El ex fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco se declaró ayer culpable y -en un proceso abreviado que zafa del debate público- el juez Adrián Godoy lo condenó a tres años de prisión, al convalidar un acuerdo entre su defensa y el fiscal que lo investigaba, Leandro Mai.
Blanco es el mismo que los legisladores peronistas más cercanos a Omar Perotti –por indicación del propio mandatario de ir hasta el hueso contra la corrupción institucional- intentaron destituir hace un año, pero no pudieron por la resistencia de sus colegas de la UCR, en particular el senador Leandro Enrico, que lo defendía. El 22 de octubre de 2020, Blanco fue suspendido por 180 días, pero la Legislatura recién lo destituyó de su cargo en abril de este año, después de un allanamiento y la detención del ex funcionario. Esta semana, Perotti volvió a insistir sobre el asunto, aunque sin mencionar los casos. “Quien usa una institución del Estado para proteger a los delincuentes, debe pagar con todo el peso de la ley”, dijo el gobernador.
Blanco fue condenado por los tres delitos que confesó: “incumplimiento de los deberes de funcionario público “, “revelación de información secreta” y “allanamiento ilegal”. La pena es de tres años de prisión, más la accesoria de seis años de “inhabilitación para ocupar cargos públicos” y el pago de 400 mil pesos por las costas del juicio. Sin embargo, cumplirá la condena en su domicilio y es probable que a fin de año ya pueda acceder a la libertad condicional.
El fiscal Mai justificó que su ex colega cumpla la condenada en su casa de Venado Tuerto, porque es viudo, “padece una enfermedad crónica” y “tiene a su exclusivo cuidado a un hijo menor de edad”.
Mai dijo que Blanco admitió la “autoría de tres ilícitos que cometió en 2019”. Un año antes de que los legisladores del peronismo cercanos a la Casa Gris promovieran –por la directiva de Perotti de “ir hasta el hueso”- la destitución del ex fiscal, en octubre de 2020, pero se toparon con el rechazo de la UCR, que defendía en la comisión de Acuerdos al ahora condenado. Mai precisó los tres hechos:
*26 de noviembre de 2019. Un martes a la noche –dijo Mai- Blanco “en ejercicio de sus funciones como fiscal, ordenó requisar un automóvil estacionado en la vía pública y el secuestro de elementos que había en el interior del vehículo”. Fue una excursión de pesca, como se la llama en Tribunales. Blanco “tomó esas decisiones sin que existieran circunstancias previas que hicieran presumir que en ese auto había elementos útiles para una investigación o sin que mediara presunción de que tales objetos provenían de un delito o que iban a ser usados para cometer un ilícito”.
*28 de diciembre de 2019. Era sábado –contó Mai. En medio de un procedimiento, Blanco “reveló información secreta y no cumplió la obligación de todo fiscal de mantener reserva sobre una investigación en curso”. Incluso, “desde el mismo lugar que se estaba haciendo un allanamiento, llamó a una persona de su entorno –a quien la Justicia Federal investiga por la venta de estupefacientes– y le dio la información acerca de lo que estaba ocurriendo”.
*”El tercer hecho ocurrió también ese mismo 28 de diciembre de 2019, alrededor de las 13:30”, dijo Mai. Blanco realizó “un allanamiento ilegal de una vivienda” y “él mismo ingresó a un inmueble sin cumplir las formalidades prescriptas por el Código Procesal Penal de la provincia (la orden de un juez), y sin que conste la autorización libre y previamente expresada de quien tenga derecho a oponerse al allanamiento efectuado”, agregó.
La Legislatura destituyó a Blanco de su cargo el 29 de abril de 2021 por “mal desempeño de sus funciones” y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación. El ex fiscal ya estaba detenido en su domicilio. Fue días antes de ser imputado y terminara los 180 días de suspensión que le hubiera posibilitado volver a su puesto y cobrar su salario.
