El fiscal federal Gustavo Onel pidió girar a la justicia provincial una causa en la que se investigó el posible ingreso de drogas a distintos penales dentro de cajas o bolsones. Quedaron en la mira el ex subsecretario del Servicio Penitenciario, Héctor Acuña y algunos de sus ex colaboradores.
El fiscal federal Gustavo Onel solicitó hace una semana remitir a la justicia provincial un expediente en donde él mismo investigó una denuncia que daba cuenta del ingreso de drogas a distintos penales santafesinos mediante bolsones o cajas de encomiendas. La denuncia fue presentada de manera anónima en septiembre del año pasado, cuando aún era subsecretario del Servicio Penitenciario Héctor Acuña. La pesquisa de Onel, quien tuvo delegada la causa, no pudo corroborar el modus operandi denunciado pero sí comprobó que, en al menos tres ocasiones ingresaron paquetes a los penales sin controles, bajo la responsabilidad de funcionarios del Servicio señalados en la denuncia. Por ello, al entender que no existían los extremos necesarios para avanzar en el ámbito federal pidió enviar a la provincia el legajo para una investigación por posible incumplimiento funcional.
La denuncia llegó a la Fiscalía el pasado 17 de septiembre en forma anónima y refería a una posible maniobra de narcotráfico en distintas unidades carcelaria de Santa Fe. “La droga ingresa a los penales de distintas formas en los autos oficiales del Servicio Penitenciario, que salen desde Coronda y luego son repartidas en las cárceles de mujeres y varones de Rosario, de PIñero y de mujeres y varones de Santa Fe (…) también se utiliza para su ingreso el vehículo oficial que usa Héctor Acuña, que es un Renault Fluence blanco, que generalmente utilizan sus choferes Daniel Boloski y Ángel E. Toda esa droga entra sin ser requisada e ingresa a Coronda desde el local que se encuentra frente a la cárcel, en ése lugar se preparan los bolsos que luego se buscan en autos del Servicio Penitenciario. En Las Flores, por ejemplo, los bolsones llegan los días viernes y se depositan en un consultorio”. El relato fue pormenorizado y por ello el juez Reinaldo Rodríguez ordenó la instrucción que quedó delegada en el fiscal federal.
La presentación anónima abunda en detalles y en nombres y también en relaciones que se darían entre funcionarios y presos a través de sus visitas. De hecho, se destaca una situación e la que el ex subsecretario Acuña fue identificado el año pasado en un control del Comando Radioeléctrico en el norte de la ciudad dentro del Renault Fluence y con una mujer. En su defensa, el ex funcionario dijo que “le llevaba un bolsón de comida a una vieja conocida de la militancia”. La denuncia también refería sobre una posible sociedad entre los responsables del servicio y un narco (preso y condenado) llamado Luis Bergallo.
Onel comenzó su investigación y pidió la colaboración de la Dirección de Narcocriminalidad de la policía de Santa Fe y le encargó al entonces jefe Marcelo Cruz tareas de inteligencia sobre el local ubicado enfrente de la cárcel de Coronda. En febrero pasado Cruz informó que “debido al cambio de autoridades dentro del Servicio Penitenciario se hacía imposible corroborar la veracidad de lo expuesto en la denuncia”. Acuña había renunciado a principios de febrero y en su lugar ingresó Jorge Bortolozzi.
El fiscal federal dispuso el cese de la intervención del área de drogas de la provincia y giró las actuaciones a la Dirección de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario. Luego de un trabajo pormenorizado, el fiscal pidió que informe sobre tres entregas de encomiendas concretas y si fueron requisadas. Una del 19 de julio de 2020, ingresada con el Movil 1 a las 20.52 hs. La segunda del 21 de agosto del 2020, donde refiere a una caja “que ingresa Daniel Bolocki, con mercaderías varias para la doctora M.P, la que es entregada a la misma por orden de Héctor Acuña”. Y la tercera es del 1 de octubre del año pasado en donde el móvil 22 – DG a cargo de Fernando Odasso “trae encomiendas para dos internos y una motosierra para la sección logística”.
En la pesquisa de Asuntos Internos un funcionario del Servicio señaló que “entre julio y diciembre de 2020 casi todos los días se trasladaba a buscar o llevar algo, o traer a alguien al penal de Las Flores, que se trasladaban en coches oficiales encomiendas y paquetes y también internos o personal. Señaló que durante la pandemia iban a Rafaela y Esperanza el mismo idea en el (furgón) Iveco llevando personal para requisa y un camión para traer paquetes, la gente de requisas subía los paquetes al camión supuestamente ya revisados. Al legar a Las Flores un grupo de requisas se encargaba de bajar los paquetes y separarlos por unidas, pero sólo bajaban los paquetes que quedaban e la Unidad 2. “Desconozco si eran requisados, sólo teníamos orden de entregarlos”. Otros dos funcionarios del Servicio, uno de ellos chofer, destacaron que en pandemia y con las visitas cortadas hubo mucho movimiento de encomiendas y paquetes, que muchas veces –al tratarse de comida- tenían un tratamiento más rápido. Ninguno pudo acreditar que las requisas hayan sido exhaustivas. Uno de ellos informó que “los traslados desde la Dirección General hasta la Unidad 2 eran solicitados, generalmente por orden verbal, del jefe Emiliano Dorotier, o por el entonces Director General Héctor Acuña.«
Competencia provincial
El fiscal federal destaca en su dictamen que “no se ha logrado acreditar la configuración de alguna de las figuras de tráficos de estupefacientes inicialmente denunciado”. Señala también que a partir de un análisis integral, que el contenido de las tres encomiendas apuntadas, se tratara de drogas, lo que impide corroborar la figura bajo análisis. Sin embargo, agrega, pudo haberse configurado en esas ocasiones un incumplimiento de los deberes del personal penitenciario que tenía a su cargo la requisa de los paquetes que eran destinados a los internos allí alojados, o al personal de ese penal.
Autor: H.M.G
