Seis personas, cinco de ellos policías federales, fueron indagados este viernes por los dos jueces federales santafesinos Francisco Miño y Reinaldo Rodriguez por pedido de los fiscales Walter Rodríguez y Gustavo Onel, en el marco de varias causas en la que se investigaron la connivencia entre el jefe de la Delegación local de la PFA y sus subalternos con hechos ilegales relacionados a la cobertura del negocio narco desarrollado por varias personas. Los hechos investigados se desarrollaron entre el 2018 y este año y generó estupor en la fuerza federal que intervino colaborando con su Dirección de Asuntos Internos en el tramo final de la pesquisa.
Los sucesos fueron tan graves que obligó al Jefe de la PFA, comisario Néstor Roncaglia (foto de portada) , a venir hasta la ciudad capital y acompañar los siete allanamientos realizados desde las 4 de la mañana del jueves pasado. Tres de ellos se llevaron a cabo en la casa materna, una concesionaria de autos en Esperanza y una casa en el barrio Caima del departamento San Jerónimo donde suele frecuentar un narco local llamado Guillermo Kernc, cuya figura disparó un conjunto de conductas ilegales del personal policial que derivaron en el descubrimiento de comportamientos previos, también evidentemente cuestionables penalmente y en donde se observaba clara la connivencia y los acuerdos por protección con dealers. A Kernc le secuestraron este jueves 200 gramos de cocaína de máxima pureza, 700 mil pesos y 1.800 dólares, además de otros elementos de valor para los pesquisas.
También se allanaron los domicilios del jefe de la Delegación local de la PFA, Marcelo Lepwalts, ubicado en Hipólito Irigoyen al 2.600, el de Cristian Bogetti, a una cuadra del domicilio de su jefe, la Filial Numero 9 del Circulo de Suboficiales de la Policía ubicado en el kilómetro 10.5 de la ruta 1, donde vivía Michael Juan Arvildo, otra vivienda en Vieytes al 2.900 donde vivía Carlos Fernando Gómez Navarro y finalmente la Delegación de la PFA en San Martín al 3.300, donde se secuestraron 88 bochitas fraccionadas de drogas, escondidas en el baño de la dependencia.
Ninguno de ellos optó por hablar en la indagatoria, ni siquiera el ex jefe de la Delegación, que dejó su puesto de trabajo esposado.
Los hechos
El 4 de abril pasado, personal de calle de la Policía Federal, delegación Santa Fe, detuvo en la vía pública a un vendedor de drogas llamado Guillermo Kernc. El dealer llevaba consigo estupefacientes y dos celulares. Ese procedimiento se llevó a cabo en el peaje de la ruta 70 a la atura de Empalme San Carlos. El narco llevaba drogas desde Santa Fe para ubicar y vender en Esperanza. Ese episodio quedó bien descripto en escuchas telefónicas sobre el celular de Kernc (entonces investigado como infractor a la ley de drogas) con su madre y una mujer de nombre Alejandra. En esas conversaciones quedaba claro que el narco pagó una suma de dinero para morigerar su situación el día del procedimiento, y además para obtener la devolución ilegal de uno de los teléfonos secuestrados en ese entonces, donde tenía anotaciones de cobranzas. No le informaron al fiscal del procedimiento y le mintieron a las autoridades del Juzgado Federal 1 de Santa Fe para lograr la libertad ambulatoria del entonces demorado. No terminó ahí el accionar ilegal del personal policial, de las escuchas surge que hubo un ofrecimiento para que Kernc pueda “trabajar tranquilo” a cambio de pagar un dinero indeterminado mensualmente. Este encuentro se produjo en la zona de la costanera santafesina y fue allí donde el narco recupera uno de sus celulares y acuerda la protección con los federales.
Los policías acordaron con Kernc una serie de encuentros y pagos. Todo, como ya se dijo antes, comenzó con falsear el acta de procedimiento del episodio del día 4 de abril en donde sólo consta el secuestro de 81 gramos de cocaína, cuando de las escuchas queda claro que – por dichos de sus allegados – “lo agarraron con mucho”- Ese acta trucha fue redactada a las 19.30 del 4 de abril y firmada, entre otros, por el jefe de la Delegación local de la PFA, el comisario Marcelo Lepwalts. Para los fiscales federales que investigaron el hecho, Gustavo Onel y Walter Rodriguez, todos los intervinientes formaron parte de un plan común. Falsearon el acta, sustrajeron elementos probatorios, encubrieron el delito y fueron parte de un cohecho, todo agravado por tratarse de un ilícito en el marco de la ley nacional que reprime el tráfico de drogas. De esta maniobra, además del jefe de la Delegación, participaron el Inspector Cristian Bogetti, Fernando Navarro y Michael Arbildo.
Lepwalts y su personal conocían la actividad de Kernc porque ellos mismos lo tuvieron bajo el radar y escucharon sus teléfonos mientras fueron auxiliares de la Fiscalía Federal a cargo de Rodriguez en 2018, en la causa que investigaba a un vendedor conocido como “Lucho”, que a la postre resultó ser el Kernc. Es decir, siempre estuvieron al tanto que el dealer desarrollaba ésa actividad y es por eso que acordaron con él un pacto cuando fue detenido por personal de calle en abril de este año. Rodriguez decidió correrlos de la investigación a Lepwalts y sus hombre a mediados del año pasado. El jefe, ofuscado por esa decisión, vociferó ante el secretario de la Fiscalía su descontento por haberles sacado “la causa más importante de drogas que estaban investigando”.
El pasado 6 de mayo el fiscal Rodriguez, ya con la colaboración de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, pidió una serie de medidas orientadas a culminar con las indagatorias de los investigados, es decir, todos los policías involucrados en el hecho del 4 de abril y Kernc. Basó su petición, además, en otras investigaciones tramitadas por Onel donde quedó en claro que el mismo personal policial desarrolló tareas de protección a otros narcos locales, de mucha relevancia y poderío económico. Los “Federicos”, como se conoce en la jerga de la calle a los policías federales, tenían tratos cordiales con narcos santafesinos, de reconocido recorrido en la venta de estupefacientes. Dos de ellos son considerados los nuevos zares de la venta de cocaína en la ciudad tras la caída en desgracia del “Zurdo” Sergio Villarroel, Luis Paz y Vicente Pignata. Otros de los elementos tenidos en cuenta para ordenar los allanamientos de este jueves fueron los contenidos en una denuncia realizada en la Dirección General de Jefatura de la PFA que personal de la Delegación Santa Fe estaban cobrando a narcos para protegerlos y falseaban informes a las autoridades del Ministerio Público Fiscal y a los jueces.
UN GESTITO DE IDEA: El ex Jefe de la PFA en Santa Fe posando junto a Carlitos Balá. Otros tiempos, más relajados.
Autor: Héctor Martín Galiano (hemagal@hotmail.com)
