Trabajosa negociación en el interbloque de Unidos para buscar texto que contenga a los diferentes sectores. La media sanción trajo aparejada la creación de dos cargos de jueces de primera instancia. La oposición votó en rechazo y cuestionó la falta de políticas de apoyo a los sectores vulnerables.
Después de varias reuniones con sucesivos cuartos intermedios, a media tarde del jueves, el interbloque de Unidos en la Cámara de Diputados acordó un texto para tratar de controlar a los cuidacoches o trapitos, con modificaciones al texto aprobado por el Senado que deberá resolver si lo acepta o hace ley su aprobación primaria.
Entre los cambios introducidos por Diputados está la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, en Santa Fe y Rosario. «Créanse dos cargos de juez de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y uno con asiento en la ciudad de Rosario, los que se integrarán a los Colegios de Jueces Penales, en la forma en que disponga la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta la eficiencia del servicio de justicia» dice el artículo agregado por el plenario de tres comisiones que debieron dictaminar el tema.
Las comisiones de Seguridad, Presupuesto y Asuntos Constitucionales trabajaron en la semana el texto aprobado por el Senado. El día antes de la sesión, un plenario de tres comisiones escuchó posturas muy críticas de las Pastorales Sociales de Rosario y de Santa Fe y luego del Foro contra la Impunidad que advirtió sobre la inconstitucionalidad de la posible norma.
Diputados escuchó objeciones a sancionar a los cuidacoches de Santa Fe
En Unidos, el acuerdo sobre el tema a votar llegó a media tarde tras la Asamblea Legislativa con dos o o tres modificaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la decisión de que sean los municipios los que determinen si la actividad es lícita o no y la creación de los dos cargos de jueces.
Ya en el recinto, la socialista Lionella Cattalini abrió el debate como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y agradeciendo a la oposición que aguantó la demora en el acuerdo interno. «El espacio público y su control es incumbencia municipal» señaló. Pero además el Estado provincial tiene que dar respuesta a los hechos de violencia y por eso defendió la síntesis lograda en el texto.
Luego, el radical Martín Rosúa, presidente de Seguridad Pública, dijo que el problema del texto del Senado era la falta de tipificación del delito y esto es lo que apunta el nuevo texto. «Es una alternativa legislativa razonable y ataca las conductas abusivas», marcó.
Antes, la libertaria Silvia Malfesi anticipó el voto en contra y cuestionó haber tenido el texto en su banca minutos antes de iniciarse la sesión. Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) dijo que se llega a esta situación ante el fracaso de la política de seguridad del gobierno provincial y pidió políticas inclusivas.
La justicialista Lucila De Ponti valoró el trabajo de la Cámara de Diputados y calificó de muy mala la redacción del Senado e hizo hincapié en el primer artículo que diferencia conductas. No obstante, señaló que su interbloque no iba a votar a favor por la respuesta eminentemente punitiva.
El artículo 1 votado incorpora al Código de Convivencia el artículo 66 bis.
«Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica por la utilización de espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, o por su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren estacionados o no, será reprimido con prohibición de concurrencia por un máximo de hasta sesenta días.
El proyecto de Cuidacoches, eje en Diputados de Santa Fe
La pena se agravará con prohibición de concurrencia de sesenta a ciento veinte días, si el ofrecimiento se realizare en zonas de estacionamiento tarifado o medido; o en las inmediaciones de hasta veinte cuadras de eventos públicos masivos durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; o si mediare aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima.
La sanción podrá ser sustituida por trabajo comunitario cuando las partes así lo acuerden o el juez lo considere en los términos de los artículos 11 y 24.»
«La ley no prevé recursos presupuestarios para lo social y si para crear dos cargos de jueces» remarcó De Ponti. Otro justicialista, Marcos Corach, le cuestionó a Unidos que no hay lugar para debatir nada, «lo resuelven entre ustedes», señaló para cuestionar «el Frankestein del Senado».
«Esta ley no busca combatir a la pobreza, sino tapar a los pobres» se dijo desde el izquierdista bloque del Frente Amplio por la Soberanía para exponer el rechazo al texto.
Texto
El texto de Diputados girado ahora al Senado tiene 8 artículos y uno de forma. La nueva media sanción incorpora 66 bis y ter pero además los artículos 36 y 55.
«El Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación», marca el artículo 5.
