El Papa Francisco junto con un centenar de magistrados y altos representantes de quince países, firmaron hoy una declaración en la que se pide a los Estados el secuestro a traficantes y criminales ya condenados de los bienes incautados, para darlos en reparación a la sociedad y utilizarlos también en la rehabilitación y de las víctimas.
Esta declaración final concluyó dos días de una cumbre anticrimen convocada en el Vaticano por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, cuyo canciller es el arzobispo argentino Marcelo Sanchez Sorondo. El alto prelado y el líder de la organización contra la trata de personas en Argentina, Gustavo Vera, organizaron la reunión con el pleno apoyo del Papa Jorge Bergoglio.
El documento fija diez puntos con objetivos precisos. Afirma que “la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos, son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales”.
También el crimen organizado, cuya forma más perfeccionada son las mafias, “debe ser considerado un delito de lesa humanidad y castigado como tal”.
La cumbre aceptó proponer lo que el Papa, que el viernes habló en la reunión, llamó “la práxis italiana”, que incluyó en la legislación antimafia el secuestro de los bienes a la criminalidad organizada y “devolverlos a la sociedad” para poner en actividad a grupos y organizaciones humanitarias y sociales, utilizándolos también como reparación a las víctimas.
El delito del lavado de dinero debe ser “intensamente perseguido” porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades legales.
En la sesión final intervinieron trece de los veinte magistrados argentinas que formaron la delegación más numerosa en la cumbre.
El juez federal Sebastian Casanello, a quien el Papa dio un excepcional apoyo y cobertura recibiéndolo hace dos días en una audiencia privada, dijo que “el panorama no es esperanzador” en la lucha contra el crimen organizado, y los casos de lavado y trata de personas, debido a “la falta de colaboración” por parte de los países de muchos países importantes y de los paraísos fiscales, “a la hora de proporcionar información bancaria y financiera”.
El magistrado señaló que ”en el plano formal estamos en los estándares más altos de colaboración” internacional”. Pero los países “no proporcionn la información requerida porque exigen el requisito de la doble incriminación o bien porque reclaman una cantidad de antecedentes que hacen imposible el auxilio”.
“Tengo acá una carpeta con un montón de rechazos de pedidos nuestros de información bancaria, de transferencias. Por lo general o se invoca la doble incriminación o si no se piden antecedentes en forma inteerminable”.
El magistrado argentino dijo que “lo que en un comienzo era violencia, ultraje, delito, una vez invertido en los bancos pareciera que deja de serlo y se transforma en una cifra virtuosa que umenta el Producto Bruto Interno de esos países”.
El Papa y los participantes de la cumbre anticrimen se inspiraron también en la legislación sueca al pedir en la declaración final la sanción de los clientes de servicios sexuales “como parte integral de la legislación para la lucha eficaz contra la esclavitud y la trata”.
También reclamaron sanciones que conviertan en delictuosa el empleo a sabiendas del trabajo forzado.
Otra preocupación del Papa argentino que hizo suya la declaración final fue que la repatriación de los extranjeros indocumentados no sea nunca uyna respuesta sin el acuerdo de las víctimas.
Los jueces y fiscales que participaron de la cumbre reclamaron también la necesidad de que los países puedan actuar en red y lamentaron la falta de cooperación –como denunció el juez Casanello—por parte de los países que reciben los depositos de las ganancias obtenidas por “las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI”, como afirmó el Papa Francisco.
Por la mañana, además de Casanello disertaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la juez federal María Servini de Cubría.
Lorenzetti, que fue ayer recibido en audiencia por el Papa durante casi una hora, aunque como Casanello no confirmó el encuentro, criticó en su intervención las presiones que reciben los jueces y dijo que “se busca lesionar la credibilidad de los magistrados para que no tengan la fuerza necesaria para actuar en las causas”.
“Si el juez es atacado o presionado o deteriorado en su imagen, como se ve en todo el mundo, su autoridad se licúa”. “Muchos se preguntan porque hay presiones o licuación de la autoridad judicial” y ello se debe a que esa autoridad “es importante”, indicó el presidente de la Suprema Corte de justicia.
Lorenzetti elogió en su disertación varias veces al pontífice. Dijo que el Papa Francisco “le habla a la humanidad”. “Y cuando menciona palabras tan fuertes como trata, nueva esclavitud en el siglo 21, o narcotráfico, estas palabras suenan más allá del lenguaje jurídico: suenan en nuestras conciencias”.
