El jefe narco Julio Andrés «Peruano» Rodríguez Granthon, Alejo Leiva, Facundo López y Brian Álvarez fueron condenados por haber conseguido el auto utilizado por los sicarios
Parte de la trama del asesinato del pastor y ex concejal Eduardo Trasante quedó esclarecida durante el juicio oral y público que este viernes concluyó con cuatro condenas a prisión perpetua. Como padre de dos chicos asesinados en distintos contextos de violencia urbana, se había convertido en un referente de los reclamos por justicia junto a otros familiares de víctimas. El 14 de julio de 2020 dos hombres, todavía no identificados, entraron a su casa y lo mataron a balazos por motivos que también se desconocen. Sí quedó claro que un preso por narcotráfico en una cárcel federal movió los hilos para que tres personas se ocupen de conseguir un auto robado y ponerlo a disposición de los sicarios que ejecutaron el crimen.
Desde la mañana de este viernes, la plaza cívica del Centro de Justicia Penal fue poblándose con los militantes de Ciudad Futura, el partido político en el que Trasante militó y al que representó con una banca en el Concejo durante un año. Pasado el mediodía el tribunal compuesto por los jueces Ismael Manfrín, Pablo Pinto y Paola Aguirre leyó el veredicto. Luego de más de un mes de audiencias -feria judicial mediante- del juicio oral iniciado a fines de noviembre pasado, cuatro personas fueron condenadas a prisión perpetua.
Julio Andrés «Peruano» Rodríguez Granthon, preso como jefe narco en la cárcel federal de Marcos Paz, fue señalado como quien encargó comprar el auto robado que iban a utilizar los sicarios que matarían a Trasante. De esa logística se ocuparon Alejo Leiva, Facundo López y Brian Álvarez. Los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery sostuvieron la acusación con la hipótesis de que todos coordinaron las acciones necesarias para que se concretara el asesinato del ex concejal sabiendo que ese era el objetivo. Todos fueron condenados como coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. En el caso de Leiva y Álvarez se les agregó el encubrimiento.
Luego de la sentencia el fiscal Edery manifestó estar «muy conforme con el resultado». Además explicó que, con este fallo, los condenados son considerados autores del homicidio aunque aún no hayan sido identificados los sicarios. En ese sentido adelantó que durante el juicio trascendió información sobre una posible hipótesis que conduzca a una de las personas que aquella tarde ingresó a la casa de Trasante. «Durante el juicio surgieron algunas líneas, puntualmente sobre una persona muy concreta. Vamos a continuar la investigación y a realizar las presentaciones correspondientes para que se pueda profundizar», sostuvo.
Dos tiros
El crimen fue el 14 de julio de 2020, con un panorama atípico por el aislamiento social obligatorio en plena pandemia de Covid19. Cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento en el que, a las 14.42, un Peugeot 308 blanco con una puerta abollada frenó por unos segundos frente a la casa de Trasante de San Nicolás al 3600. El auto continuó unas cuadras hasta frenar en un pasaje, donde bajaron dos personas que regresaron a pie a la vivienda del pastor.
Una vez en la puerta llamaron y atendió una hija de Carolina, la pareja de Trasante, que como no los reconoció volvió y le avisó a su madre. La mujer fue a atender y ahí le preguntaron por «el Edu», para luego decirles que iban de parte de una hija del ex concejal a la cual mencionaron por su apodo. Al abrir la puerta, Carolina fue encañonada y los sicarios ingresaron por la fuerza.
La secuencia fue relatada por Carolina durante el juicio. «A vos y a tus hijos no les va a pasar nada», le dijo uno de los sicarios una vez que estaban dentro de la casa. Trasante estaba en la planta alta. «Llamalo, hacelo que baje», le pidieron a ella. «Eduardo ¿podés venir?», acató Carolina. Cuando el pastor se asomó por las escaleras apenas alcanzó a bajar unos escalones, se agachó para asomarse y en ese momento le dispararon.
«Ey, Edu», dijo Carolina que uno de los sicarios pronunció antes de gatillar. Ese balazo impactó en una mano de Trasante, que tal vez por reflejo había alcanzado a levantarla a la altura de su cara. Un segundo disparo, inmediato, le pegó en la cabeza. «Él cayó automáticamente debajo de un escritorio que teníamos al pie de la escalera», recordó la mujer.
El auto, la pista
El Peugeot 308 en el que se movieron los sicarios fue hallado el 15 de julio en Barcala al 4600, a casi 6 kilómetros al sudeste de la casa de Trasante. Había sido robado la mañana del 10 de julio en Juan XXIII al 1600. Con los indicios conseguidos a partir de ese hallazgo se produjeron allanamientos y se secuestraron celulares que fueron peritados. De esos dispositivos surgieron conversaciones, mantenidas antes y después del homicidio, que conectaron a las cuatro personas condenadas.
