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Un paquete de medidas para modificar los códigos

“Debemos consolidar un sistema que no dé sensación de impunidad a la sociedad”, resumió el ministro de Justicia, quien junto al gobernador presentan esta mañana un menú de iniciativas que endurecería la ley en algunos aspectos.

El gobierno concluyó los proyectos de ley con los que se propone introducir cambios en los códigos procesales civil y penal –que fue renovado hace dos años–, en la ley de mediación y la presentación de otra propuesta para establecer en la provincia una ley de decomiso para embargar los bienes de personas que se hayan enriquecido de manera ilícita. El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, presentarán hoy este menú de iniciativas que endurecería la ley en algunos aspectos. Esperan con esto atender la efervescencia que levantó una serie de factores como la reincidencia de delincuentes, enfrentamientos armados de honda repercusión, y la continuidad de crímenes mafiosos. “Debemos consolidar un sistema que no dé sensación de impunidad a la sociedad”, resumió el titular de la cartera de Justicia.

Silberstein ya había salido al cruce del malhumor social y revelado la intención de su cartera de modificar algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal que él entiende son necesarios de revisar. Por ejemplo, el uso que se le da a la herramienta del juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba (probation), algo que -interpreta- deja en la sociedad una sensación de impunidad, de que el crimen sí paga al fin de cuentas.

El disparador de esa reflexión fue el cambio de acusaciones y, por ende, las penas menores que cayeron sobre Máximo “Guille” Cantero y buena parte de la organización Los Monos, en un juicio abreviado realizado el año pasado. “Es un instrumento que, mal usado, puede dañar, pero que si es bien utilizado puede ser beneficioso. Por eso he sido crítico de su utilización por parte de algunos fiscales”, dijo el ministro.

“Vemos con preocupación que algunas personas condenadas por homicidio recibieron penas por debajo de lo establecido por el Código Penal. Queremos ver cuáles son los temas donde se va a aplicar el principio de suspensión del juicio a prueba. Se ha sido demasiado flexible en la aplicación de esa herramienta. Tenemos que consolidar un sistema que no dé sensación de impunidad a la sociedad”, dijo Silberstein a principios de año, cuando sus equipos técnicos ya trabajaban sobre la letra de un proyecto de reforma que ya encontró buena acogida al menos en el bloque de los once senadores justicialistas. En Diputados, se sabe, el gobierno tiene la mayoría asegurada para hacer prosperar sus iniciativas.

Las modificaciones propuestas se estudiaron junto con el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, que también estará esta mañana en Casa de Gobierno, donde Lifschitz dará a conocerlas. No trascendieron detalles de los textos, pero sí que la implementación de juicio abreviado y probation se restringirá. “No se puede pactar una pena menor al mínimo que establece el derecho penal”, dijo Silberstein a Rosario/12 por aquellos días del verano en el que el asesinato del taxista Eduardo Piris, en Ituzaingó y Gutenberg, encrespó la sensibilidad colectiva ante la delincuencia.

El senador sanlorencino Armando Traferri ya anticipó el apoyo de su bancada a esta reforma, en función de que “hay tantos baches jurídicos, el arresto domiciliario que muchos delincuentes incumplen, excarcelaciones que se otorgan a reincidentes que así, en el 90 por ciento de los casos, siguen cometiendo delitos. Hay mucho por corregir, pero aclaremos que se trata de lograr un Código Penal más justo, no más duro”.

La batería de proyectos que hoy verá la luz incluyen uno para aplicar una ley de decomiso, “que permita identificar y embargar bienes de personas que hayan utilizado, obtenido o adquirido los mismos a través de una actividad delictiva”, dice el texto. Será una norma emparentada con la ley de extinción de dominio que distintas fuerzas políticas impulsan en el Congreso de la Nación. Apunta, sobre todo, a desapoderar de patrimonio a narcotraficantes y funcionarios públicos corrompidos.

El anuncio contemplará también innovaciones a la ley provincial de mediación, al decreto que mejorará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y también cambios al Código Procesal Civil de la provincia. No trascendieron detalles de esos cambios sugeridos, pero se descuenta que en lo que hace a Código Civil, las propuestas sintonicen con los cambios introducidos al mismo corpus jurídico aprobado con el gobierno pasado.

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