A finales de octubre, un gendarme con tareas pasivas, condenado en 2021 por complicidad con el narco, y un policía de la costa cometieron una serie de delitos graves durante dos horas afectando a un muchacho, al que acusaban de una seguidilla de robos. Este viernes fueron imputados.
Alrededor de las 10 de la noche del 28 de octubre pasado Uriel Bruno, empleado policial de la Comisaria 14 de la URI (con sede en Rincón) ingresó ilegalmente, junto con Damián Sosa, en el domicilio de un muchacho de la zona, de 23 años, domiciliado en la calle Luis León de los Santos. El joven morador permitió el paso sin reparar en las formalidades legales, que exigen una orden de allanamiento. Sosa acusaba al hombre más joven de haber sido quien le robó una serie de bienes de su casa quinta en Rincón. Revisaron toda la casa pero no encontraron ningunos de los objetos que Sosa decía que le habían sustraído. Fue entonces que subieron a la víctima a una camioneta conducida por Sosa que, junto con Bruno amenazaban y coaccionaban psicológicamente al muchacho, diciéndole por ejemplo que le “iban a meter un tiro en la cabeza y lo arrojarían al río”, mientras Sosa le apuntaba con un arma en la cabeza.
Totalmente sacados y sin reparar en nada, Sosa y Bruno le exigían a la víctima que le señale el domicilio de parientes o amigos que el joven tiene en la zona de Rincón. Del mismo modo que el anterior los imputados ingresaron a los domicilios abusando del poder que da el uniforme y el arma.
Cerca de la medianoche de ése 28 de octubre el joven fue regresado a su casa, y allí nuevamente Sosa y Bruno requisaron la vivienda sin ningún soporte legal.
Consecuencias
La investigación de hecho estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Violencia Institucional del MPA. Este viernes acusó a Bruno ser autor de los delitos de allanamiento ilegal, privación de la libertad y apremios ilegales, todo en concurso real. A Sosa le endilgó lo mismo, pero en calidad de partícipe necesario.
Bruno quedó detenido por decisión de la jueza Celeste Minitti, pero Sosa acordó un juicio abreviado con el juez Jorge Patrizzi, con una condena de un año de cumplimiento efectivo. El Fiscal pidió que se incorporen al legajo respuestas aún pendientes del Servicio Penitenciario vinculadas a pedidos de informes sobre la detención anterior de Sosa, en el marco de una causa por infracción a la ley de drogas.
Un pasado de complicidades
Damián “Perro” Sosa trabajaba en el área de inteligencia de la Gendarmería Nacional con sede en Santa Fe hasta que en abril de 2018 fue detenido junto a otro compañero de la fuerza y a Edgardo Baigoría, el ex Sargento de la Policía de Santa Fe que trabajaba para la banda narco de Luis Paz, pero luego se independizó y abrió una nueva línea de provisión. En febrero de 2021 Sosa fue condenado a 4 años y medio de prisión por encubrimiento agravado y con ánimo de lucro. Sosa le daba “piso” a la banda narco a cambio de dinero. La causa la instruyó el fiscal federal Walter Rodríguez.
A pesar de ése antecedente condenatorio, Sosa seguía cobrando un sueldo de la Gendarmería, al menos hasta agosto de este año, según pudo determinar Zona Crítica On LIne.
Sosa fue detenido el pasado martes en una distribuidora de alimentos y bebidas ubicada en el corazón de barrio Roma, en la capital santafesina. El comercio se llama Distribuidora La Roma SRL, ubicada en calle Lamadrid al 2100. Sosa tiene el 50% de las acciones el negocio. La otra mitad es de un policía en actividad llamado Martín Mansilla, quien varias veces estuvo en la mira por sus presuntas relaciones con el mundo narco, pero ni la justicia provincial ni la federal pudieron probar las innumerables denuncias que hablan de su rol infiel dentro de la fuerza, o de su crecimiento patrimonial. Durante la gestión de Marcelo Saín como ministro de Seguridad tuvo un rol relevante de la Dirección Antinarcóticos, apadrinado por quien fuera un jerarquizado de la PSA e integrante del staff Saín, “Coqui” Gallardo.
Autor: H.M.G