Brian «Buba» Álvarez fue considerado por los fiscales como quien adquirió el auto robado y luego, tras recibir un audio de WhatsApp de Rodríguez Granthon, acordó la entrega con Facundo López. «Yo te espero acá. Rouillón y Garibaldi, cumpa», le avisó el 11 de julio. Para los acusadores Álvarez siempre supo que el vehículo se iba a utilizar en el asesinato de Trasante, para el cual había un ofrecimiento de medio millón de pesos para los autores.
López, según los fiscales, adquirió el auto el 11 de julio a las 22.30. Después, por pedido de Rodríguez Granthon, se ocupó de guardarlo y más tarde de hacérselo llegar a los homicidas. Alejo Leiva, en tanto, fue acusado de enviar fotos del domicilio de la víctima, lo que para los acusadores significó un «eje fundamental del plan criminal». Leiva, según explicaron, conocía a la familia Trasante desde hacía tiempo por vivir en el barrio.
Mensajes
El 13 de julio, un día antes del crimen, envió una serie de imágenes a un destinatario no identificado en la investigación. Las primeras fueron del frente de la casa de Trasante con un círculo que puntualizaba el ingreso, las otras dos eran imágenes de carteles con mensajes que para los fiscales buscaban desviar la investigación. Todo fue ordenado y seguido desde la cárcel por Rodríguez Granthon.
Los cuatro habían sido acusados por los fiscales con la figura de homicidio doblemente calificado por ser cometido a cambio de dinero y con el acuerdo previo de más de dos personas, además de encubrimiento, por lo cual habían solicitado la pena de prisión perpetua. La querella representada por las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini en nombre de Carolina compartieron la condena solicitada aunque entendieron que los acusados habían sido coautores funcionales.
Militantes de Ciudad Futura, el partido político al que pertenecía Eduardo Trasante, frente al Centro de Justicia Penal donde se lleva a cabo el juicio.
Militantes de Ciudad Futura, el partido político al que pertenecía Eduardo Trasante, frente al Centro de Justicia Penal donde se lleva a cabo el juicio.
A 42 meses del asesinato de Eduardo Trasante los autores materiales del crimen no fueron identificados. Como así tampoco se conoce el motivo que llevó a esas dos personas a cometer un asesinato que se sospecha que fue por encargo y por el cual hubo una paga. Lo cierto es que por tratarse de una figura pública generó una fuerte conmoción institucional y en el ámbito de la militancia, que encabezó el reclamo de justicia junto a la ex pareja de Trasante.
Valoraciones del tribunal
¿Quién mató a Eduardo Trasante?, preguntó el juez Pinto antes de la lectura del veredicto. «Esta interpelación no solo marcó la actividad de las partes durante la investigación sino que también fue la incógnita que circundó en esta sala de audiencias durante la tramitación de todo el juicio oral», continuó el magistrado. En su consideración, en representación del tribunal, consideró al asesinato del ex concejal como un «acto sanguinario».
«La complejidad del caso traído a decisión no radica en el tipo penal escogido por las partes acusadoras, ni en los actores judiciales intervinientes, como así tampoco por la víctima de este hecho, tal como ha tratado de hacer ver alguna defensa», sostuvo Pinto. «Por el contrario, la complejidad viene dada por la esencia misma del hecho, esto es: un conjunto de acciones con finalidad homicida, repartidas entre varias personas y cuyas pruebas valoradas en conjunto acreditarían, conforme lo sostenido por las acusaciones en sus alegatos de clausura, la responsabilidad penal de cada uno de los enjuiciados», agregó.
En relación al móvil del crimen, desconocido todavía, el juez indicó que «no se ha hallado entre la profusa prueba producida un mensaje con una orden escrita y concreta en la cual se pruebe la confabulación para matar». «Pero lo cierto es que el proceso penal santafesino no cuenta con el instituto de la prueba tasada y muy por el contrario, consagra a la sana crítica como un mecanismo de valoración de lo producido en juicio, lo que permite que Jueces y Juezas podamos analizar el hecho y la prueba rendida en debate», explicó en ese sentido.
Para el tribunal «los acusadores han logrado acreditar casi en su totalidad sus hipótesis». Así, consideraron que quedó probado que Rodríguez Granthon compró el vehículo utilizado por los sicarios, así como la participación de Álvarez, López y Leiva. «Hemos advertido lo enmarañado de sus vínculos y el plan común dentro del cual cada uno desarrolló su aporte a partir de los roles asumidos y decididos», indicó Pinto.
A su turno la jueza Paola Aguirre fue tajante: «El tribunal valorará el resultado de esa actividad no por presión mediática, por presión social, por discriminación, por demagogia punitiva o teatralización kafkiana». «Sino porque en un Estado de derecho todo lo actuado en un juicio oral y público debe atravesar sin contradicción el prisma constitucional y destruir de esa forma el estado de inocencia imperante», agregó. Luego leyeron la sentencia que marcó un capítulo más en la historia reciente de la ciudad.
Fuente: La Capital
