En los últimos contactos para cumplir con el fallo de la Corte, la provincia pidió que se emitan bonos cuando haya un incumplimiento. La Nación ofrece cancelar $31.900 millones en bonos, más $54 mil millones en obras.
Son tantos los incumplimientos del gobierno nacional, que Santa Fe exigirá que en el acuerdo por la deuda de coparticipación federal que está a punto de acordarse se incluya una cláusula que obligue a la Nación a emitir un bono a favor de la provincia cada vez que no se hagan en tiempo y forma algunas de las obras que por 54 mil millones de pesos se comprometerá a concretar en territorio santafesino entre 2019 y 2022.
Ese punto forma parte del último borrador que se está discutiendo con la Nación y que prometía cerrarse a principios de este mes. Pero no es el único. Resta acordar otro ítem que refiere a algún mecanismo de actualización para los 31.900 millones de pesos que se propone cancelar solamente en bonos.
Este es el monto de deuda que reconoce la Nación. El reclamo santafesino fue por 54 mil millones de pesos, ya que al monto original de 22 mil millones de pesos se le aplicó una actualización. Para superar esa diferencia se acordó que la provincia acepte el cálculo nacional, que será saldado con bonos, pero a cambio recibirá una compensación en obras por 54 mil millones de pesos. Es decir que al final recibiría 86 mil millones de pesos, en títulos y en infraestructura.
Recta final
Por estas horas, la actualización de los bonos y la cláusula de garantía son las dos únicas diferencias que restan salvarse para que se rubrique el acuerdo que ponga fin a la disputa que inició Hermes Binner en 2009 y que tuvo un fallo a favor por parte de la Corte nacional después de casi seis años de trámites, cuando la gestión de Miguel Lifschitz estaba a punto de iniciarse.
Un consenso firmado hasta por el presidente de la Nación Mauricio Macri postergó hasta el 31 de marzo pasado una propuesta definitiva sobre cómo pagar esa deuda que asciende —actualizaciones mediante— a 54 mil millones de pesos.
Recién 15 días antes del vencimiento de ese plazo, el gobierno nacional convocó a la provincia a la primera reunión. El resto fueron sucesivas dilaciones que incluso pusieron un manto de duda sobre si convenía seguir por el camino de las negociaciones o volver a la Corte Suprema.
El gobierno santafesino se inclinó hasta ahora por el diálogo, casi como un mensaje de que la política tiene que arreglar este tipo de diferencias mientras se pueda. «Cuando Binner fue a la Corte no le habían dejado otra salida», explican desde el oficialismo.
¿Es bueno o no tanto?
¿Cómo evaluar este acuerdo? Un opositor podría decir que Santa Fe se conforma con poco: de los 22 mil millones de pesos que era la deuda a valores históricos se le reconoce bastante menos de lo que la actualización indica (31.900 millones de pesos). Alguien con mayor favoritismo podría hacer otro cálculo: que no sólo se pagará en bonos un interesante importe de lo adeudado, sino que a modo de compensación se harán obras estructurales que elevarían el total de lo recibido a casi 86 mil millones de pesos.
El que no las hace, las paga
El problema ahora es la desconfianza. Si no se cumple ese compromiso, ¿cómo se reclama? Y ahí aparece la propuesta de la provincia de incluir una cláusula que obligue a un rápido desembolso para que al gobierno nacional le convenga hacer las obras prometidas, porque si incumple deberá pagarlas en bonos.
La idea sería determinar un monto por año para poder controlar la ejecución de las obras y, en su defecto, emitir un bono por la diferencia a favor de la provincia.
El otro punto que no tiene aún acuerdo es el de la actualización de los bonos una vez que se empiecen a amortizar. Vale recordar que son a 12 años y con tres años de gracia, es decir en los que no se paga nada, entre el 2019 y el 20121. El concepto es el mismo, que los montos acordados no pierdan poder adquisitivo en una economía inflacionaria.
Sobre este punto, en la última reunión entre las partes la Nación sólo había aceptado reconocer la mitad de las pretensiones de la provincia.
Hasta ayer no había agendada ninguna nueva reunión entre la provincia y la Nación, pero los encuentros en los que se avanzó en este acuerdo en general fueron repentinos. Ambas partes admiten su interés en darle un cierre cuanto antes.
Discusión legislativa
Santa Fe también adelantó que piensa someter el acuerdo que se rubrique a la aprobación legislativa de las dos cámaras, y se entusiasma en comentar que el actual gobernador podría haber disminuido sus pretensiones y privilegiado que ingresaran fondos durante su gestión de gobierno.
Prefieren mostrarlo como un gesto de madurez institucional en la provincia, ya que el grueso de este acuerdo va a beneficiar a las gestiones que sucedan a la actual administración de Miguel Lifschitz.
