Un catálogo de errores, el puntapié en la investigación por corrupción y juego clandestino
Un fallido primer plan de ataque al casino City Center derivó en la acusación al ex jefe de fiscales Patricio Serjal, para quien solicitaron 12 años de prisión como organizador de una asociación ilícita
Lo que comenzó en enero de 2020 con un plan de la banda de Los Monos para provocar un ataque extorsivo contra el casino City Center terminó ofreciendo un manual de cómo funcionó el amparo al juego clandestino en la provincia de Santa Fe. La inesperada detención de dos soldaditos elegidos para la tarea —que consistía en provocar un incendio en el estacionamiento del complejo— desesperó a los organizadores. Esto los llevó a preguntar a un empresario de juego si tenía contactos en Fiscalía y fueron esos mensajes los que dejaron expuesto el caso de corrupción más grave de los últimos tiempos en la región. La investigación escaló hasta Patricio Serjal, ex jefe de los fiscales rosarinos para quien ayer se presentó un pedido de condena a 12 años de prisión.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada solicitaron que Serjal vaya a un mismo juicio con Ariel “Guille” Cantero por el ataque al casino que finalmente se concretó el 11 de enero, con balazos que le costaron la vida a un apostador. Los dos casos, la red de juego bajo amparo judicial y el crimen del gerente bancario Enrique Encino, quedaron conectados por una misma trama. Además comparten prueba que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pretenden discutir en un debate público.
De cara a esa instancia ayer presentaron el requerimiento acusatorio contra Patricio Serjal Benincasa, fiscal regional hasta su detención el 11 de agosto de 2020, y contra Nelson Rodolfo Ugolini, ex empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los dos están implicados en maniobras de corrupción que, según la acusación, desarrollaron para dar protección al juego clandestino de la provincia. Serjal tiene 44 años y Ugolini 34.
Para Serjal, quien está bajo prisión domiciliaria desde febrero pasado, solicitaron 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución.
Para Ugolini requirieron cinco años de prisión e inhabilitación especial por cinco años para ocupar cargos o empleo público. Fue acusado como miembro de una asociación ilícita, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por cohecho pasivo. Por ser parte de esa red ya fueron condenadas tres personas en procesos abreviados, entre ellas el fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad.
El plan fallido
La trama quedó al descubierto por un plan fallido. Cuando el 8 de enero de 2020 los soldaditos Horacio “Chema” Q. y Claudio “Cady” H. iban camino a perpetrar el primer ataque incendiario al casino fueron detenidos por efectivos de Gendarmería con una pistola calibre 9 milímetros en un auto robado. Fue entonces que un ladero de Guille, Maximiliano “Chachete” Díaz, se desesperó y a través de un celular intervenido le pidió al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de “Chema” y “Cady”.
El contacto que entabló Peiti abrió la caja de Pandora y dejó expuesta la conexión del aparato de corrupción que, para la acusación, habían conformado Serjal, Ponce Asahad y Ugolini para brindarles protección a Peiti y sus negocios de juego.
El primer intento falló pero había un trabajo por hacer a órdenes de “Guille” Cantero. Y había que ejecutarlo. Con los primeros elegidos detenidos, “Chachete” Díaz y el colaborador desde prisión Carlos Damián “Toro” Escobar debieron reformular la logística del ataque contra el City Center. Así, según la investigación, contactaron a Otniel De León Almonte, el “Dominicano”, para que manejara la moto desde la que alguien no identificado disparó contra uno de los balcones del complejo en Moreno al 6400. Fue alrededor de las 22.30 del sábado 11 de enero de 2020.
El crimen del gerente
Uno de los plomos impactó en la cabeza del apostador Encino, gerente bancario de 64 años que fumaba en un balcón, y lo mató. Este homicidio fue el nexo conductor que sitúa ante el banquillo a “Guille” Cantero, líder de la banda más tenida de la ciudad, y al entonces jefe de todos los fiscales penales de Rosario, Patricio Serjal.
