El ex presidente debe responder aún al menos en cuatro juicios más relacionados con «Lava Jato», una megacausa que investiga desde hace más de tres años un enorme red de corrupción en torno a Petrobras.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado hoy a nueve años y medio de prisión por corrupción en el caso «Lava Jato» («Lavado de autos»), según sentenció el juez a cargo del proceso, Sérgio Moro.
El ex mandatario (2003-2010) podrá sin embargo apelar el veredicto en libertad, según la sentencia de primera instancia.
Lula fue condenado por haber aceptado de la empresa OAS un soborno a través de la reforma de un apartamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El apartamento, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.
«El condenado recibió una ventaja indebida mientras ejercía el cargo de presidente de la república, o sea, del mayor mandatario», señaló Moro en la justificación de la condena. «La responsabilidad de un presidente de la república es enorme y, en consecuencia, también su culpabilidad cuando practica delitos», agregó.
El valor estimado de la reforma del apartamento es cifrado en más de 3,7 millones de dólares. El caso de «tríplex en Guarujá» era el más grave en el que estaba acusado el ex líder obrero e ícono de la izquierda latinoamericana por «Lava Jato».
Por el apartamento estaba acusada también la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida en febrero. El ex presidente atribuye el interés por el apartamento a su esposa y sostiene que él no estaba al tanto.
El interés fue probado en el juicio, pero la pareja no llegó a ser nunca propietaria del tríplex. Moro consideró sin embargo como suficientes los indicios de que el soborno había sido acordado.
Lula aseguró en su defensa que la fiscalía no presentó pruebas de los delitos que se le imputan.
«Pensé que mis acusadores iban a mostrar una escritura, un pago, alguna prueba. Pero no tenían nada», aseguró el ex mandatario al comparecer en mayo por primera vez ante Moro en Curitiba, sede de los principales procesos de «Lava Jato».
«No quiero ser juzgado por interpretaciones, quiero ser juzgado por pruebas», reclamó Lula. En su sentencia de hoy, Moro acusó al político de haber intentando intimidar a la corte y subrayó que no decretó prisión preventiva por «prudencia».
«Considerando que la prisión cautelar de un ex presidente de la república no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espere al juicio de la corte de apelación antes de que haya las consecuencias propias de la condena», escribió el juez.
Lula es el primer jefe de Estado brasileño en ser condenado por delitos ocurridos durante su mandato.
El caso del apartamento no es el único en el que está acusado Lula. Contando ese proceso, el ex presidente debe responder aún al menos en cuatro juicios más relacionados con «Lava Jato», una megacausa que investiga desde hace más de tres años un enorme red de corrupción en torno a Petrobras.
Lula rechaza todos los cargos y acusa a sus adversarios de estar detrás de los procesos para impedirle volver a la arena política. El ex mandatario ha anunciado ya en varias ocasiones su intención de volver a presentarse a la presidencioa en las elecciones de 2018 como candidato de su Partido de los Trabajadores (PT).
Las últimas encuestas lo muestran como claro favorito para ganar la primera vuelta, con hasta un 30 por ciento de las preferencias.
«Lava Jato» es considerada como la operación contra la corrupción más grande de la historia de Brasil. Decenas de políticos están acusados de haber recibido sobornos de empresas interesadas en firmar contratos con el gigante Petrobras.
Los «sobrecostos» de esos sobornos eran compensados por las empresas a través del encarecimiento de las obras y servicios prestados al erario público. También el actual mandatario, el conservador Michel Temer, fue denunciado recientemente por investigaciones vinculadas a «Lava Jato».
La primera condena contra Lula coincidió con el inicio del proceso contra Temer, bajo sospecha de haberse beneficiado durante años de sobornos.
Una comisión especial del Congreso empezó a debatir hoy la denuncia de la fiscalía. En caso de que la comisión recomiende aceptar la denuncia, el pleno de la Cámara de Diputados debe votar en los próximos días el posible retiro de la inmunidad del presidente para que sea juzgado.
Por «Lava Jato» están siendo investigados decenas de diputados actuales, ex gobernadores y ex presidentes. Algunos de los empresarios más poderosos del país están ya en prisión.
El escándalo se extiende también al extranjero debido a la red corrupta de la constructora Odebrecht, que pagaba sobornos en varios países en esquemas similares a los de la trama Petrobras.
