Presos con identidades falsas: Asuntos Internos allanó la AIC
Efectivos de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia realizó este miércoles por la tarde un allanamiento en las oficinas del Gabinete de Identificación del Área Criminalística que depende de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Región I, en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una pesquisa por dos casos de presos que con identidades falsas lograron engañar a la Justicia y salir en libertad.
Durante el presente mes la Fiscalía de Santa Fe y la policía lograron ubicar a dos hombres que eran buscados por violentos delitos y que se ocultaban bajo identidades falsas. Los dos, incluso, fueron condenados bajo nombres apócrifos y lograron evadir el accionar de la Justicia durante varios meses.
Uno de ellos es Matías Horacio “Pipiro” Oliva, quien quedó en prisión preventiva el 17 de enero de 2023 en el marco de una causa que investiga el abuso sexual contra su sobrina menor de edad. Oliva era buscado desde el mismo día del hecho, el 4 de noviembre de 2020, cuando se radicó la primera denuncia y se ocultó en Rosario con identidades falsas, a tal punto que sobre él pesan al menos dos condenas bajo distintos nombres. Y en el marco de la investigación se supo que el hombre uso al menos 8 identidades, que había sido condenado a través de un procedimiento abreviado en Rosario y que recuperó la libertad el 2 de noviembre de 2022.
El otro es el caso de Hernán Matías «Orejón» Sosa, quien actualmente está en prisión preventiva en la cárcel de Las Flores por el asalto comando a la subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes ocurrido el 17 de noviembre de 2022 y que había sido condenado bajo un nombre falso para que no se detecte un antecedente penal que tenía. Un mes antes de ese hecho, se pudo detectar que Sosa suplantó una identidad falsa para lograr obtener una libertad condicional en tribunales tras la firma de un juicio abreviado alcanzado por su abogado particular, una fiscal del Ministerio Público de la Acusación y un magistrado del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia.
Según fuentes de la Agencia de Control Policial que accedieron a dialogar con La Capital, durante el procedimiento se incautó una importante cantidad de material informático y documentación que será puesta a disposición de la Justicia para saber qué implicancias puede haber tenido el personal que trabaja en la oficina allanada con la mecánica usada por los presos para evadir el accionar judicial.