Dos días después del crimen de Encino, el 13 de enero de 2020, “Cachete” Díaz fue detenido en pleno centro rosarino. Al verse cercado rompió su celular y lo descartó. Pocas horas más tarde un vecino encontró el aparato, recordó que habían detenido a un hombre y fue al Centro de Justicia Penal y lo entregó en Fiscalía. Del análisis de ese teléfono se determinó que, previo al homicidio ocurrido en el casino, Díaz se había comunicado con “Guille” Cantero (preso en la cárcel federal de Marcos Paz) y el “Toro” Escobar (preso en la prisión federal de Ezeiza) para planificar el atentado.
Por el crimen los fiscales pidieron 22 años de condena para “Guille” como instigador; para “Cachete” Díaz 16 años como coautor del homicidio y por la portación ilegal de un arma de guerra; para “Toro” Escobar 20 años de prisión por ser quien coordinó y brindó logística para cometer el ataque y para el “Dominicano” De León Almonte 18 años como coautor del crimen.
A esta película, o quizás una serie por entregas, aún le resta el capítulo en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resuelva si el senador por San Lorenzo Antonio “Pipi” Traferri puede o no ser imputado tal como piden los fiscales. La Cámara de Senadores rechazó en diciembre de 2020 quitarle sus fueros. Para la acusación, Traferri es uno de los tres organizadores, junto a Peiti y Serjal, de la asociación ilícita bajo la lupa.
En esta causa ya fueron condenadas en procesos abreviados tres personas. Peiti y el ex fiscal Ponce Asahad a 3 años de prisión efectiva como imputados colaboradores. El comisario retirado de la policía santafesina Alejandro “Pipi” Torrisi, quien admitió ser miembro de la banda, aceptó 3 años de prisión condicional. David Alejandro Itatí Perona, conocido como el “Zar del juego” de Rafaela y sindicado como socio de Peiti, murió por Covid 19 en noviembre de 2020. Había sido imputado por integrar una asociación ilícita, controlar casas de juego ilegales y prestar dinero mediante el cambio de cheques.
Una mesa de tres patas
Para los fiscales, Serjal es uno de los tres organizadores que tenía la asociación ilícita, en la rama corrupción y juego clandestino, integrada además por, al menos, los condenados Peiti y Ponce Asahad, el acusado a la espera de juicio “Cachete” Díaz, el fallecido Perona (fallecido) y el sentenciado jefe policial “Pipi” Torrisi. El pedido de juicio deja claro que hay bajo investigación “otras personas no identificadas”.
El objetivo de la asociación, según los fiscales, fue usufructuar “el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todo ello sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente”.
Para ello los integrantes “organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
Según la acusación, dicha organización tuvo una duración temporal que va, al menos, desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre el legislador Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020.
El área de cobertura de la banda fue Rosario —donde funcionó el centro de decisiones ya que la mayoría de los acusados viven en la ciudad— Gálvez; Villa Gobernador Gálvez; Reconquista y Rafaela. Para la fiscalía, Serjal fue “el organizador de la cobertura judicial”, quien “abusando de su cargo daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.
El informante
De Ugolini la acusación sostiene que “usufructuando ilegalmente su cargo de empleado del Poder Judicial en la Fiscalía Regional de Rosario” y trabajando bajo las órdenes de Ponce Asahad “tenía como tareas asignadas dentro de la organización transmitir información reservada y necesaria para garantizar, desde la Fiscalía Regional, el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino montado por Peiti”.
Ugolini era el contacto entre Serjal y Ponce Asahad con Peiti sobre “las causas en las que él figuraba como sospechoso por juego clandestino y en las que estaban involucrados miembros de su negocio ilícito”.
Así, de acuerdo con el reproche fiscal, brindaba información sobre allanamientos en domicilios donde existían salas de juego clandestino a fin de alertar a quienes gestionaban esos espacios. De acuerdo con la acusación, a esas funciones las ejerció “mientras se desempeñaba como empleado en la oficina de trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de hábeas corpus preventivos y colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal de Fiscalía”.
Autor: Leo Graciarena / Diario La Capital
