El juicio es a seis imputados por la persecución a militantes antes y después del golpe. Cuatro son policías federales.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzará a juzgar mañana, a las 9.30, a seis imputados por la persecución política a militantes del PRT, antes y después del golpe de 1976. Uno es el teniente coronel Héctor Melitón Martínez que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122; cuatro integraron un grupo de tareas de la Policía Federal (el comisario inspector Rodolfo Gómez Trintinaglia, el sargento Ricardo Olivera y los cabos Víctor Stahlberg y Elbio Eduardo Píccolo) y el sexto es un cabo de la Policía de Santa Fe, Lucindo Delio Benencia, que estaba al servicio del Ejército en el traslado de detenidos. Martínez ya cumple una condena a 12 años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a tres militantes políticos, desde mayo de 2019. Pero la patota de la Federal es la primera vez que responderá por los “homicidios” de dos de los perseguidos, Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López que tenía 17 años, el 27 de febrero de 1976 y otros crímenes aberrantes. El debate pondrá en foco a dos centros clandestinos de detención que estaban a la vista: la ex delegación de la Policía Federal (en calle 1º de Mayo 2064), al lado del Ministerio de Salud de la provincia y a cien metros de la Municipalidad de Santa Fe. Y la ex sede de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), en calle San Martín 1309, frente al Convento de San Francisco, a una cuadra de la Casa Gris. El 27 de junio y a pedido del fiscal Martín Suárez Faisal, se realizarán inspecciones judiciales en ambos sitios, que serán las primeras en un juicio de lesa humanidad, a pesar de que el ex cuartel del microcentro fue señalizado en marzo de 2014 y la ubicación del segundo, que era un interrogante, se develó en la investigación.
El juicio demandará cuatro meses, a razón de una audiencia por semana, los días miércoles. Está previsto que declaren 47 testigos y el veredicto podría conocerse el 21 de setiembre.
El cronograma prevé tres inspecciones judiciales. La primera, el 15 de junio, en calle Primera Junta, entre Saavedra y San Lorenzo, solicitada también por el fiscal Suárez Faisal, en el escenario del operativo que le costó la vida a Cattáneo y a López y donde fueron secuestrados sus compañeros Eusebio Cabral, Carlos Courault y María Inés Gutiérrez, el 27 de febrero de 1976. Las otras inspecciones serán el 27 de junio en la ex sede de la Policía Federal y en la ex sede gremial de UDA, a pocos metros de la Casa de Gobierno.
En el juicio se acumularon dos investigaciones. Una comenzó con la desaparición del responsable político del PRT, Roberto Ismael Sorba, el 22 de enero de 1976 y siguió con la persecución a sus compañeros, antes del golpe. Y la segunda es un operativo contra otro grupo de militantes del PRT oriundos de Reconquista. Rafael Niemes, Alba Acosta, Rubén Viola, Mónica Martínez, Aníbal Sánchez y Carlos Echegoy fueron secuestrados en Santa Fe, Rafaela y Villa Soldati, en octubre y noviembre de 1976. Los seis pasaron por el circuito del terrorismo de estado: el Servicio de Inteligencia de la Policía de Santa Fe (D2), en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert; la ex sede de la Policía Federal (en 1º de Mayo 2064) y la Comisaría Cuarta. Pero en diciembre de 1976 estuvieron desaparecidos alrededor de diez días en una propiedad de la provincia que Mónica Martínez y su ex esposo ya fallecido pudieron identificar porque vieron afiches de UDA y estaba frente al Convento de San Francisco. El fiscal Suárez Faisal dijo que la casa era un “centro de operaciones policiales ubicado en calle San Martín 1309 de esta ciudad, lugar donde antes funcionaba la Unión de Docentes Argentinos”.
El fiscal Suárez Faisal ordenará una seire de allanamientos más para la causa
El Ministerio Público definió los hechos que forman parte del “plan criminal” del terrorismo de estado que se debatirán en el juicio:
* La desaparición de Roberto Ismael Sorba el 22 de enero de 1976.
*La privación ilegal de la libertad y tormentos de Enrique Fumeax, Eugenio Acosta, Ricardo Rivero, Horacio Amado Martínez, Néstor Bustos y Cristina María Pot, entre el 16 y el 24 de enero de 1976.
*Los homicidios de Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López y los secuestros y torturas de Eusebio Cabral, Carlos Courault y María Inés Gutiérrez, el 27 de febrero de 1976.
*El calvario de los militantes peronistas José María Ramat, Carlos Alberto Gorosito y Oscar Roberto Figueredo, detenidos el 31 de marzo de 1976, desaparecidos un mes y medio en la comisaría Primera, donde los sometieron al régimen del hambre y recién los legalizan el 11 de mayo.
*El asesinato de Juan Clemente Chazarreta, en la comisaría Primera, donde estuvo secuestrado desde el 13 de mayo de 1976 y lo torturaron hasta morir, el 4 de junio. Un crimen que se intentó ocultar bajo el simulacro del suicidio. “Pajarito” era perseguido desde que despidió en el cementerio de Santa Fe a su amigo del PRT, Jorge Ulla, asesinado en la masacre de Trelew, en 1972.
*Los secuestros de Rafael Niemes, Alba Acosta, Rubén Viola, Mónica Martínez, Aníbal Sánchez y Carlos Echegoy, en octubre y noviembre de 1976 y los tormentos que padecieron en los centros clandestinos.
Las imputaciones
El teniente coronel Héctor Melitón Martínez está acusado por la “privación ilegítima de la libertad agravada” de uno de los perseguidos del PRT, Horacio Amado Martínez, el 23 de enero de 1976. Su nombre quedó registrado en el libro de guardias de la comisaría Cuarta como uno de los interrogadores de su homónimo detenido.
Los cuatro de la Policía Federal: el comisario inspector Gómez Trintinaglia, el sargento Olivera y los cabos Stahlberg y Piccolo están imputados por los “homicidios agravados” de Cattáneo y López y las “privaciones ilegítimas de la libertad agravada” de Cabral, Couralt y María Inés Gutiérrez, que estaba embarazada. El grupo de tareas estaba integrado por catorce efectivos que se movilizaban en dos automóviles Ford Falcon y una pick Dodge doble cabina. Y el mismo día del operativo, 27 de febrero de 1976, el jefe de la Policía Federal en Santa Fe, comisario Julio César Fuentes, ascendió a nueve suboficiales de esas tres brigadas al grado inmediato superior, entre ellos Olivera, Stahlberg y Piccolo, en mérito a lo que llamó un “acto distinguido del servicio”.
El cabo Lucindo Delio Benencia debe responder por la “privación ilegítima de la libertad agravada” de Juan Clemente Chazarreta. En este caso, estaba imputado por el crimen uno de los jefes de la comisaría Primera, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, a quien el Ministerio Público acusó por “tormentos seguido de muerte” que tiene la misma pena que el homicidio. Ferreyra falleció en marzo de 2021, mucho antes del juicio en el que lo acusaban por los secuestros y torturas a los seis militantes del PRT de Reconquista.
Fuente: Página 12
