Lo asegura una auditoría pedida por el ministro Marcelo Saín al área de Control Policial. Fue en la gestión de Pullaro al frente de la cartera de Seguridad. Investiga la Unidad de Delitos Complejos del MPA.
El área de Control Policial del ministerio de Seguridad durante la gestión de Maximiliano Pullaro (2015 – 2019) pagó los honorarios de los abogados que defendieron al personal policial de la Seccional Séptima de Rosario que asesinó al joven Franco Casco en octubre de 2014 – durante la gestión de Raúl Lamberto- e intentó desaparecer su cuerpo en aguas del río Paraná. El hecho fue denunciado ante la Unidad de Delitos Complejos del MPA santafesino por el ministro de Seguridad Marcelo Sain con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman.
Según se explica y fundamenta en la denuncia, el pago “se realizó con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo de David Rainero”. Los movimientos contables de ése periodo fueron auditados por pedido de Saín. El 2 de enero pasado la Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia (actual Agencia de Control Policial), emitió un informe escrito titulado “Partidas Presupuestarias recibidas destinadas al desarrollo y actividades de la Dirección Provincial de Asuntos Internos “ correspondiente al período 2015 – 2019.
Allí se verificó que entre el mes de octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados “destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen e intento de desaparición de Franco Casco ocurrida en 2014”, hecho típico de violencia policial en donde quedó claro en la instrucción del expediente que hubo un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional Séptima de Rosario. Por este caso, un grupo de funcionarios policiales espera el juicio oral en la justicia federal, acusados de desaparición forzada seguida de muerte. En ese proceso, fueron investigados agentes de la Dirección de Asuntos Internos por “encubrimiento de dicha desaparición forzada e imposición de torturas seguida de muerte de Franco Ezequiel Casco”. El joven oriundo de la provincia de Buenos Aires fue asesinado en los primeros días de octubre del 2014 y 24 días más tarde su cuerpo emergió en aguas del Paraná, donde fue identificado.
EN DETALLE. El listado de los defensores que tuvieron los agentes de Asuntos Internos durante la investigación del Caso Casco.
El personal de Asuntos Internos fue clave para el encubrimiento, adoptando medidas crueles, como tomar los testimonios de detenidos en la seccional donde mataron a Casco, delante de los propios jefes, o falseando el testimonio de un pastor evangelista y difundiendo la idea de que el muchacho había sido visto con vida cuando en realidad ya había sido asesinado.
En este contexto, el abogado y asesor político de la Secretaría de Control José Manuel Alcácer, fue defensor de cinco policías de Asuntos Internos imputados en la causa. Alcácer fue designado como Asesor Técnico Nivell II en la gestión de Raúl Lamberto como ministro de Seguirdad, a través del decreto 2118 del 14 de julio de 2014, firmado por el entonces gobernador Antonio Bonfatti. “El accionar desplegado por el abogado José Manuel Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública , dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos y que tiene –tal como lo expresa la normativa antes reseñada– por objetivo fundamental ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial”, se señala. El abogado cesó en sus funciones en octubre de 2015 dentro del ministerio pero asumió la defensa de los imputados en septiembre de 2017, cuando no había transcurrido el tiempo exigido por la ley, sin tener en cuenta el “perfil” de los defendidos. En esa coyuntura, y mientras era funcionario de la Secretaria de Control, el letrado fue el defensor del médico oncólogo Gabriel Zilli, quien fuera condenado por la causa llamada “Narco Arroz” , en donde de le asignó el rol clave en el andamiaje de un cártel de drogas con ramificaciones internacionales. También fue – ya en 2019 – abogado defensor de Luis Paz (padre del “Fantasma”, Martin) procesado por ser considerado jefe de una banda narco, asociación ilícita y lavado de dinero, patrocinio que compartió con su socio Lucas Peirone, quien fuera designado por el Decreto Nro 2839 de fecha 03 de Septiembre de 2015 como asesor nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cargo al que renunció cuando trascendió que había tomado la defensa de Paz. Actualmente es el abogado del capo criminal rosarino Esteban Alvarado, investigado por asesinatos, extorsiones, amenazas, lavado de dinero y narcotráfico.
La Auditoria que pidió Saín apenas asumió el cargo de ministro detalla que el aumento de la partida de “gastos reservados” se incrementó a $ 78.000 entre el mes de octubre del año 2017 y septiembre del año 2018 para al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco” de la ciudad de Rosario.
DAVID RAINERO. De acuerdo al informe de la Auditoria seria quien autorizó el pago de los honorarios con fondos reservados de Asuntos Internos.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, la encargada de Administración de la Asuntos Internos en la gestión de Rainero como Secretario y Pullaro como ministro, señalo que fue el pago de honorarios a los abogados de los policías acusados de encubrimiento fue por pedido expreso de la conducción política de la Secretaria. Los denunciantes entienden que, además de las faltas éticas desplegadas por los abogados que fueron funcionarios, se habría consumado el delito de peculado, y por eso solicitaron un conjunto de pruebas y medidas.
A juicio
En diciembre del año pasado el juez federal Carlos Vera Barros elevó a juicio la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco. En total, 19 policías serán juzgados por el caso ocurrido en octubre de 2014 en Rosario. El magistrado clausuró la investigación por pedido del fiscal Guillermo Lega, que acusó a miembros de la comisaria Séptima de Rosario y a personal de la Dirección de Asuntos Internos. Cuatro se sentarán en el banquillo de los acusados por ser considerados coautores del delito de “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima”.
