El juez Bailaque consideró que un grupo de personas, entre ellas la hija del empresario asesinado, Virginia Oldani, son penalmente responsables de los hechos que se les imputaran en sus indagatorias.
El juez federal hizo lugar al pedido del fiscal Walter Rodriguez y procesó también a María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo,
“En cuanto a la calificación legal de los hechos endilgados a los encartados, entiendo que encuadran en la figura prevista y penada por el artículo 310 del CP que reza: ‘Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. ….’”.
En otra parte del fallo se señala que “cabe destacar que la conducta ilícita que reprime el presente tipo penal, ya se encontraba reprimida en el art. 19 de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, refiriéndose al ejercicio de la actividad financiera realizada por aquellos sujetos que no cuentan con la autorización pertinente de la autoridad monetaria. El bien Jurídico tutelado por la norma es el orden económico y financiero, entendido éste como la integridad del sistema financiero, que dependiendo de las características del caso, puede sufrir un impacto por esta operatoria ilícita”.
La causa se inició el año pasado por una denuncia del entonces ministro de Seguridad de la provincia Marcelo Saín por presunta intermediación cambiaria no autorizada, apuntando a la actividad del empresario asesinado en febrero de 2020. Luego de discutirse la competencia la justicia federal quedó a cargo de la pesquisa sobre posibles delitos económicos. En ese marco, el fiscal Walter Rodriguez, que tuvo delegada la investigación, descubrió una importante cantidad de prueba para corroborar en esta parte de la causa una profusa actividad de cambio de divisas, transacciones no autorizadas dentro y fuera del país, plazos fijos o préstamos cortos, en todos los casos las ganancias eran muy altas.
