Santa Fe tiene su propia Ley de Inteligencia
El proyecto pasó primero por Diputados, donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención de Alejandra Rodenas y luego fue convertida en ley por el Senado.
En la última sesión del año, la Legislatura aprobó una ley clave para la política de seguridad que busca implementar el gobernador Maximiliano Pullaro: la Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito. De esa manera, el gobierno provincial le da un marco legal al trabajo de inteligencia criminal en el territorio provincial, convirtiéndo a Santa Fe en la primera jurisdicción del país en tener una ley de este tipo. El proyecto pasó primero por Diputados, donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención de Alejandra Rodenas y luego fue convertida en ley por el Senado.
En concreto, el denominado Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito busca “establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”. En ese marco, detalla que abarcará la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública”.
El Sistema de Inteligencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará integrado por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). El área de Inteligencia Criminal deberá producir conocimiento sobre fenómenos delictivos para elaborar con ello políticas de seguridad. Por su parte, la Dirección de Información Patrimonial gestionará información sobre fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos; mientras que la CIOPE será la encargada de diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, algunas de las cuales deriven o no en una investigación.
Por otro lado, la normativa habilita a que la actividad de producción de información, el personal afectado y las bases de datos de los organismos lleven la clasificación de seguridad que corresponda. En ese sentido, se establecen tres clasificaciones: Secreto (para información cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses vitales de la Provincia); Confidencial (aplicable a todo material cuyo conocimiento no autorizado pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Provincia, de una persona, empresa o institución); y, finalmente, Público (para documentación cuya divulgación no sea perjudicial y que por su índole permita prescindir de restricciones para su conocimiento).
En cuanto a las limitaciones impuestas por la propia Ley, se especifica que el Sistema tendrá prohibido la “obtención, producción y almacenamiento de datos de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística”. Al mismo tiempo, la norma pone como limitación que “las personas que actúen en el marco de la presente ley no podrán realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales”. Por otro lado, especifica que cuando “sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos o filmográficos y espionaje acústico», deberá solicitarse autorización judicial.
En relación a las partidas presupuestarias, la iniciativa aprobada menciona que “serán públicas» aunque contempla que “podrán mantener carácter reservado” los fondos que sean necesarios para las actividades de inteligencia y “cuya publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Por otro lado, la Legislatura tendrá la potestad de controlar la correcta aplicación de la Ley mediante una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, compuesta por cinco diputados y cinco senadores “en la que estarán representados los diversos sectores políticos”.
Fuente: Pagina/12
Foto: LIonella Catalini, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados
