Unanimidad para crear 27 fiscalías en toda Santa Fe, además de defensorías y juzgados y mejorar la persecución penal.
El Senado de la Nación sancionó finalmente la ley de fortalecimiento de la Justicia federal en la provincia de Santa Fe cuya aprobación había fracasado hace dos semanas, cuando el bloque Juntos por el Cambio abandonó la sesión y quitó quórum. La ley ayer tuvo el voto unánime de 63 senadores presentes, en una sesión que presidió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La norma venía con media sanción de Diputados, impulsada por consenso por todos los diputados nacionales por Santa Fe. Crea numerosos cargos para nuevas fiscalías, defensorías y juzgados, no solo en Rosario, también en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, San Nicolás (pertenece a la jurisdicción federal Rosario aunque esté en territorio bonaerense) y, una sede más: San Lorenzo. Y en la misma sesión, la Cámara Alta aprobó ayer los pliegos de tres jueces federales que cubrirán vacantes de arrastre en Rosario.
La ley procura nutrir con mayor capacidad investigativa al fuero judicial competente en delitos complejos como el narcotráfico y el lavado de dinero como derivación, y que originan la violencia urbana que estremece a Rosario y la ha convertido en la ciudad con peor tasa de homicidios (22 cada 100 mil habitantes), 5 veces más que el promedio nacional. De ahora en más, empezará un trámite que no será simple ni rápido, y deberá activar el Consejo de la Magistratura.
La norma crea 27 cargos de fiscal federal penal para toda la jurisdicción que va desde Reconquista hasta San NIcolás. De esos, Rosario sumará 15 fiscales más. Hoy cuenta con solo 3 fiscalías de primera instancia, y 3 fiscalías ante el Tribunal Oral Federal (TOF).
Del resto, 7 fiscales se sumarán a la ciudad de Santa Fe (hoy dispone de 2 en primera instancia, y otros 2 ante el TOF). Luego, le asigna un cargo de fiscal a Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, respectivamente. Actualmente, estas subjurisdicciones tienen 1 fiscal cada una.
Por otra parte, la ley federal también refuerza el Servicio Público de Defensa Penal, con la creación de 9 cargos como defensores públicos oficiales, a saber: 3 con asiento en Rosario, 2 en la capital provincial, y uno cada uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Además del refuerzo en cuanto al Ministerio Público Federal y al Servicio Público de Defensa, se hizo ley la creación de más juzgados, tal como lo demandaron distintas voces especializadas en los debates previos a la conformación del proyecto parlamentario.
Se crearon cargos de juez de garantías a la par de los juzgados federales de primera instancia. Esto es, un juez de garantía para ciudad de Santa Fe, otro para Rafaela, otro más para Reconquista, y otro más para Rosario. El juez de garantías en Rosario atenderá la actividad de los 4 juzgados federales de primera instancia, pero no para los que tienen competencia en los demás departamentos del sur santafesino. En rigor, la ley manda que los juzgados federales n° 3 y n° 4 (hoy a cargo de Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros), además del n° 2 de San Nicolás, ejerzan también funciones de garantía en simultáneo con su carácter de juzgados federales de primera instancia.
San Lorenzo tendrá su propio juez penal de garantías para su distrito y el departamento Caseros. Lo mismo ocurrirá en Venado Tuerto, que contará con un juzgado de esta función.
Siguiendo con las acciones de engrosamiento del sistema judicial federal, el articulado crea 3 juzgados de revisión en Rosario con competencia en esta jurisdicción, San Lorenzo, San Nicolás y Venado Tuerto. Y otros tres asignados a la ciudad de Santa Fe, con competencia en el territorio de las unidades de esa capital, Rafaela y Reconquista.
También la legislación le quita presión a los jueces actuales en cuanto a la ejecución penal de sus encausados. Crea un cargo de juez de ejecución para Rosario y otro para Santa Fe, que se dividirán el trabajo del sur y del norte del área federal, respectivamente.
Destaca también el texto de la ley la instalación de la «Oficina judicial», con subsedes en cada una de esas siete ciudades cabecera del distrito federal Rosario. Compete a este instituto la formación de «equipos de trabajo de las unidades fiscales y de las defensorías: se debe contemplar que dentro de ellas haya personal especializado en las ciencias económicas y en sistemas informáticos, ciencias ambientales y demás especialistas idóneos para atender los delitos complejos», dice la ley.
OK a 3 jueces
Otra de las iniciativas de interés para la situación de la persecución penal en Santa Fe también se destrabó en la sesión de ayer del Senado. Tras siete meses con dictamen favorable en Comisión de Acuerdos, pero relegada en la agenda parlamentaria, el cuerpo también aprobó por unanimidad los pliegos de tres candidatos a ocupar vacantes en distintos juzgados de la provincia, y otros tantos para Córdoba.
En resumen, los nuevos magistrados son Gastón Alberto Salmain, como juez federal de primera instancia n° 1 de Rosario, y dos camaristas: Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrigues da Cruz, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de Rosario.
Fue la primera sesión del año parlamentario en el Senado. Hace dos semanas había fracasado con la retirada de JxC. Por eso ayer el temario era abultado, y su debate, extenso. Por consenso, los senadores esta vez sí acordaron votar la ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio y el nombramiento de los magistrados para Rosario y para Córdoba. También se incluyeron leyes sobre lenguaje de señas, enfermería, cardiopatías congénitas y una modificación a la ley de impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud.