Otros siete policías llegan a juicio como “coautores” sólo por “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”; y seis como “partícipes secundarios” del mismo delito. Otros dos esperan el juicio por haber ocultado rastros, pruebas o instrumentos del delito.
En la instrucción fueron sobreseídos nueve policías que estuvieron presos e imputados por desaparición forzada y otros tres, pero por el delito de encubrimiento.
Autor: Héctor M. Galiano
Ingresar aquí para ver la acusación completa del Caso Casco: REJ Franco Casco
Querido Héctor, te envío fragmentos de la nota y luego mis observaciones.
Verás que no hago ninguna alusión al eje de la nota (desviación de fondos y denuncia por peculado) sino que aporto agregados sobre 3 puntos.
Lo único que pido y piden las personas detenidas es SER OÍDOS.
Agradezco tu profesionalidad y humanidad en contestarme y darnos esa oportunidad.
Quedo a tu disposición.
Hugo Álvarez.
ZONA CRÍTICA: “Los abogados que defendieron al personal policial de la Seccional Séptima de Rosario que asesinó al joven Franco Casco en octubre de 2014 (…) e intentó desaparecer su cuerpo en aguas del río Paraná”.
RÉPLICA: Aún no se pudo demostrar de manera certera que Franco haya muerto de forma violenta, y muchisimo menos que haya muerto dentro de la comisaría.
Es decir, en todas las autopsias que se hicieron sobre su cuerpo (4 en total, 2 en Rosario y 2 en Buenos Aires) no se halló ni un solo rastro de violencia, trauma o golpes.
El hecho de que el cuerpo NUNCA presentó signos de violencia compatibles con su estadía en la comisaría séptima lo afirmó inclusive el EAAF (Equipo Argentino de Antropóloga Forense) en la última necropsia.
La cuestión alusiva a que “intentaron desaparecer” a Franco, no tiene sustento en las probanzas (omitidas por los jueces de primer grado) ya que:
a) Los padres de Franco supieron por los mismos funcionarios policiales que el joven había estado en la comisaría. (Testimonios de Elsa y Ramon, padres de Franco)
b) El cuerpo de Franco no presentó ningún signo de haber sido arrastrado, arrojado o “fondeado”.
(testimonios de Gabriel del Valle y Ricardo Orellano quienes presenciaron el procedimiento de prefectura utilizando sogas DE SU PROPIEDAD para extraer el cadáver del joven Casco)
Más importante aún, las autopsias DEMOSTRARON que no había surco alguno provocado por NINGUNA SOGA en su pierna y brazo.
Z.C: “Hecho típico de violencia policial en donde quedó claro en la instrucción del expediente que hubo un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional Séptima de Rosario. Por este caso, un grupo de funcionarios policiales espera el juicio oral en la justicia federal, acusados de desaparición forzada seguida de muerte…”
R: En cuanto a que sea un “hecho tipico” este en particular es un “supuesto hecho de desaparición forzada” investigado y no juzgado.
La INSTRUCCIÓN en donde se refiere que quedó “claro que…” ESTUVO PLAGADA DE OCULTAMIENTOS E IRREGULARIDADES, el fiscal ocultó evidencias y “perdió” vídeos y otras pruebas. Todo obra en el expediente y lo pongo a disposición de este digno medio.
Z.C: “El personal de Asuntos Internos fue clave para el encubrimiento, adoptando medidas crueles, como tomar los testimonios de detenidos en la seccional donde mataron a Casco, delante de los propios jefes, o falseando el testimonio de un pastor evangelista y difundiendo la idea de que el muchacho había sido visto con vida cuando en realidad ya había sido asesinado”.
R: “La seccional donde mataron a CASCO” la afirmación vuelve a ser reaccionaria y poco democrática si creemos en la presunción de INOCENCIA como derecho indenegable en una República, y por sobre todo el de “ser tratado como INOCENTE durante todo el proceso hasta que una sentencia firme no demuestre lo contrario”.
Reitero con gran respeto por nuestra Constitución y Tratados de DDHH internacionales que estas personas siguen siendo INOCENTES.
Todos estas aclaraciones no vienen a afectar el criterio, profesionalidad ni buen hacer del querido cronista que redacta la nota, sino que se hacen en el marco del derecho a SER OÍDOS, otro derecho contemplado no sólo en nuestra Constitución sino en los más amplios tratados de DDHH internacionales y con jerarquía constitucional.
Hago mías y de todos los Argentinxs las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández allí donde nos dijo que “ningún ciudadano por más PODEROSO que sea, puede asumir que otro es CULPABLE sin que haya un debido proceso y una sentencia judicial FIRME (…) cuando se PRE-SUPONE la culpabilidad de una persona se está vulnerando no sólo la presuncion de INOCENCIA sino también los conceptos más profundos del Estado de Derecho… “.
En el “Caso Casco” costaría decir que hubo un DEBIDO PROCESO, y obviamente no existe una sentencia firme.
Seguimos apelando a la concordia y el respeto por las instituciones.
Como siempre, la única petición es SER OÍDOS y que el lector investigue y haga conjeturas sabiendo de que se trata y sin que los prejuicios nublen sus conclusiones.
Este breve artículo que con generosidad, humanidad y profesionalidad nos brinda ZONACRITICA es muestra de esa petición.
Fdo: Hugo Alvarez
Hugo, agradezco tu respeto. Como sabrá, hay cosas en las que no coincido, pero aquí está publicada toda tu opinion, sin censura. Esperaremos el juicio atentos. Saludos.