El ex juez federal de la dictadura fue condenado en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad. Un fallo del TOF le dio el beneficio de la domiciliaria pero la Corte lo revocó.
El lunes 20 de diciembre comenzará el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad al ex juez Víctor Brusa, ya condenado en los tres anteriores –en 2009, 2014 y 2017- a una pena unificada de 23 años de prisión que hoy cumple en su casa, aún cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó su libertad domiciliaria y ordenó dictar un nuevo fallo. Lo juzgará el Tribunal Oral de Santa Fe integrado por tres jueces de Rosario: Mario Jorge Gambacorta –que lo presidirá-, Germán Sutter Schneider y Eugenio Martínez Ferrero por “apremios ilegales” a tres militantes peronistas: Carlos Chiarulli, Luis Eduardo Baffico y Francisco “Pancho” Klaric, durante la dictadura. Chiarulli y Baffico lo denunciaron por judicializar las declaraciones que les arrancaron bajo tortura en un centro clandestino conocido como «La casita», en las afueras de Santa Fe. “No hay apremios ilegales en la Argentina y si querés saber lo que son los apremios ilegales te llevo a la pieza de al lado”, les contestó Brusa. A Klaric lo presionaba para que involucre al ex líder de UPCN, Alberto Maguid en la organización Montoneros y –años después- en diciembre de 1983, cuando Klaric denunció el hecho ante el juez federal Héctor Tripicchio, Brusa –que era el secretario del Juzgado- interrumpió la audiencia de manera intempestiva. Tripicchio le pidió que se retirara, pero antes de salir del despacho gritó: “¡Con ustedes, la próxima vez se termina en la primera noche!”. Klaric solicitó al juez que dejara constancia en el acta.
El juicio concluye una investigación que se inició hace once años, en setiembre de 2010, con las denuncias y testimonios que se escucharon en el primer proceso a Brusa y a otros represores, que finalizó en diciembre de 2009. La causa fue elevada al Tribunal Oral en noviembre de 2018, hace tres años. En enero y febrero de 2019 se excusaron los tres jueces de Santa Fe: José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella, que ya se jubiló- por su relación con Brusa. El Tribunal se integró entonces con sus colegas de Rosario: Gambacorta, Sutter Schneider y Martínez Ferrero, así que el debate oral comenzará recién en dos semanas. Los tiempos de la justicia.
Brusa ya fue sentenciado en los tres juicios: en 2009, a 21 años de prisión por “apremios ilegales” a ocho militantes políticos: Anatilde Bugna (hoy subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia), Stella Vallejos, Alba Sánchez, Daniel García, José Schulman (líder nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), Mariano Millán y Roberto Cepeda. En 2014, a siete años de prisión por “asociación ilícita”. Y en 2017, a tres años de prisión por “apremios ilegales” a otro militante de la Juventud Peronista, Daniel Gatti. Si se sumaran las tres condenas, totalizarían 31 años de cárcel, pero los jueces las unificaron en 23 años.
En los juicios de 2009 y 2017, las acusaciones fueron por “apremios ilegales” en nueve casos, el mismo cargo por el que se lo juzgará a partir del 20 de diciembre en los otros tres (Klaric, Chiarulli y Baffico). Once, hasta ahora.
En paralelo al debate, el Tribunal Oral de Santa Fe –con otra integración- deberá dictaminar nuevamente sobre la detención domiciliaria de Brusa. El 28 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el beneficio que le había otorgado la Cámara de Casación Penal (Sala 2) en diciembre de 2018 –en un trámite escandaloso- y ordenó dictar un nuevo fallo. Esta semana, la misma Sala 2 remitió el incidente al Tribunal de Santa Fe para que cumpla la orden de la Corte, aunque ya sin la firma de los dos jueces de la Cámara, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, que beneficiaron a su ex colega, que hoy cumple su condena, a media cuadra del Juzgado Federal.
El trámite ya cumplió cinco años. En noviembre de 2016, la defensa solicitó la libertad domiciliaria de Brusa con el argumento de que en la cárcel de Las Flores no podía “recuperarse” y “tratar su patología”. En setiembre de 2017, el Tribunal de Santa Fe –en una resolución de la jueza de ejecución Lilia Carnero- rechazó el planteo por falta de pruebas. “No corresponde conceder el beneficio, en razón de que su cuadro de salud puede ser tratado en su lugar de detención por los médicos del Servicio Penitenciario y por su psiquiatra personal”, explicó la magistrada. Sin embargo, en diciembre de 2018, la Sala 2 de Casación (con los votos de Ledesma y Yacobucci) revocó el fallo de Carnero y concedió la domiciliaria a Brusa, no por su estado de salud, sino porque su ex colega había cumplido 70 años el 13 de agosto de ese año. Brusa salió de Las Flores dos semanas antes de Navidad.
El 28 de octubre, la Corte anuló la libertad domiciliaria de Brusa por mayoría, en un voto conjunto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. El presidente del tribunal Horacio Rosatti no votó –el acta no dice por qué-, aún cuando sí constan otros votos, antes y después del caso Brusa. Y el vice Carlos Rosenkrantaz lo hizo en disidencia al proponer que se “desestime” la queja del procurador general de la Nación interino Eduardo Casal por “inadmisible”.
El 30 de noviembre, la Sala 2 remitió el incidente al Tribunal de Santa Fe para que dicte un nuevo fallo en línea con la doctrina de la Corte, que obliga a “neutralizar toda posibilidad de fuga” y cumplir el compromiso internacional del Estado argentino de “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
