gente tenga que esperar cuatro años para saber si un despido era justificado y si va a poder cobrar la indemnización; o que un niño espere ese tiempo para saber si el padre le va a pasar la cuota alimentaria», ejemplificó Garrigós para dar cuenta de que la «necesidad» de los cambios en la administración de justicia, en todos sus foros.
La magistrada consideró que Justicia Legítima Rosario «empieza a existir como una asociación específica y deja de ser un montón de gente que adhiere a la nacional. Sabemos que en todas las regiones hay problemas, y no se pueden abordar solamente a nivel nacional. Hay objetivos nacionales, pero también locales, otro sistema procesal, otras expectativas. Aquí vemos que hay jueces, defensores, fiscales, funcionarios y empleados del Poder Judicial trabajando mancomunadamente, todos con la misma preocupación y el mismo nivel de participación; y como novedad -saludó-, están mezclados en este trabajo gente de la justicia Federal y provincial, y eso es muy importante».
Garrigós destacó que Justicia Legítima busca «una modificación cultural de los poderes judiciales como terceros poderes del Estado para que se democratice después de treinta años de gobiernos democráticos, que se aggiorne y se acomode».
Martínez, en tanto, señaló que la actividad de ayer y la inauguración de la filial Rosario «es a pedido de los integrantes de la asociación en la ciudad. Es muy importante que se abran filiales en todo el país, porque no queremos hacer una administración exclusiva de Buenos Aires, sino conocer los problemas de todo el país. Rosario desde el primer momento tuvo mucha fuerza con esto, y es justo que tenga una filial», dijo.
Consultada sobre las críticas al anteproyecto del Código Penal, la defensora general apuntó a que «el Frente Renovador no leyó el anteproyecto, porque se quedó corto en un montón de cosas que los defensores esperábamos que trataran». Y consideró que «cuando el gobierno convocó a representantes de todos los partidos fue para que pudiera ser aprobado sin demasiado conflicto; y el riesgo fue que apareció un nuevo partido político, que utilizó el anteproyecto como un elemento en la lucha política. Creo que hasta después de las elecciones del año que viene no vamos a lograr un debate maduro en ningún tema. Esto no quiere decir que no tengamos que afirmar que es muy necesario e imprescindible reformar el Código Penal», insistió.
Martínez opinó que «si bien el pueblo debe ser escuchado, el código penal es un tema de técnicos y primero debe discutirse entre técnicos».
Sobre el narcotráfico y los proyectos para que las pequeñas causas se traten en la justicia provincial, la defensora dijo que «donde se provincializó no hubo buenas experiencias, pero si ayuda para que la gente se pueda tratar y donde pueda haber un apoyo e infraestructura que no hay, entonces sí es importante». Y planteó que aunque no tiene datos de cómo está funcionando el nuevo sistema penal en la provincia, «es un problema que no se esté reforzando con más defensores y fiscales».
Antes de comenzar el seminario, Garrigós planteó: «Esa cosa de que los jueces sigamos siendo `vuestra señoría’ o `su excelencia’ es una ridiculez, pero eso es solamente un síntoma». Y recordó: «Estamos saliendo a los barrios para contar y desmentir el andamiaje que se levantó contra el anteproyecto del código penal. A ningún gobierno le conviene afrontar una reforma penal porque es muy fácil criticarlo desde cualquiera de los espectros del arco político».
La titular de Justicia Legítima se refirió también a las cuestiones de género que se introducen en el anteproyecto del Código Penal. «Se introduce la teoría de género, pero no todo lo que yo quisiera». En ese sentido, lamentó que se esté hablando de «lesiones culposas al feto», porque «entonces las mujeres vamos a ser culpables por cualquier aborto que tengamos por haber corrido una cuadra el colectivo». Y destacó que «se recuperan figuras como la del infanticidio, la justificación al haber sido víctima de violencia de género; y se incorpora el aborto culposo. Pero falta bastante», dijo.
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