Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA pidieron 9 años de prisión para Rafael Grau y Omar Odriozola por delitos ocurridos entre 2015 y 2016. Se los acusa de haber sido jefes de una banda mixta dedicada a falsear arreglos mecánicos a los móviles.
Los fiscales pidieron además inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y multa de 90 mil pesos. La investigación se abrió en marzo de 2016 a partir de una denuncia del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro ante un anoticiamiento recibido anónimamente en su gestión.
En dicho anoticiamiento, se mencionaba a los supuestos participantes y el esquema de la maniobra, que consistía en facturar reparaciones que no existían y repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo para la gestión del arreglo de móviles y compra de repuestos y su consecuente pago.
El viernes pasado los fiscales de la Unidad Especial firmaron y notificaron a las partes sobre el requerimiento de acusación, algo similar a lo que en el sistema penal federal es la elevación a juicio. Antes, en este marco, deben desarrollarse algunos pasos previos antes de llegar a la sala de debate. La acusación ya estaba lista hace tiempo, pero el año pasado un excesivo tamiz del juez Octavio Silva interrumpió el proceso, al rechazar a acusación por invalidez formal.
Los fiscales del MPA volvieron a formularla con las objeciones remediadas y el resultado fue un escrito de 70 páginas en donde se describe con precisión la maniobra ardidosa que tuvo como responsables máximos a los dos ex jefes policiales de la Unidad Regional 1 y de la Policía de Provincia. “La investigación que precede esta acusación tuvo como objeto una asociación ilícita que se dedicó -al menos- entre enero de 2015 y febrero de 2016 a defraudar al Estado Provincial simulando la reparación de móviles policiales, así como también se simulaba la adquisición de repuestos y acarreos a tal efecto. Tal como surge de la propia atribución, la organización delictiva estuvo integrada por funcionarios policiales y personas particulares”, se puede advertir en la acusación.
La maniobra consistía en la emisión por parte de los particulares de facturas por servicios (reparaciones y acarreos) y bienes (repuestos), supuestamente realizados y adquiridos por el Estado provincial en relación a móviles policiales específicos. Las facturas emitidas eran presentadas en la Habilitación de la Jefatura Provincial con el fin de que el Habilitado y el Jefe de Policía de la Provincia (sucesivamente, Odriozola y Grau) emitieran las órdenes de pagos específicas. Para poder librar dichas órdenes de pago se requería también que el Departamento de Logística confirmara, de manera aparente, la realización de las reparaciones y la adquisición de los repuestos con el certificado de recepción definitiva relacionado a cada móvil policial.
En detalle
A los imputados Rafael Ramón Grau y Omar Antonio Odriozola, se los acusa por la comisión de similares hechos delictivos, que consistieron en formar parte de una asociación ilícita, “de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos policiales y personas particulares con el objeto de cometer defraudaciones (por medio de la simulación de reparaciones y acarreos de móviles policiales y la adquisición de repuestos para los mismos) en perjuicio de la administración pública, más precisamente, en detrimento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe”.
La banda estuvo conformada por por Andrés Daniel Soto, Rodrigo Exequiel, Noelia Biscari, Artemio Biscari, Maximiliano Edgardo Ambrosio y Gabriela Pavarin, todas ellas personas particulares que integraban la organización en carácter de miembros. De esa organización participaron quien era jefe de Logística José Leiva, desde octubre de 2015 hasta febrero de 2016, y los Habilitados Raúl Patriarca y Ariel Villanueva. El tallerista Facundo Testi fue el organizador de la asociación en tándem con los jefes Grau y Odriozola, quienes para los fiscales desarrollaron actividades ilícitas y defraudadoras que consistían en simular la reparación de móviles policiales en los talleres denominados “Los hermanitos” , “Mecánica del Litoral” y “Servicio Mecánico” , y la compra de repuestos para tal fin en “TC Repuestos”, para de esa manera generar disposiciones patrimoniales por parte del Estado Provincial de las que se apropiaban tanto el imputado como los demás miembros de la organización delictiva. En este marco también eran simulados los acarreos de los móviles, los cuales eran facturados a nombre de “Auxilios T.M.I.”, empresa a nombre de Gabriela Pavarin pero en realidad perteneciente a Facundo Testi. Asimismo, se facturaba por ploteos no realizados, emitiendo pagos a nombre de “T-Gráfica”, también de Testi. El daño a la fe pública cuantificado por los fiscales de parte de Odriozola es de $ 1.040.128.80. La participación de Grau en tales maniobras se dio entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, período en el cual la valuación aproximada del perjuicio patrimonial efectuado al erario público fue de $ 961.418,47.
De todos los investigados sólo Grau y Odriozola quedaron con la causa en trámite rumbo al juicio oral, el resto admitió los hechos y sus responsabilidades penales y acordaron penas y multas en distintos juicios abreviados.
Todo un mundo de relaciones
Testi, el comodín de la banda y de la investigación, el tallerista, la pata civil. Era quien gestionaba las pólizas de seguro y tarjetas azules a nombre de Omar y Emiliano Odriozola de una Ford Ranger 0 km que aparece en la causa a nombre de Roberto Figueroa, que es un ciudadano de Recreo, administrador de una concesionaria de autos que funcionaba en un local propiedad de Odriozola. Lo mencionan en una denuncia contra el ex jefe policial por enriquecimiento ilícito. Pero Testi también se vinculaba muy bien con Grau. En mayo de 2014 le compró a la madre de Grau un Fiat Uno en donde Mara Grau, hija del ex jefe, tenía autorización para conducirlo hasta que se lo transfirió a Testi. A su vez, el auto se transfirió a Bárbara Ritvo, pareja de Daniel Soto, quien posee autorización para conducir el Fiat desde la transferencia a Testi. Soto, una persona humilde, sin casa o exiguos ingresos, adquirió un Gol Okm en enero de 2015. A los 6 meses fue transferido a nombre de Rafael Grau, sin que Soto haya sabido que figuraba como titular registral de un coche 0km, y menos que se lo había vendido al jefe – de entonces – de la policía santafesina. Si faltaba algún detalle, es que el mismo día en que Soto adquiere el auto nuevo, se extiende una cédula para conducir el vehiculo a nombre de Rafael Grau
Otro dato de la relación entre los actores de la asociación investigada quedó evidenciado en que Mara Grau se comunicó directamente con Testi, invocando al padre, para la transferencia del Fiat Uno, algunos arreglos y puesta a punto del auto. “Es todo a pedido de papi”, siempre señalaba Mara.
Autor: H.M.G
