Los legisladores chilenos acuerdan postergar el plebiscito, previsto a celebrarse el 26 de abril, por la emergencia sanitaria
Los líderes de la mayoría de los partidos políticos de Chile han acordado postergar al 25 de octubre el referéndum constitucional previsto para el 26 de abril debido a la crisis de la pandemia del coronavirus. La emergencia sanitaria ha paralizado la polarización política en el país sudamericano a cinco meses de las revueltas sociales. En el plebiscito cerca de 14 millones de ciudadanos determinarán si se reemplaza el texto que rige en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.
La medida de posponer el referéndum ha sido respaldada por el presidente Sebastián Piñera, quien el pasado miércoles pidió aplazarla. “Quiero felicitar este acuerdo y el espíritu de unidad que se ha instalado en la búsqueda de la necesaria respuesta que tenemos que dar al país en un momento difícil, en que lo más importante es resguardar la salud de nuestros compatriotas”, dijo Adriana Muñoz, presidenta del Senado del socialdemócrata Partido Por la Democracia (PPD). Chile se encuentra en estado de catástrofe y registra 342 enfermos de Covid-19, la mayoría en la capital.
Aunque el texto constitucional ha sido sometido a diversos cambios, la Constitución de 1980 es, para muchos, uno de los obstáculos para dar respuesta a las demandas ciudadanas de mayor igualdad y presencia del Estado en servicios básicos como la educación, la salud y las pensiones a los jubilados. La necesidad de una nueva Constitución comenzó a cristalizarse desde las protestas estudiantiles de 2011, cuando quedaron en evidencia las dificultades para cambiar ciertas leyes por los altos quorum requeridos, como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) unas 204.000 personas participaron en discusiones para una nueva Constitución que fueron recogidas por un proyecto presentado al Congreso pocos días antes del cambio de Gobierno, en marzo de 2018. Fue su Administración la que, en marzo de 2017, propuso al Parlamento una convención constitucional para redactar la nueva carta magna
