El acusado de portar un arma de guerra de manera ilegal permanecerá detenido ya que, según el juez Sergio Carraro, el delito afecta a la seguridad pública. Según el abogado defensor, el hombre la tenía para su seguridad.
Estaba contratado. El imputado había ingresado a la fuerza municipal desde sus inicios.Este lunes, en la Sala Nº 3 de Tribunales, el juez penal Sergio Carraro dictó la prisión preventiva para el empleado de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) acusado de portar un arma de guerra en la vía pública. Se trata de Miguel Ángel A., quien fue imputado por el fiscal Roberto Apullán el sábado pasado luego de que sea aprehendido el jueves 31 de marzo por el personal de la Comisaría 4ª, cuando circulaba en una motocicleta por avenida Freyre con un arma calibre 9 milímetros marca Browning.
El juez Carraro entendió que este “tipo de delito afecta a la seguridad pública”, ya que el hombre de 33 años fue denunciado por haber amenazado con el arma de fuego a dos “trapitos” que se encontraban ubicados en avenida Freyre y su intersección con Crespo.
Según el juez, la medida cautelar se dicta “por entender la existencia de elementos de riesgos procesales”. De ahora en más, el agente –no en planta permanente en la Municipalidad– de la GSI deberá permanecer detenido durante el proceso judicial.
“La tenía por su seguridad”
Durante la audiencia, la defensa del imputado, a cargo de Ramiro Carrasco, sostuvo que el accionar de su defendido se dio a raíz de un conflicto preexistente con un grupo de sujetos que años atrás lo acosaban a él y a su misma familia. Por tal motivo, Carrasco pidió al juez la libertad para su defendido ya que consideró que el mismo portaba el arma para su seguridad personal.
“La portación que tenía mi defendido no era para cometer ningún fin ilícito, algo que tiene que demostrarlo el Ministerio Público Fiscal que en ningún lado lo demostró. Solamente hicieron mención a la llamada del 911 –que alertó la situación–. Ni siquiera dijeron quién era la persona que se comunicó con la central”, señaló Carrasco a la prensa tras culminar la audiencia. “Nunca hubo ningún denunciante, nadie ratificó”, dijo en torno a quien llamó a la central policial para dar aviso de la presunta amenaza. Por su parte, se preguntó “si los trapitos son personas que se encuentran en un lugar determinado, ¿por qué no había nadie en ese momento?, es algo muy capcioso”, analizó el abogado.
Sobre la violación que habría sufrido la hija del imputado, Carrasco ratificó la denuncia y la señaló como atenuante de la portación del arma de su defendido. “Hace un año y ocho meses su hija fue violada mientras él se encontraba trabajando. Luego su casa fue baleada por una gavilla del barrio. Por esa cuestión tenía el arma”, recordó el defensor. A su vez explicó que aquel hecho fue denunciado en Fiscalía. Por último culminó con que su defendido jamás amenazó a nadie. “Mi cliente lo niega, es una elucubración que vino de la fantasía del Ministerio de la Acusación”, concluyó.
Fundamentos del encierro
Desde la parte acusatoria, el fiscal Apullán explicó en la audiencia realizada este lunes que el pedido de prisión preventiva se da ya que existen riesgos procesales que podrían entorpecer la investigación. Dichos riesgos serían el de peligro de fuga y además que el imputado intentó quitarse la vida, con un cordón de una campera, en la sala de guardia de tribunales el sábado pasado mientras esperaba su audiencia imputativa por el delito de “portación ilegal de arma de guerra”.
Tras la decisión del juez Carraro de imponer la prisión preventiva, el fiscal señaló: “Resta saber cómo esta persona tenía un arma de policía”.
Fuente: Diario Uno
