El diputado Cavallero presentó un pedido de informes porque se sospecha que una UTE conformó un nuevo mapa de firmas. Además se piden detalles sobre una operatoria con abono nitrogenado, ampliamente tóxico en la zona portuaria libre de Santa Fe.
Es que las firmas que originariamente obtuvieron esta concesión, parecen haber mutado en una UTE distinta. Este es el convencimiento que tiene el diputado Héctor Cavallero, del Partido Progreso Social, quien después de un año de peregrinar por la Cámara logró este jueves que se aprobara su pedido de informes. «Nuestra preocupación radica en la incompatibilidad de las publicaciones periodísticas y del propio boletín oficial del gobierno provincial ya que en ambas notas no coinciden las sociedades que la componen original y actualmente. Por todo ello, desconocemos a sus socios y por consiguiente el capital accionario que tiene cada uno». Otro dato preocupante es que una de las primeras operatorias de la firma asentada es la manipulación de abono nitrogenado. En el puerto de Quequén, pegado a Necochea, la misma firma debió levantar esta operatoria, ante el fenomenal movimiento de vecinos que denunciaban contaminación. Esta última semana llego el primer embarque y comenzó a recibirlo a granel, para después embolsarlo y distribuirlo.
Para el diputado provincial, en caso de existir cambios registrados de acuerdo a la información solicitada, se deberá informar si todos ellos se ajustan a derecho y son admisibles sin cambiar las responsabilidades y derechos reconocidos en la concesión original.
La concesión de la Zona Franca Santafesina, ubicada en el puerto de Villa Constitución, se efectuó a fin de 2010. Entonces se calculaba que a través de esta terminal se moverían unos 900 millones de dólares anualmente. La concesión fue otorgada a la empresa Zofravilla con sede central en Rosario, única oferente.
Sin embargo, pese a estos montos de facturación, se fijó un canon de tres mil dólares mensuales, a pagar una vez al año a partir del tercer año de concesión, ya que los dos primeros eran a cuenta de las inversiones a realizar. A partir del sexto año, y hasta finalizar la concesión de 30 años, el canon se será de cuatro mil dólares mensuales.
«En notas periodísticas y en el boletín oficial no coinciden las sociedades que la componen la concesión».
De la lectura de la documentación pública que se puede obtener en libre acceso, el estatuto de conformación de Zofravilla establece que la componen las siguientes empresas: Cereales del Sur S.A., Ponal Terminales Portuarias S.A., MGI S.R.L., y Fernando Vorobiof, hijo de quien fuera designado en el Puerto de Santa Fe como administrador, y saliera del cargo con proceso judicial.
Extrañamente, y de acuerdo a lo que se cita textualmente en la comunicación del acto de apertura de sobre por parte del Ente Zona Franca Santafesina, los socios difieren ya que en dicho momento de otorgamiento de la licitación expresan que la integran de la siguiente manera: ZOFRAVILLA ‑ Unión Transitoria de Empresas, integrada por Cereales del Sur S.A., Red Flint Warrants S.R.L., Martín Gonzalez, P.T.P. Group S.A. y Worcap S.A. Y continuando con dicho documento oficial, se expresa seguidamente: Por Resolución Nº 26/11 del Directorio del Ente Zona Franca Santafesina, en su carácter de Comisión de Evaluación y Selección, luego de el estudio y evaluación del Sobre Nº 2, se adjudicó la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de la Explotación y Administración de la Zona Franca Santafesina a ZOFRAVILLA ‑ Unión Transitoria de Empresas, conformada por las personas físicas y jurídicas antes mencionadas.
Pero lo que luego hace más complejo aún llegar a una determinación del capital social constitutivo de las empresas actualmente a cargo de la concesión de la Zona Franca de Villa Constitución son los sucesivos cambios y movimientos accionarios de sus componentes.
En continuidad con la exposición se puede observar que la conformación que reconoce el Ente no coincide con la publicada en el Boletín Oficial, a lo que se debe agregar una serie de diferencias más que relatamos a continuación.
Por un lado, la socia originaria Red Flint Warrants, fue cancelada como operadora para emitir certificados y warrants por el Ministerio de Agricultura de la Nación, por no efectuar operaciones por más de dos años, y por lo tanto no puede seguir funcionando.
Por el otro, y siguiendo con lo descripto en el documento oficial emitido por el Ente acerca de la licitación, se menciona a PTP Group, nombre que reemplaza en forma no aclarada a Ponal y MGI, y, que se compondría por los mismos controlantes, aunque no se conoce documentación que admita esos cambios de denominación en la constitución de los ganadores de la licitación.
De la misma manera aparece la sociedad Worcap, en donde su directorio contaría al señor Vorobiof. Acerca de esta sociedad debe mencionarse que en el último año, ha pasado a ser controlada por la firma Rosental, y, en consecuencia se han efectuado cambios que deberían aclararse en lo que respecta a su admisibilidad en la mencionada concesión.
A las diferencias enunciadas previamente, debe incorporarse que ahora la sociedad concesionaria estaría constituida, siempre de acuerdo a la información publicada, por PTP Group, Zaraimpex, y Gazprombank de Rusia, nótese a la vez que ninguno figuraba en la concesión original, desconociéndose la incidencia que posee Zofravilla, la concesionaria original.
En consonancia con la aparición de estos dos nuevos socios o inversores, debe tenerse en cuenta que Gazprombank tiene previsto invertir en el proyecto para traer fertilizantes líquidos desde Ucrania, y la otra asociada, Zaraimpex se dedica a la exportación e importación de commodities desde y hacia la Federación Rusa exclusivamente.
Ante la sumatoria de cuestiones es que se solicitó a la provincia la información necesaria.
