Más de veinte financistas y hombres de negocios, ex integrantes del Mercado de Valores del Litoral, deberán comparecer en calidad de indagados en la causa en donde se investiga la megaestafa del contador Mario Rossini con Bolsafé Valores.
Los dispuso este jueves 27 de diciembre el juez federal Francisco Miño, quien hizo suyo el pedido del fiscal federal Walter Rodriguez y de los fiscales de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) Gabriel Barbará y Laura Roteta.
El magistrado desestimó también la presentación que hizo el abogado Raúl Elli, representate del grueso de los imputados en la causa. El asesor jurídico había planteado la nulidad absoluta del pedido del Fiscal y del informe de la PROCELAC, argumentando que “no reúnen los recaudos mínimos para sostener la pretensión de citación a indagatoria de sus defendidos, que se trata de un documento de trabajo interno y que resulta lesivo de garantías constitucionales ya que se basa en opiniones o conjeturas subjetivas de terceros que no son parte de la causa y no se apoya en actuaciones y probanzas del legajo”.
Para el juez, la defensa incurrió en un grosero error conceptual en su planteo ya que el pedido de declaración indagatoria formulado por el Ministerio Público Fiscal “es una instancia procesal que no reclama los mismos requisitos del acto exigido al momento de su producción». Además, agregó en lo que refiere a la intervención de los Fiscales Roteta y Pérez Barberá, que» esa fiscalía hizo uso de las facultades emergentes de la Resolución PGN 914/12 dictada bajo el amparo del art. 120 de la Constitución Nacional y artículos 30 y 33 de la ley 24.946, donde se establece que el Fiscal General a cargo de la PROCELAC tiene la función de intervenir como coadyuvante en los casos que versen sobre hechos en que resulten competente alguna de las áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias”.
De esta forma, el juez hace suyo el pedido de los fiscales y estableció un calendario de indagatorias para el próximo año, de la siguiente forma: Marcelo Fink, José Néstor Tabares y Pablo Guillermo Tabares, para el día 12 de marzo de 2019, a las 08:30, 10:00 y 11:30 horas, respectivamente; José Luis Renzulli, Luis Ángel Puig y Alfio Martín Re, para el día 13 de marzo de 2018, a las 08:30, 10:00 y 11:30 horas, respectivamente; María Soledad Platino, Alex Castelví y José María Candioti, para el día 14 de marzo de 2019, a las 08:30, 10:00 y 11:30 horas, respectivamente; Alfredo C. Calabrese, Juan Luis Catuogno y Mario Di Lucca, para el día 19 de marzo de 2018, a las 08:30, 10:00 y 11:30 horas, respectivamente; Walter Fabián Bernacchi, Alejandro José Paillet y Jorge Francisco Ramón Ghiano, para el día 20 de marzo de 2018, a las 08:30, 10:00 y 11:30 horas, respectivamente; Germán Luis Huber y Rubén Fink, para el día 21 de marzo de 2018, a las 9:00 y 10:30 horas, respectivamente y Ernesto N. García y Jorge Bocchietti, para el día 26 de marzo de 2018, a las 9:00 y 10:30 horas, respectivamente.
Germán Huber. Integró el Tribunal de Cuentas de la provincia, por un acuerdo entre socialistas y radicales universitarios. Corral lo propuso para ocupar el mismo cargo, pero en la órbita municipal.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal «los integrantes del MVL realizaron una contribución, por omisión, sin las cuales no habrían podido llevarse adelante los delitos cometidos por Rossini», quien fuera también integrante del MVL en varios períodos.
La causa se inició en 2012, luego de la quiebra de una firma local. A principios de este año se elevó a juicio parte de la investigación, la que tiene como imputados a Rossini y un grupo de colaboradores estrechos, entre ellos a Omar Rossini y María Mercedes Leiva, como coautores y a un grupo de seis personas más como partícipes primarios por haber administrado fraudulentamente los ahorros de 408 personas que confiaron en la firma, con un perjuicio patrimonial denunciado de poco más de 251 millones de pesos. Las maniobras consistían en traspasar valores desde las cuentas comitentes de Bolsafe a una cuenta de BV Emprendimientos, también controlada por Rossini, en la sucursal 552 del Banco de Galicia. Rossini operaba las cuentas con la complicidad de operadores bursátiles del Galicia, que luego vendían los títulos a una cuenta liquidadora. Una vez transformado en dinero los valores negociables, se depositaba esa plata en una cuenta de BV Emprendimientos en el Banco de Galicia, que sacó entre 2012 y 2013, en cheques, la suma de 55 millones de pesos aproximadamente. Por esta intervención de los operadores del Banco Galicia hay un pedido de procesamiento del Fiscal Federal y de los querellantes.
Entre los imputados sobresalen el financista y funcionario de la municipalidad de Santa Fe, Pablo Tabares, el contador y aspirante a ocupar un cargo en el Tribunal de Cuentas de la Ciudad, Germán Huber, el ex ministro de Economía del Lole Reutemann, José María «Chuzo» Candioti y el accionista del Banco Bica Luis Puig.
Autor: Héctor Galiano
