Las medidas se dispararon este viernes y alcanzan a un financista, un abogado y una mutual. Secuestraron celulares. La declaración de Vaudagna y el pedido de Bullrich presionan al Consejo de la Magistratura.
La declaración y condena como arrepentido del ex director de AFIP Carlos Vaudagna fue tan estruendosa como misteriosa. Pero empezaron las consecuencias y este viernes hubo nuevos allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Rosario en las derivaciones de la investigación contra el juez Marcelo Bailaque que alcanzaron a un empresario, una mutual y un abogado.
Los operativos fueron solicitados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y ordenados por el juez de Garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz. No había órdenes de detención pero sí de requisas y secuestros.
Las implicancias aún no se conocen. Con mucho hermetismo pero con un vistoso operativo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpieron este viernes en las casas particulares del financista Fernando Whpei en Santiago y Córdoba, en la casa-estudio del abogado rafaelino Guillermo Zenklusen (especialista en Derecho Tributario) y en la Mutual Unión Provincial de Sarmiento y Santa Fe, frente a El Cairo.
No había órdenes de detención pero sí de requisas y secuestros. Las fuentes oficiales consultadas por Cadena 3 no confirmaban ni rechazaban que una nueva declaración, secundaria a la de Vaudagna, hubiese originado las medidas.
Se dieron además sobre el fin de la semana en la que autorizaron y definieron la apertura de los celulares y dispositivos secuestrados a fin de 2024 al juez federal Bailaque, el principal investigado en maniobras de corrupción activas. En el caso del financista mencionado, se trataría de una relación personal estrecha.
Si bien de Bailaque se conocen las acusaciones por haber sido enunciadas por los fiscales del Ministerio Público de la Nación, no quedó formalmente imputado. Diversos recursos de abogados que dijeron representar a otros implicados dilataron el proceso. De hecho, continúa prestando funciones como juez en el edificio de Oroño al 900.
Sucede que el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene potestad para suspender o destituir a los jueces, no se conforma, no se reúne y no termina de avanzar.
La semana pasada, en Cadena 3 Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reclamó celeridad. «Los narcos no pueden ir ante un juez sobre el que saben que va por la plata y no por la ley. Es fundamental que el Consejo de la Magistratura tome una decisión urgente», dijo.
Consultada sobre si Bailaque debe ser destituido, respondió: «No tengo la menor duda, los que se pasaron de bando se tienen que ir. La investigación está en secreto pero lo que digo tiene fundamento». Sobre el mediodía de este viernes, las medidas continuaban en Rosario y Rafaela.
Las investigaciones, a esta altura, son múltiples: vínculos del juez y participación en hechos de corrupción alrededor de las elecciones en la aseguradora San Cristóbal, la situación personal del directivo Omar Scarell de Vicentín, una causa sobre fondos de la Cooperativa de Herme Juárez en el Cordón Industrial, la dilación en allanamientos al narco Esteban Álvarado y su vínculo con el contador Gabriel Mizzau, entre otros.
Fuente: Cadena 3
