Piden el procesamiento de los imputados en la causa Oldani
El Fiscal Rodríguez se lo solicitó al juez de la causa. Incluye a la hija del empresario asesinado hace poco más de un año.
El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodriguez pidió hoy el procesamiento de 8 de los 10 imputados en la causa federal abierta por posible intermediación cambiaria no autorizada y posible lavado de dinero, expediente abierto luego de una denuncia que hiciera el año pasado el ministro de Seguridad Marcelo Saín en el ámbito federal.
Rodríguez adjudicó en su momento a Virginia Oldani, María José Calle, Carina Amelia Chelmo (al momento de los hechos Presidenta de “Mediterránea” Sociedad de Bolsa S.A.), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas, Eugenio Francisco Alonso, Carlos Nicolás Ciochetto y Carnos Aníbal Bacigaluppo, apodado “Charly” (brokers del grupo Carey en Rosario) los delitos de intermediación de dinero sin aval legal, basado en las pruebas derivadas de, basicamente, cambio de cheques diferidos, préstamos cortos para urgencias y hasta pequeños plazo fijo, todo desde la oficina de turismo en el pleno centro de la city.
Solo ocho de las 10 personas citadas a indagatoria concurrieron a comparecer, aunque ninguna de ellas aceptó responder preguntas de la Fiscalía. «Se comprobó que a partir de fecha indeterminada, pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020, en los locales ubicados en calle La Rioja 2441/5, Galería Rivadavia de la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba la firma Turismo Oldani SRL, el fallecido Hugo Oldani tenía una sede central de sus negocios y en ese marco desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas»,
Oldani, asesinado en febrero del año pasado en su local céntrico, tenía montada una estructura que permitía mover un gran volumen de dinero en moneda nacional y extranjera sin autorización del Banco Central, al punto que varias de sus operaciones las realizaba para grandes empresas constructoras de la región y para operadores locales, relacionados a gremios y a hombre de la justicia y la política santafesina.
