El principal investigado se llama Adrián Claudio Bruno, quien está preso por narco desde agosto de 2023. Su familia directa era prestanombre en la compra de bienes y administraba el ingreso espurio mediante el alquiler de inmuebles y préstamos personales. La Fiscalía investiga también a un escribano que intervenía en la compra venta de distintos bienes.
Para la Fiscalía Federal, que lo investigó en una causa por narcotráfico, la actividad probada en este sentido económico y delictivo se extendió desde mediados del 2020 hasta agosto de 2023, cuando fue detenido. En esa ventana temporal adquirió quince casa y once vehículos, utilizando a sus familiares como testaferros. En esa estructura estaban María Jesús Bruno, Agustina Cabral, María Soledad Mercado y Micaela García, además del escribano Alfredo Di Bernardo, quien para la Fiscalía le daba apariencia de licitud a las transacciones de Bruno. El Ministerio Público Fiscal pidió que sean llamados a declaración indagatoria por lavado de activos, delito previsto en el código penal argentino.
Bruno fue detenido en 2023 y su causa fue a juicio en mayo de este año. Previo a ello, en agosto de 2022, su camioneta Hilux fue vista en la casa del puestero de Puerto Gaboto Diego Torres, empleado de Leonardo Airaldi, el ex hombre fuerte de la Sociedad Rural de Diamante, actualmente detenido y con dos procesamientos dictados por la justicia federal de Parana y de Santa Fe. En el primer caso, imputado como líder de una banda narco y el segundo, como responsable del delito de almacenamiento de drogas.
Bruno fue detenido en su domicilio de Sauce Viejo el 17 de agosto del año pasado con casi medio kilo de cocaína y, en otro domicilio vinculado a él en Barrio Centenario, se le secuestró otra cantidad menor de droga. Por esa investigación se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.
En los tres años que vendió drogas en la región y estuvo bajo la órbita investigativa de la Justicia, Bruno supo construir un capital importante con dinero sucio del narco. Compró casas, vehículos, invirtió en construcciones, pagó materiales y mano de obra, y prestó dinero que muchas veces fue devuelto con otros bienes. Todo ello lo hizo con dinero en efectivo, lo cual generó dificultades en obtener la trazabilidad de la inversión.
El principal investigado no puede justificar, ni siquiera, la adquisición de la camioneta Hilux que está a su nombre. Para la AFIP, donde se encuentra registrado como un contratista menor de obras, no registra grandes ingresos entre 2020 y 2023. El jefe de la banda se valió de su pareja (Agustina Cabral), la madre de su hija (Soledad Mercado), su hermana (María Jesús Bruno) y su suegra (Micaela García) para lavar el dinero. En todos los casos se observa que ninguna de ellas, e incluso Bruno, tuvieron ingresos lícitos por actividades comerciales o por relación de dependencia importantes para justificar el dinero que hicieron circular. Sí por ejemplo fueron detectadas tarjetas sociales de asistencia (por ejemplo de Formosa en caso de Bruno) o del cobreo de la AUH en caso de la suegra y la ex mujer, madre de su hijo. María Jesús Bruno viajó varias veces a España entre 2007 y el 2021 con una curiosidad: el último viaje no tiene reingreso al país de acuerdo a los registros oficiales. También viajó a Australia en el 2006.
Adrián Bruno se acostumbró a prestar fuerte. En una comunicación intervenida por el juzgado se demuestra ello. El 6 de Junio pasado habló con una persona llamada Nicolás, que le pidió un préstamo de 6 millones de pesos. Bruno le dice que es mucho, pero que igualmente él puede juntar la plata, que presta en dólares y cobra un 100 % de interés. Le dice a “Nicolás” que a él no le importa para qué la usan sino que le paguen. Para ello le aclara que puede tomarle un bien como garantía, y le da un ejemplo: “presté hace poco 3 millones de pesos y tomé en garantía un Ford Focus 2019, todo eso lo hago legal, con abogados y escribano para que te quedes tranquilo”, le dice. Con ese modus operandi la banda supo hacerse de varias casas y / o autos. Muestra de ello se observa en los boletos de compra venta o en los documentos de cesión que fueron secuestrados de la escribanía del investigado Alfredo Di Bernardo.
De acuerdo a la investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal a cargo de Walter Alberto Rodríguez, los bienes atribuidos a Bruno y su banda son: Un inmueble en 1 de Mayo, administrado por Cabral y alquilado por una suma cercana a los 57 mil pesos, que se concreta mediante transferencia con la billetera Mercado Pago; una casa en Richieri al 2600 en Santo Tomé, que fue comprado por boleto de compra venta por Bruno en 2020 por 1 millón de pesos; Neuquén y Chiclana en Santa Fe; una cochera en un edificio de calle 4 de enero al 2.800; una casa en J.J paso al 3.800 en barrio Chalet; un lote en Arroyo Leyes adquirido en 3 millones de pesos; una casa en la misma localidad; un departamento en calle 4 de enero al 3.700 en barrio Mariano Comas de Santa Fe; un departamento en calle Crespo al 3.500; una casa en Diagonal Martínez al 2.900 en Santa Fe, una vivienda en San José al 6.600, una casa en Doldán al 6.700, una casa en el Monoblock 9 del barrio Las Flores II, una casa quinta en Arroyo Leyes, en la intersección de las calles 14 y 17, donde habitaban Bruno y su pareja. También tiene bajo su órbita una Toyota Hilux, una WV Surán, un Bora 2.0, un Audio S4, un WV Fox Sport, una F 100 Diesel, un Corsa City, una Renault Kangoo una moto Zanella 150 cc.
El rol del escribano
La Fiscalía pudo advertir y probar una conducta repetida, un patrón, del escribano Di Bernandi en al menos tres transacciones y destaca que ante la Unidad de Información Financiera (UIF) el profesional deja constancia que el origen del dinero es lícito y proviene de ahorros personales. Sin embargo, en un caso concreto, se observa que hubo una intervención clara de Bruno en el proceso de compra – venta de un inmueble, el del Lote 11, Manzana D de Arroyo Leyes. Para los investigadores, la intervención del escribano se dio en los actos de compra o cesión de acciones y derechos sobre inmuebles, que por su naturaleza son bienes valiosos que no se condicen con la capacidad económica de Bruno. “El escribano contaba con elementos objetivos para valorar el perfil patrimonial de Bruno y por ende alertarse”, se señala. Por ese rol de asistencia técnica y porque es imposible que el escribano desconozca el origen ilegal de su asistido, sobre todo porque manejaba dinero en efectivo, la Fiscalía pide que declare como imputado en el proceso, por el delito de lavado de activos.
Autor: Héctor Martín Galiano (contacto@zonacriticaonline.com)
