Citaron a funcionarios del área de Control de ocho ciudades para una reunión con la Comisión de Seguridad. Es para analizar el texto ya votado por el Senado que prevé modificaciones al Código de Convivencia.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados puso sobre la mesa el expediente aprobado por el Senado para regular el tema de trapitos incluyéndolo en el Código de Convivencia y citó a funcionarios del área de Control de ocho municipios.
Es para la reunión semanal de la comisión que ahora preside el radical Martín Rosúa y que se hará este miércoles a la hora de la siesta. Los convocados son las secretarías de Control de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé, informa el diario El Litoral
El encuentro se hará en la Sala de Acuerdos Miguel Lifschitz, ubicada en el Palacio Legislativo y, dice la invitación, en el marco del tratamiento de iniciativas legislativas vinculadas a la actividad de cuidacoches. El expediente además de Seguridad Pública deberá ser dictaminado por Presupuesto y Hacienda y por Asuntos Constitucionales y todavía no tiene fecha de tratamiento en el recinto.
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Con la reunión en Seguridad Pública, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto votado por el Senado y que durante el paso por comisiones sufrió diferentes cambios. Es más, el Senado antes de votar tuvo una reunión de la que participaron cuatro ministros del Poder Ejecutivo, entre ellos el de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
En la Cámara de Diputados también hay proyectos sobre cuidacoches, especialmente uno ingresado por Walter Ghione (Uno-Unidos) acompañado por otros oficialistas como José Corral, Ximena García, Germán Scavuzzo, Sofía Galnares, Martín Rosúa y Astrid Hummel.
Con diferencias, tanto en la votación del Senado como en el proyecto de Diputados se insta a modificar el artículo 66 del Código de Convivencia Urbana.
El Senado, a instancias del Poder Ejecutivo, determinó que la acción «por las contravenciones estarán a cargo de los Municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos» en los términos del artículo 36 del Código de Convivencia de la Provincia, con exclusión de toda otra autoridad, sin perjuicio de la actuación del querellante particular en su caso.
Además determina que los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad.
Por ello, en Diputados la primera decisión fue convocar a los responsables de áreas de Control de las ciudades que muestran mayor participación de cuidacoches en sus calles. Salvo los casos de Reconquista y de Villa Constitución, los otros seis municipios están gobernadores por dirigentes de Unidos.
La legisladora apuntaba en la convocatoria a conocer la cantidad estimada de personas que desarrollan actividades de cuidado informal de vehículos en la vía pública dentro de cada jurisdicción; si existen registros, relevamientos o censos municipales sobre dicha actividad, indicando fecha de realización y metodología utilizada; ordenanzas vigentes que regulen o establezcan condiciones para el ejercicio de dicha actividad; medidas adoptadas por cada municipio en relación a la actividad de cuidacoches, incluyendo acciones de control, programas de inclusión social, reconversión laboral o asistencia.
También la intervención de áreas municipales vinculadas a desarrollo social, seguridad, empleo o economía social en relación a esa problemática; cantidad de actas de infracción, procedimientos administrativos e intervenciones de la Justicia de Faltas vinculadas a la actividad en los últimos tres años y saber si se han implementado programas de capacitación, empleo o inclusión destinados a cuidacoches.
El texto votado por el Senado, además de la reforma al Código de Convivencia, dedica un capítulo al abordaje integral y ordena al Poder Ejecutivo implementar acciones de prevención e inclusión social, «que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales».
