El Gobernador, por decreto, le aceptó la renuncia al Fiscal regional y desechó la condición que había interpuesto el funcionario del Ministerio Público, que pretendía continuar dentro del sistema judicial santafesino.
El gobernador santafesino se tomó casi un mes para evaluar el texto de renuncia del fiscal regional Ricardo Fessia, quien el 15 de octubre pasado había dimitido esgrimiendo problemas de salud y fatiga, pero condicionando su apartamiento a la posibilidad de beneficiarse con un cargo relevante dentro del sistema judicial santafesino.
El decreto, que además lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Lewis, repasa una serie de pedidos hechos por el primer mandatario al Fiscal General, a la Legislatura y a la Fiscalía de Estado.
El Jefe de los Fiscales Julio de Olazábal informó que hay en la jurisdicción tres denuncias contra Fessia que están tramitándose en las fiscalías de grado. También la Comisión de acuerdos de la Cámara de Diputados informó que no existen en dicha comisión pedido de remoción del solicitante.
Pare el Gobernador la renuncia debe aceptarse de manera “pura y simple”, pues la condición a la que pretendió llegar Fessia “resulta contraria al ordenamiento”.
Fessia pretendía ser beneficiado por el artículo 1 de la ley 13.172 que permite a los funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo en los cargos de fiscales regionales o Fiscal General ser nombrados fiscales de distrito en caso de finalización de mandato, excepto por remoción o renuncia mientras dure ese proceso. Bonfatti entonces recordó el texto del Mensaje 3769 que fue el que luego la Legislatura aprobó dando creación a las nuevas estructuras del Ministerio Público Fiscal y que, según el cual la garantía que se incorporaba refería a los supuestos en que el cese se producía por vencimiento de mandato. “Parece obvio que la intención de los legisladores no fue la de garantizar la posición de quien , a poco de haber comenzado su mandato, pretende liberarse de sus funciones – sin dar mayores razones por cierto- y mantener un cargo presupuestario de tamaña envergadura, desentendiéndose del trabajoso y duro tránsito que ha significado para el Estado y toda la sociedad la implementación del nuevo Código”, aportó la Fiscalía de Estado con un dictamen pedido por el Gobernador para fundamentar el decreto.
Autor: Héctor Galiano
