El fiscal federal se manifestó en contra de postergar las convocatorias para el mes de octubre y solicitó la nulidad de la resolución. Rodríguez insiste que pueden tomarse por videoconferencia.
La causa que investiga la megaestafa de Bolsafé Valores a cientos de ahorristas enfrenta una nueva dilación para el tramo que intenta deslindar las responsabilidades de personas que ocuparon cargos de jerarquía en el Mercado de Valores del Litoral, la entidad encargada de controlar el funcionamiento de Bolsafé. Doce personas se encuentran imputadas, aguardando la declaración indagatoria que fue solicitada por el fiscal federal, Walter Rodríguez, hace más de dos años y medio, de acuerdo a lo publicado por el sitio web Aire de Santa Fe
Hace 15 días, el juez subrogante Marcelo Bailaque (a cargo del Juzgado Federal N°2) resolvió postergar una vez más las citaciones que estaban fijadas para los primeros días de junio, hasta el mes de octubre. Tal resolución fue por el que el magistrado se basó en la existencia de las medidas sanitarias adoptadas por decretos de los poderes ejecutivos nacional y provincial, “a los efectos de preservar la salud de las personas citadas a comparecer, sus representantes y los trabajadores y trabajadoras de este juzgado”.
Los imputados Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares, José Luis Renzulli, Luis Ángel Puig y Alfio Martín Re debían presentarse los días 2 y 3 de junio, y sus citaciones fueron postergadas para los días 6 y 9 de octubre. En tanto, los días 9 y 10 de junio habían sido citados María Soledad Platino, Alex Castelví, José María Candioti, Alfredo César Calabrese, Juan Luis Catuogno y Walter Fabian Bernacchi, y se reprogramaron sus declaraciones para los días 13 y 14 de octubre.
El fiscal Rodríguez y miembros de la investigación en una inspección a Bolsafe.Ante esta resolución, el fiscal Rodríguez presentó un planteo de nulidad a Bailaque, por considerar que su resolución de postergar las audiencias atenta contra el debido proceso legal que, entre otros aspectos, “requiere su tramitación en un plazo razonable”, para beneficio de las víctimas y de los imputados. El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que “en estos autos (causa) se investigan numerosas defraudaciones a cuanto menos 408 víctimas que sufrieron un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto no actualizado equivalente a 251.036.455 de pesos, perpetradas a partir de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada del mercado bursátil agravada por el uso de medios de difusión masiva; sumado a que los activos apropiados por los encartados fueron luego objeto de operaciones de lavado de activos provenientes de delitos precedentes que fueron sometidos a la jurisdicción del TOF de Santa Fe”. De esa forma, esta etapa de la investigación se vincula justamente con la participación de los integrantes del Mercado de Valores del Litoral en ese hecho delictivo
Postergaciones
En septiembre del 2018, el fiscal Rodríguez, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Procuración General de la Nación, solicitó el llamado a indagatoria para los integrantes del Mercado de Valores del Litoral. A finales de diciembre de ese año, el juzgado federal interviniente ordenó la primera convocatoria. Sin embargo, las audiencias no se concretaron por un planteo de dos abogados defensores, que desembocó en una serie de intervenciones y resoluciones de la Cámara Federal de Rosario. Finalmente, el 9 de octubre del 2020 un tribunal de alzada confirmó la resolución por medio de la cual se rechazó el planteo de prescripción penal efectuado por la defensa, y en febrero de 2021 el magistrado volvió a fijar fechas de audiencias para recibir indagatoria de los imputados conforme un cronograma cuyo inicio se postergó hasta el mes de junio. Ahora se vieron nuevamente aplazadas hasta octubre. “Casi tres años después de la primera convocatoria”, destacó Rodríguez en su escrito de nulidad. “Estamos en presencia de un acto que consolida una clara violación del plazo razonable de prolongación del proceso penal, más allá de la emergencia sanitaria”, sostuvo Rodríguez, ya que “cotidianamente se producen audiencias de este tenor en esta y otras jurisdicciones con similares condiciones de salubridad”, remarcó. Rodríguez recordó que el motivo esgrimido para reprogramar las audiencias fue el cuidado de la salud de todos los intervinientes en el desarrollo de las mismas, y en este sentido destacó que ya en abril de 2020 sugirió que se implementen herramientas tecnológicas mientras transcurra la emergencia sanitaria, a fin de poder tomar declaraciones indagatorias sin poner en riesgo la salud. Finalmente, el fiscal sostuvo que la decisión de postergar las audiencias indagatoria en base a la situación de emergencia sanitaria “importa una nueva postergación injustificada del proceso, ya que el juzgado interviniente cuenta con una alternativa tecnológica que no trae aparejada riesgos para la salud de los intervinientes y que ya se ha aplicado en otras causas”.
