Piden 4 años de prisión y el pago de una multa para un policía enriquecido

Dos fiscales presentaron este viernes la acusación contra Adrián Celer (foto), quien ya está preso por un allanamiento ilegal. Tiene abierta otra causa por contactos con narcos paraguayos. Su crecimiento patrimonial injustificado

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pedirán cuatro años de prisión y el pago de una multa de 3.789.842,12 pesos para un suboficial de la policía al que investigan como autor del delito de enriquecimiento ilícito. Así lo plantean los funcionarios del MPA en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El imputado se llama Adrián Oscar Celer, alias “Piki” o “Tripa”,  tiene 43 años,  y fue investigado por el incremento de su patrimonio entre 2013 y 2017 inclusive, mientras prestaba servicio en la policía de la provincia de Santa Fe.

“En enero del año pasado, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años”, informaron los fiscales. “A pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo”, indicaron.

Desproporcionado

Hernández y Jiménez recordaron que “la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima de diciembre de 2013. La División de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos recopiló información de los bienes y deudas del imputado, y de allí surgió el pedido de justificación del incremento patrimonial”. También señalaron que “una vez reunido el material probatorio, se le requirió al imputado que justifique la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes. Si bien realizó un descargo en enero de 2019, no acompañó ningún documento respaldatorio que sustente sus dichos”.

“Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos entendió que existían inconsistencias entre el nivel de ingresos y los bienes y deudas que integran el patrimonio del suboficial de la policía”, sostuvieron. En tal sentido, añadieron que “de la investigación llevada a cabo se desprende que entre 2013 y 2017, el imputado realizó transacciones con tres automóviles de media y alta gama; dos camionetas del estilo 4 x 4; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo”, enumeraron los fiscales. Ese terreno en fue adquirido por Celer a otro “poli narco” detenido por formar parte de una banda narco junto al hijastro de Luis Paz – también jefe de una banda del rubro – llamado Edgardo Baigoría, que operaba en Santo Tomé con redes en el Paraguay. Baigoría – hermano de Hugo, otro policía que llegó a ser el jefe de la División de Drogas Peligrosas de la policía provincial- fue investigado por el fiscal federal Walter Rodríguez que logró desbaratar a la banda del “Cabezón” mixturando cuatro expedientes existentes en la justicia federal santafesina y de otras provincias. El mayor momento de “trabajo” ilegal de Baigoría se dio entre el 2008 y el 2015, donde nadie se animaba a tocarlo, a pesar de la información ya existente que lo relacionaba a Luis Paz.

El «Cabezón» Edgardo Baigoría, ex policía, preso por integrar una banda narco. Le vendió a Celer el terreno de Sauce Viejo. 

“El monto que no pudo justificar el imputado asciende a 1.819.681 pesos, tal como concluyó Asuntos Internos y luego ratificó un perito contable contratado por la Fiscalía General”, subrayaron Hernández y Jiménez. “Estamos ante un incremento patrimonial apreciable y desproporcionado, que representa más del doble del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados”, hicieron hincapié los fiscales.

“Aún percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, no llega a justificar su incremento patrimonial”, sintetizaron y concluyeron que “si bien el imputado estaba inscripto como monotributista para la venta de cosas muebles, durante los cinco años analizado no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta”.

Actualización

“Para calcular la actualización de la suma que solicitamos que pague como multa el imputado, tuvimos en cuenta el índice de la Federación Argentina de Colegios de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) avalado por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la provincia de Santa Fe”, explicaron los fiscales.

Los funcionarios agregaron que “según estas resoluciones, la serie de índices a utilizar es la resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de la FACPCE”. En tal sentido, concluyeron que “según este análisis, el monto no justificado por el imputado, actualizado a enero de 2020, asciende a un total de $3.789.842,12”.

Proveniencia de los fondos

“No puede dejar de mencionarse que resulta altamente probable de que la proveniencia de los fondos injustificados sea el desarrollo de actividades ilícitas por parte del imputado”, remarcaron los fiscales. “Abona esta teoría que el policía investigado fue condenado en otra investigación por la autoría de tentativa de robo calificado, entre otros delitos. Asimismo, es investigado y fue procesado por la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico”, destacaron los funcionarios del MPA.

La banda de los “truchos”

Celer fue condenado en 2019 en un juicio abreviado en el que reconoció que, junto a tres policías, allanaron ilegalmente un domicilio en el barrio de Barranquitas en noviembre de 2017. No sólo ingresaron, sino que además robaron y falsearon el acta. “Piki” fue sentenciado con sus consortes Cristian Gutierrez, Ezequiel Romero y Leonardo Velásquez. Todos recibieron penas privativas de la libertad. Pero además, en el marco de esa investigación, fueron remitidas a la justicia federal una serie de comunicaciones telefónicas que constaban en los chats del teléfono de Celer, secuestrado por la policía luego del procedimiento trucho en el oeste de la ciudad. En ese operativo participó personalmente César Zanella, el ex jefe del Comando Radioeléctrico de la URI, sindicado por muchos como el armador de la estructura de la que abusaron Celer y su banda, hasta que la brutalidad los dejó fuera de carrera. El Fiscal Federal Walter Rodríguez recibió las copias del MPA dando cuenta de un contacto posiblemente narco que tenía Celer con enlace en Paraguay, conocido como “Gordo Pascuala”, un  ex “buche” de la policía que se instaló en el límite entre Formosa y Paraguay desde hace unos años y desde ahí hace de facilitador de algunos vendedores de drogas del Litoral y la Mesopotamia.

Celer, en la indagatoria que le tomaron en la justicia federal, dijo que “Pascuala” era un informante y que todo lo que él hacia estando en servicio en el Comando Radioeléctrico, se lo informaba a su jefe, César Zanella (entonces subjefe de la ésa unidad) y al ex jefe de la Regional, Luis María Siboldi. Señaló que todas las notificaciones en este sentido con informantes de calle eran verbales.

Acusación

La acusación es uno de los pasos procesales que lleva a cabo el fiscal y consiste en la presentación de un documento escrito en el que solicita la apertura del juicio oral y público contra la o las personas imputadas.

El escrito es presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en él acompañan los fundamentos y un detalle de las evidencias del caso. Además, se informan los datos personales del imputado, los hechos ocurridos, la calificación legal y la pena solicitada.

Luego, el magistrado debe convocar a la denominada audiencia preliminar, en la que las partes (Fiscalía; Defensa; y Querella si la hubiere) discuten acerca de la acusación presentada y las evidencias que se ofrecerán en el juicio. Finalizada esta audiencia, el juez puede –en caso que lo considere conducente– disponer el auto de apertura a juicio, que permitirá el inicio del debate oral y público.

Autor: H.MG

Fuentes: MPA y archivo Zona Crítica