Intervienen la Fiscalía Regional de Rosario y apartan a María Eugenia Iribarren

La reemplaza interinamente por seis meses el regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. Un arrastre del conflicto entre fiscales del año pasado

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, que ejerce la titularidad obtenida por concurso desde el año pasado. La decisión supone una intervención de la unidad fiscal más grande de la provincia. Quien se hará cargo como interventor de la Fiscalía Regional 2 será el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.

Los argumentos que motivan la intervención serán difundidos por la cúpula del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el curso de la tarde. Vranicich dará a conocer en una reunión a las 15 horas a los fiscales del distrito intervenido detalles de su resolución. Pero en ese documento se cita la permanente disputa entre fiscales, con denuncias por objeciones disciplinarias de unos por el desempeño de otros, que para la fiscal general no han podido ser frenadas por Iribarren.

La determinación implica un nuevo cimbronazo en la conflictividad interna desatada en el segundo semestre pasado y que se explicitó con las denuncias de fuertes pugnas internas en la Fiscalía Regional Rosario entre funcionarios, a partir de las denuncias que los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca hicieron en particular contra su colega Matías Edery, de la Unidad de Criminalidad Organizada y de Delitos Complejos. En la fundamentación de la medida Vranicich, precisamente, cita la necesidad de mitigar esa conflictividad «de público conocimiento».

Aquella denuncia de los fiscales Socca y Moreno derivó en el apartamiento inicial de Edery de Delitos Complejos y la apertura en su contra de un legajo por parte del auditor general de gestión del MPA Leandro Mai, quien se inhibió de seguir en el trámite al presumir que la sanción posible para el fiscal superaba los 60 días, lo que obligaba a pasar el caso a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Al mismo tiempo se inició una causa penal contra Edery que implicó la imputación de parte de dos fiscales de Santa Fe. Tras eso, la Asamblea Legislativa suspendió a Edery por todo el tiempo que dure el trámite, le impidió la entrada a dependencias del MPA y redujo su sueldo al 50 por ciento.

En un contexto de fuertes presiones políticas, la fiscal regional rosarina fue convocada a dar explicaciones sobre la conflictividad interna desatada en el seno de la regional a su cargo. Eso fue el 11 de noviembre pasado, donde Iribarren estuvo cuatro horas ante los legisladores, ante los cuales admitió que había una crisis en su regional.

Hace dos semanas la fiscal regional ahora desplazada hizo declaraciones en las que indicó que las imputaciones en la denuncia que motivó el proceso disciplinario y penal a Edery «pudieron haber sido precipitadas».

En una entrevista realizada por la periodista Ivana Fux el 29 de febrero pasado, reproducida por Rosario 3, Iribarren fue crítica con los fiscales Moreno y Socca, que impulsaron la investigación que desplazó a Edery, de quienes dijo se habían manejado «con cierta imprudencia». Dijo entonces que «fueron muchas las conjeturas» realizadas en la audiencia imputativa contra Mariana Ortigala, la informante de Edery luego imputada, de parte de los dos fiscales mencionados. Precisamente el estatuto reglamentario del rol de informante en la Fiscalía Regional quedó en el medio de la controversia.

Por esa razón Iribarren impulsó un pedido de investigación contra Moreno y Socca en la auditoría, donde afirmó que estos había acutado por fuera de lo que lo que su función les imponía, y que plasmaron sus acusaciones «en ámbitos que no son los correctos».

«Desde un supuesto vinculan con otro y sacan una conclusión. Tiene mucho de eso la denuncia de Socca y Moreno. El desafío de las fiscales de Santa Fe y la Legislatura es reconstruir todo. Hay que analizarlo con los elementos que había en ese momento, no tres o cuatro años después», indicó en la entrevista citada.

Esas declaraciones parecen alineadas con las conclusiones que adopta Vranicich al apartar preventivamente a Iribarren. En su resolución la fiscal general menciona que no puede dejar de señalar que los conflictos existentes entre los fiscales «ponen de manifiesto un ejercicio de autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria». Y subraya que «se advierte que la fiscal regional no ha podido desprenderse de su anterior rol como coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos». En lo que parece ser una apreciación que conlleva la idea de un cierto favoritismo.

En cuanto a las crisis internas Vranicich sostiene que en tiempos de gestión de Iribarren “los conflictos fueron retroalimentados y profundizados por órganos fiscales que pudieron haberse considerado afectados por este posicionamiento funcional”. Y sugiere que “en Rosario es impostergable la reconstrucción de los lazos interpersonales y funcionales”. Y agregó que “resulta imperioso que los órganos de dirección asuman el gobierno de las instituciones mediante la gestión de autoridad respecto de todos los órganos fiscales”.

Un dato que Vranicich señaló como grave fue el incumplimiento a la “instrucción particular emitida el 16 de febrero de 2024” por la Fiscalía General que instruyó que el fiscal Edery fuera reasignado “de manera provisoria” a la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos y que sus investigaciones fueran desafectadas del “sistema Heimdall”. La medida era “ manera provisoria en el marco de la tramitación de una investigación penal y procedimiento disciplinario en los que se está evaluando el desempeño” de ese fiscal.

El incumplimiento se verificó en la inspección realidad el 4 de marzo por personal de la Auditoría General de Gestión, que fue solicitada por la fiscal General. “Se constató que el fiscal no estaba en la Oficina de Siniestros Viales. El fiscal a cargo de esa unidad manifestó que «no notificó la asignación de causas» al fiscal investigado”. Acto seguido fueron a la oficina de la Agencia de Criminalidad Organizada y dieron con el que fiscal Edery seguía prestando servicios ahí. Se ofrecieron excusas que no fueron consideradas.