La Caja del Seguro Mutual tendrá que ajustarse o reconvertirse

La Corte nacional rechazó el último recurso interpuesto para preservar las funciones de seguridad social de la entidad, y quedó firme la disposición del gobierno central que obliga a modificar sus prestaciones o su naturaleza.

La Caja del Seguro Mutual deberá ajustar su funcionamiento y prestaciones a la normativa vigente para las empresas privadas del rubro, o transformarse en otro organismo de seguridad social. Así resulta de la conclusión, en febrero de este año, del periplo judicial iniciado en 2010, cuando la Superintendencia de Seguros de la Nación estableció que el régimen de prestaciones desarrollado por la institución -que incluye préstamos personales, anticipos en vida del monto del seguro por fallecimiento, asignación por edad avanzada- no se correspondía con su encuadre jurídico, por lo cual debía adaptarse o cerrar sus puertas.

En aquel entonces, el secretario gremial de UPCN Alberto Maguid (hoy fallecido) explicó a El Litoral que la intimación implicaba la reformulación de la Caja, convirtiéndola en un ente de seguros privado, o lisa y llanamente su desaparición, convirtiendo a los afiliados en un suculento botín para “la avaricia de las empresas”.

“No hay manera de adaptar lo que hoy tenemos a ese esquema, con lo cual se perdería todo lo que el Seguro Mutual otorga: los anticipos en vida, el 20 % por edad avanzada, los préstamos personales, que el beneficio se pague más allá de los 70 años. Se pierde el sentido solidario, para convertirla en una empresa más; o se obliga a disolverla, para que los 140 mil afiliados tengan que asociarse a un seguro privado”, añadió el veterano dirigente, que veía detrás de la movida una “mano negra” de las rivalidades político-sindicales y una maniobra electoral, e incluso temía un intento de intervención del organismo.

La conducción de la Caja, encabezada en aquel entonces por Maguid, y a la que oportunamente se integraron representantes de ATE y Amsafe como parte de una lista opositora, acudió entonces ante la Justicia para impedir que se haga operativa la decisión del organismo nacional, tomada a partir del reclamo de una afiliada.

Los pronunciamientos tribunalicios convalidaron en sucesivas instancias lo dictaminado por la Superintendencia de Seguros, hasta que se resolvió acudir con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este punto se recurrió a los servicios del estudio jurídico de Alberto García Lema, en Capital Federal, y del abogado constitucionalista santafesino Horacio Rosatti.

Y es que la cuestión, más allá del derrotero de apelaciones que condujo al máximo tribunal nacional, también involucraba un debate constitucional de fondo: ¿la Caja debía considerarse una prestadora de seguros como cualquier otra, y por lo tanto someterse a la normativa nacional? ¿O, más allá de su denominación, se trataba esencialmente de un organismo propio de la seguridad social, que debía considerarse regido por las leyes provinciales en esa materia?

El 11 de febrero de este año la Corte zanjó definitivamente el asunto, y se pronunció rechazando el planteo, con lo cual quedó firme la resolución inicial. Y dejó a la Caja, más allá de los temores de una intervención que actualmente no parecen tener fundamento, y de la heterogénea composición de sus autoridades, ante la disyuntiva de ajustarse al derecho privado u optar por reconvertirse en otro tipo de entidad, amparada por el derecho público provincial.

En la práctica

Esta mañana, y en diálogo con El Litoral, el presidente de la Caja, Octavio Peralta, aseguró que la resolución judicial no afectará los servicios que actualmente brinda el organismo. Y confirmó que comenzaron una instancia de diálogo con las autoridades de la Superintendencia para intentar zanjar la situación.

“Nos reunimos con las máximas autoridades de la Superintendencia y ahí definimos lo principal: el marco político e institucional para resolver esta situación. Por un lado -precisó-, la Superintendencia ratificó el interés de que no se afecte el normal funcionamiento de la Caja, pero advirtieron que en función de la prestación del seguro por fallecimiento, debíamos impulsar una serie de reformas que serán supervisadas por este organismo nacional”.

Según dijo, quedó constituida “una comisión técnica que funcionará durante noventa días para hacer una propuesta de readecuación, pero todo en un marco de cordialidad institucionalidad, y esencialmente -insistió- sabiendo que no es vocación de la Superintendencia afectar el funcionamiento de la Caja”.

Para Peralta, la resolución pasa por dos planos: el técnico-jurídico, “que se resuelve a partir de la adecuación a la ley”, y el político, “que se abordó con el compromiso de la Superintendencia de no generar incertidumbre a los 160 mil afiliados que tiene la Caja”.

El funcionario admitió que una de las alternativas que se estudia es la creación de una nueva figura legal para la Caja. “Hay un borrador para crear un instituto autárquico (ver aparte), pero tendremos que acordarlo. Habrá que proponer modificaciones a la ley y un cambio de razón social. Hoy, la Caja es un organismo público no estatal; podría convertirse en un instituto estatal o público no estatal”, concluyó.

Diálogo

Jorge Hoffman, titular de ATE, gremio que integra la conducción del organismo, aseguró a El Litoral que los servicios que actualmente presta la Caja de Seguro Mutual “no se verán resentidos”. El dirigente reveló que a partir del fallo de la Corte se ha iniciado una etapa de conversación con las autoridades de la Superintendencia. “Se ha constituido una mesa común y hay muy buen diálogo. Allí se trabaja para la adecuación de la Caja para cubrir los requisitos legales existentes. Hay buena predisposición de las partes”, aseguró.

Según adelantó, una de las ideas que se barajan apunta a la creación de una nueva figura, “un instituto público con autarquía, con participación de todos los trabajadores (públicos) a través de sus representantes gremiales”. De todos modos, aclaró que para poder materializar esta propuesta es indispensable lograr “un alto grado de consenso tanto gremial como legislativo”.

Fuente: Diario El Litoral