La Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos informó que esta madrugada se realizaron 10 allanamientos simultáneos en el departamento Castellanos, en el marco de una causa caratulada como explotación económica y facilitamiento de la prostitución ajena.
Según explicó la secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, “nuestros equipos de trabajo, con un enorme profesionalismo, llevaron adelante en absoluta reserva y sin ningún tipo de filtración, una decena de allanamientos simultáneos en una localidad que nos implicó un gran desafío”.
Viglione destacó “los buenos resultados obtenidos con la detención de los principales investigados, la asistencia a las víctimas y el secuestro de elementos que nos permitirá la continuidad de la causa en la instancia judicial”.
La investigación se inició en abril pasado, a partir de un anónimo que llegó a la delegación que la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas (AITP) tiene en Rafaela.
Nueve de los allanamientos se concretaron en la ciudad de Rafaela, en domicilios particulares y en lugares donde eran explotadas las víctimas, todos ubicados en tres cuadras consecutivas de calle Ramón y Cajal. El restante, fue en una vivienda de Tucumán al 300, en Bella Italia.
Como resultado, fueron asistidas 10 mujeres de entre 18 y 39 años oriundas de la ciudad de Santa Fe y de Rafaela, quienes se encontraban en situación de explotación.
En tanto que hubo nueve personas, cinco entre hombres y cuatro mujeres de 38 a 70 años, quienes fueron arrestados en el marco de la causa. Una de las detenidas cumplía con un arresto domiciliario por una causa precedente de junio 2013 de explotación económica donde resultó víctima una joven menor de edad.
Además, fueron secuestrados una cantidad importante de dinero en efectivo, cuatro automóviles, cinco motos, equipos tecnológicos, 15 teléfonos celulares y documentación de interés, entre otros elementos.
Las tareas estuvieron a cargo de personal policial de la AITP, Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA), y de la Subsecretaría de Delitos Económicos, todos dependientes de la Secretaría de Delitos Complejos. También participaron representantes de la Fundación María de los Ángeles.
Interviene la jueza penal de primera instancia, Dra. Cristina Fortunato, y el fiscal Dr. Diego Vigo.
