El Tribunal Oral Federal sentenció a ocho años de prisión a Beatriz Miño, por haber explotado sexualmente a una chica en la ruta nacional Nº 19, entre enero y abril del 2015. La víctima tenía que recaudar $1500 por día y entregarle la «ganancia» a su captores, consignó en su edición de hoy el diario UNO
Un calvario, así podría definirse lo que vivió E.E.F, una joven santafesina que durante cuatro meses fue obligada por una pareja a prostituirse en el kilómetro 2,5 de la ruta nacional 19, entre enero y abril del 2015. Por el caso, fue condenada esta semana una mujer en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, mientras que un hombre espera el juicio próximamente.
Un caso que demuestra hasta dónde puede llegar el delito de trata de personas en la región y qué daños puede provocar en una mujer.
Vulnerabilidad extrema
En diciembre del 2014, la víctima tenía 22 años y tres hijos –dos de dos años y una bebé de tan solo meses– que cuidar. Vivía sola en una vivienda muy precaria de Santo Tomé luego de haberse ido del barrio Centenario, lugar de donde es oriunda.
La joven no tenía trabajo, situación que dificultaba aún más ser el sostén de sus hijos, ya que su único ingreso era la Asignación Universal por Hijo y algunos beneficios que podía obtener de la Tarjeta Única de la Ciudadanía.
Quizás por esta razón, pensó ponerle punto final a esos problemas. Para lograr eso decidió irse a vivir a la casa de una pareja, sin imaginar que lo peor estaba por llegar a su vida y a la de sus hijos: conocer a Marcela Beatriz Miño y Aníbal Romero.
El comienzo de todo
En la Navidad de ese año, la joven pasó los festejos con la pareja y sus hijos. En ese momento, Miño vio que la muchacha se encontraba sola y en condiciones extremas de pobreza. Fue por ello que la invitó a vivir con ella y su pareja en su vivienda de Castelli al 4000, de Villa Adelina, en Santo Tomé. La propuesta convenció a la joven y a los pocos días se mudó al domicilio.
Al llegar a la vivienda tuvo alojamiento pero a cambio de eso, la pareja le dijo que debía tener que «trabajar» y aportar dinero para seguir residiendo allí. En consecuencia, el 10 de enero del 2015 la pareja la llevó hasta el kilómetro 2,5 de la ruta nacional 19 y la dejó allí con el propósito de que recaude, a través de la prostitución, una suma de $1.500 por día. Esa misma acción se repitió durante cuatro meses, de lunes a domingo y bajo un estricto control.
La víctima no podía escapar ya que sus tres hijos, o alguno, quedaba en manos de Miño, la cual a su vez los golpeaba y amenazaba de muerte. En tanto, tampoco podía comunicarse con ningún allegado ya que sus captores le prohibían usar el teléfono celular. Todo parecía indicar que su vida iba a quedar inmersa en un calvario, pero en abril pudo escapar.
Escape y secuestro
El 24 de abril, la muchacha logró quedar sola con sus hijos en la vivienda en momentos en que la pareja se retiró. Aprovechó el momento y escapó hacia una parada de colectivos y logró tomar un colectivo con destino a Santa Fe.
Cuando Miño y Romero llegaron al domicilio, vieron que la joven ya no estaba, por lo que comenzaron a buscarla. Dicha búsqueda culminó el 29 de abril, cuando fue interceptada en Santo Tomé, en momentos en que la joven se encontraba junto a un amigo. En ese momento, fue obligada con un arma de fuego a subirse a una camioneta, propiedad de Romero. Retenida y privada de su libertad, la víctima fue llevada hasta el domicilio de Castelli al 4000 y fue encerrada, sin comida ni bebida, con el fin de que retire la denuncia que había realizado contra Miño y Romero.
Aquella represalia iba a durar tan solo dos días, debido a que el 31 de abril logró nuevamente escapar de la vivienda. Días después volvió a denunciar a sus captores en las comisarías 2ª y 7ª de Santa Fe. A su vez, denunció todo lo vivido de manera telefónica al número 145, el cual pertenece al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. A partir de allí, tomó intervención la Justicia federal, la cual ordenó la detención de Miño, quien por aquel entonces ya contaba con un arresto domiciliario por otro delito.
Ella fue condenada y él todavía espera
Con una serie de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, el fiscal general del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, acusó a Miño por ser autora del delito de trata de personas, agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas, abuso de la situación de vulnerabilidad y por la consumación de la explotación sexual.
En consecuencia, el funcionario judicial solicitó una pena de ocho años de prisión. En contraposición, el defensor público oficial, Fernando Sánchez, pidió la absolución de Miño.
Tras dos días de debate, el tribunal compuesto por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, resolvió condenar a la imputada a ocho años de prisión domiciliaria.
Al igual que Miño, Romero espera el juicio en el TOF, después de haber caído en una causa que investiga un robo en la Justicia provincial. De todas maneras, se encuentra procesado por el Juzgado Federal, en su etapa de instrucción, y próximamente será juzgado por la misma causa en la que su pareja fue condenada.
Trata, un homicidio y drogas
Aníbal Romero, imputado por la Justicia provincial por un robo e imputado en la causa de la joven explotada sexualmente en la ruta nacional Nº 19, es el hermano de Diego Romero, un hombre de 33 años asesinado a balazos el 17 de marzo en Castelli al 4600, a cuatro cuadras de donde vivió el calvario la joven de 22 años.
Aquella muerte trajo a colación dos líneas investigativas. Una vinculada a la muerte de Romero y otra que determinó el inicio de una causa por drogas.
En aquel entonces, la pesquisa por el homicidio dio con una pista de que en una vivienda estaba posiblemente el presunto autor del hecho. Cuando los efectivos policiales arribaron a la humilde morada, notaron cierto nerviosismo en un hombre y además pudieron ver que dentro de la vivienda había algunos envoltorios con posibles estupefacientes.
En consecuencia, arribaron al lugar los agentes antinarcóticos de la Brigada de Drogas y también agentes de la Policía Federal Argentina de la delegación Santa Fe. En el procedimiento se halló en total 16 gramos de clorhidrato de cocaína y una cantidad de 800 gramos de marihuana y además un arma de fuego calibre 9 milímetros.
