Pidió que la provincia sea querellante en la causa que investiga la privatización. Desclasificarán el Informe Nogueras
El proceso de privatización del Banco Provincial de Santa Fe que, según algunos cálculos importó un proceso por el cual el Estado santafesino gastó 1.000 millones de dólares y recaudó de los compradores menos de 60 millones de esa moneda, volvió ayer a la escena pública irrumpiendo en la Justicia (donde se reactivará la causa) pero sobre todo en el escenario político, con el anuncio que hizo el gobernador Miguel Lifschitz de la decisión de presentar al Estado como querellante y la firma de un decreto para desclasificar el Informe Nogueras.
Ese expediente, que lleva el nombre del titular de la comisión que tuviera a su cargo investigar las responsabilidades del vaciamiento de la entidad financiera, el demócrata cristiano Alfredo Nogueras, no es público y ello justificó el decreto que ayer firmó mandatario provincial ordenando su apertura. Aunque no dejó en claro si lo dará a conocer a la prensa de modo íntegro.
Incidencias
Más allá de lo que se conozca del informe o de lo que avance la causa en los estrados, su incidencia política en un año electoral será innegable. El caso pone a todo el PJ a la defensiva y no sólo pone en tela juicio a los dos últimos gobernadores de ese signo porque fue Carlos Reutemann quien impulsó la privatización y Jorge Obeid quien la llevó adelante —incluyendo la feroz y cruenta represión a una manifestación contraria a la medida que la Asociación Bancaria realizara en la puerta de la Legislatura en 1996— sino también a la principal figura de relevancia que actualmente tiene ese partido: el senador Omar Perotti.
El legislador oriundo de la Rafaela era el ministro de la Producción en 1996 cuando el gobernador Obeid lo nombró también presidente del Banco Provincial de Santa Fe, a través del decreto 1418 que el propio mandatario diera conocer entonces en conferencia de prensa y que establecía que el ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo del contador Hugo Garnero, actuaría como autoridad de aplicación en el proceso de privatización. De ese modo Garnero dejaba de administrar el Banco que pasaba a manos de Perotti para llevar adelante las etapas que «nos lleven al proceso final del traspaso a sus dueños privados», según dijo ese día el propio mandatario justicialista flanqueado de ambos ministros.
El hecho de que en los comicios de 2015, Perotti se hubiere quedado con un tercio de los votos de los santafesinos en la carrera a la Gobernación (apenas a 20 mil sufragios de los que sacó Lifschitz) ha cifrado no pocas expectativas sobre su nombre para encarnar una candidatura en el 2019 que importe la recuperación del justicialismo.
El anuncio de ayer pone a Perotti cara a cara con una de sus actuaciones más incómodas: la privatización del Banco nunca estuvo bien vista por la ciudadanía, sus primeros compradores terminarían rodeados de escándalos y detenidos y a los actuales propietarios se los ha sindicado en numerosas oportunidades como socios del kirchnerismo en múltiples negocios.
Proceso
El Banco Provincial de Santa Fe fue vendido en el proceso que concluyó Perotti al Banco General de Negocios BGN, una financiera relacionada a bancos europeos, americanos y caribeños que transfería dinero a cuentas del exterior, y cuyos dueños, José y Carlos Rohm, sería ampliamente conocidos al muy poco tiempo no sólo por ser amigos del ex ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz (a quien nombraron en el directorio del Banco) y parte del círculo íntimo del menemismo que le abrió las puertas a su participación en otra media docena de privatizaciones, sino por haber terminado uno de ellos prófugo y el otro preso por lavado de dinero y la caída fraudulenta del BGN.
El anuncio de revisar la «venta absurda» a «grupos privados de dudosa procedencia», lo hizo en el mediodía de ayer el gobernador en un acto en el salón Blanco de la Casa de Gobierno acompañado por los ministros de su gabinete.
La presentación fue durante un acto en el Salón Blanco de la casa de gobierno, del que también tomaron parte el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón; el ex secretario de Hacienda, Carlos Fernández; el subsecretario de Economía Social y Solidaria y ex diputado Alfredo Cecchi, y los diputados Carlos del Frade y Ariel Bermúdez (autor del proyecto), ambos integrantes de la Comisión Investigadora; ex empleados de la institución bancaria y de la provincia, legisladores y familiares del doctor Alfredo Nogueras, quien presidiera por aquellos años la comisión investigadora.
Auditorio. Lifschitz hizo la presentación junto a su gabinete y legisladores oficialistas y opositores.
La privatización del Banco de Santa Fe, que fue vendido por menos de 58 millones de dólares a los hermanos Rohm, fue un escándalo desde el primer día. En 1997, legisladores santafecinos crearon una comisión investigadora para aclarar las sospechas sobre el vaciamiento que sufrió el Banco Provincial de Santa Fe. El fondo documental cuenta con más de 5.000 fojas y 30 horas de grabación y testimonios. En el 2008, los resultados de la investigación fueron parcialmente desclasificados.
La Comisión fue presidida por el abogado Alfredo Pichón Nogueras, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, que falleció en el 2002. Entre febrero y agosto de 1997 inició la investigación con el apoyo del gobernador Jorge Obeid: «No voy a aceptar que por ser quien vaya a privatizar el Banco, tenga que hacerme cargo de los hechos de negligencia o dolo de administraciones anteriores. La privatización de ninguna manera va a tender un manto de olvido sobre todo lo que ha pasado con el Banco», dijo Obeid a la prensa en aquellos años en relación a las distintas comisiones directivas que administraron la entidad.
Según la información recabada por Nogueras los créditos incobrables ascendían a 334 millones de pesos y los que fueron dados sin las precauciones requeridas abundaban. Hace poco el juez federal Reinaldo Rodríguez levantó el secreto bancario y solicitó la incorporación de toda la investigación a la causa. El gobierno deberá entregar no sólo los documentos desclasificados sino también aquellos que continuaban protegidos hasta el 2028; los que mayor expectativa despiertan. Eso anunció ayer Lifschitz.
«La Justicia federal nos ha dado una oportunidad. La causa casi se había cerrado, pero la apelación de un fiscal federal de Santa Fe y posterior resolución de la Cámara de Rosario, determinaron que se reabra. Eso nos da una oportunidad de volver sobre el tema. Quizá ya no haya responsables desde el punto de vista penal, pero nos parece importante desde un punto de vista didáctico y cultural saber qué pasó con nuestro banco y por qué terminó como terminó. Lamento que hoy la provincia no tenga un banco público con capacidad para generar políticas de estímulo para la producción», resumió el gobernador.
