Escenas de gran stress y sorpresa en medio de una investigación por espionaje

La difusión de nombres sacudió la modorra de enero. Algunos entretelones sobre el destino de la causa y los “carpetazos”. En febrero habrá audiencia de duplicidad de plazos y muy posiblemente a finales del mismo mes las imputativas.

La difusión de un primer listado de posibles espiados en la gestión de Marcelo Saín, en los meses de cogobierno del  ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, ha despertado escenas, poses y seguramente preocupación real entre los que allí se vieron dentro de una planilla de Excel. En rigor, ese listado obedece a un primer relevamiento realizado por los pesquisas al mando de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, a cargo de la causa por presunto espionaje. Probablemente, en febrero o marzo,  los periodistas podrán retirar o no la palabra “presunto” de las crónicas.

Este primer listado fue confeccionado de manera artesanal, punteando cada una de las consultas que se hicieron con claves del ministerio de Seguridad por lo menos durante un año y medio. A veces se hacían consultas por nombres. Otras, por el documento de identidad. Los encargados de utilizar las claves para husmear en la intimidad de personas físicas o jurídicas ya han declarado en la justicia. Quien primero lo hizo, se fue del país casi de inmediato, por temor a lo que pueda ocurrirle. El locuaz ex ministro se ha cansado de dar entrevistas por estos días repitiendo que “entrar a Sudamericadata no es espiar”. Raro para quien puso gran parte de su academicismo en la redacción de la nueva ley de inteligencia, y de haber sido el primer director de la Escuela de Inteligencia del país, tras el huracán desatado por la muerte de Alberto Nisman. El artículo 4 de esa norma dice que ningún organismo podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Sudamericadata o Nosis son aplicaciones de consulta exprés que reúnen todo lo que las fuentes públicas permiten. Como se verá más adelante, estos servicios (por las empresas) no pueden ingresar a ciertos lugares y agencias del Estado, donde se preserva la información y la privacidad de la personas. Puede servirle a un Banco saber si alguien está en el Veraz, pero no podrá saber por medio de esas empresas otras informaciones más delicadas. Así fuera el caso, ¿Por qué debería el Estado tener un perfil  de un ciudadano sin que haya sido requerido por un juez o un fiscal?. “Son maniobras de contrainteligencia”, se arriesga a decir un conocedor del tema.

Como contamos aquí el 27 de noviembre pasado, luego de los registros en las oficinas del ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe, las diligencias de secuestro de documentación se precipitaron por el aviso de destrucción de papeles en las oficinas de Rosario, donde solía funcionar la Secretaría de Control, a cargo de Asuntos Internos. Aquí la casualidad nos permite poner un asterisco: el mismo lugar y el modus operandi que usaron desde Asuntos Internos de la policía bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal los jefes del área. El ex jefe, Guillermo Berra, fue imputado con su adláter de entonces María Rosario Sardiña por tareas de espionaje. La justicia de La Plata elevó la causa a juicio este año. Ambos lideraban una estructura de inteligencia con discrecionalidad bastante salvaje. Entre otras cosas detectadas que la fiscal valoró en la imputación fue la permanente consulta a Nosis.

Como se explicaba, y a pesar del pataleo de las defensas sobre la mirada de filigrana si fue un allanamiento o un registro, ello quedó ya saldado con la intervención de tres jueces sorteados: primero Pablo Busaniche, que validó el secuestro del material electrónico, luego Susana Luna y finalmente Nicolás Falkenberg. Todos, de distintos modos, reconocieron la legalidad de las actuaciones. Si no, no hubiese sido posible que se periten parte de los celulares, como ya ocurrió, o que se terminen de peritar otra tanda en estos días. Un día clave podría ser el martes 1 de febrero próximo, en donde se realizará una audiencia de duplicidad de plazos entre las partes. Allí, y con la presencia de un juez, seguramente la defensa refrendará su posición de ir de manera urgente hacia las imputativas (y así tener acceso al legajo) y los fiscales reclamarán más días para profundizar su hipótesis. El final es abierto pero allí aparece una certeza. Los fiscales deberán desplegaren sus argumentos algunos de los entretelones de su investigación, que tienen bajo llave desde finales de agosto de 2021. Esa mirada hermética sobre el trabajo en el MPA ha permitido tener varios meses de sigilo total. Luego de los allanamientos todo fue incontenible, incluso el revoleo del listado por parte de un empleado infiel. Por cierto, ya se abrió una causa por violación de secreto por ese hecho.

La lista variopinta, con jugadores de todos los equipos

Pese a los planteos, escasos de fundamentos jurídicos, de la defensa del Staff Sain la causa siguió su recorrido y hasta ahora hubo una colaboración del 95% en respuesta a los pedidos a fiscales provinciales y federales. Al contrario de lo que planteo en medios rosarinos el ex ministro de Perotti, sobre “que nadie va a querer colaborar con ese pedido”. Ya lo hicieron.

Entre las consultas que se hicieron – miles y diversas, no sólo a Sudamericadata, sino  al Registro Civil, o a la dirección de Catastro -asombra el nivel de curiosidad por funcionarios del propio gobierno, como el que el tiempo que le dispensaron a Humberto Giobergia, director de la Caja de Jubilaciones de la provincia, obeidista de la primera hora y un especialista en derecho previsional. Ya había ocupado ese cargo en la gestión de Obeid. Por Giobergia consultaron varias veces, así como por la ex directora Alicia Berzero, hoy a cargo de la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad. También husmearon en el propio organismo provincial.

Otro que está en la lista como posible espiado es el periodista de La Capital, Andrés Abramovsky, de la sección Policiales del diario. Habrían ingresado a ver algunos datos suyos apenas después de un cruce que tuvo en twitter con el ex ministro. Lo mismo hicieron con otro periodista, especialista en política internacional, Claudio Fantini, columnista de LT 10 Radio de la UNL, que también figura en la lista de espiados. “Un acontecimiento oscuro y absurdo, kafkiano, que se explica dentro de los retorcidos pasillos de las mentes autoritarias”, dijo el periodista.

Sorprende ver en la lista a Jorge Alvarez, ex ministro de Desarrollo Social de Miguel LIfschitz, sobre todo porque se supone que su hijo, Pablo, ex funcionario del ministerio de Seguridad y ahora también imputado, podía tener un control de esas acciones. Tal vez la curiosidad llevó a preguntarse qué habrá sobre tal o cual persona. Parece una mirada cándida, pero las finalidades aún no están claras.

No sorprende entonces que el mismo Jorge Lagna (“que ahora ha pactado con la policía del socialismo”, como dijo Sain) también fuera espiado, como tres sobrevivientes de esa cartera: Ignacio Astesiano, Andrés Rollandeli, quien luego de enemistarse con “el turco” fue víctima de un rarísimo robo en una estación de servicios de Rosario, en donde un hombre le robó una notebook con información oficial. Al escapar, el ladrón perdió un morral que contenía una gorra y un Handy. También lo perfilaron a Jorge Fernández (hijo), quien se suponía, estaba una lista negra del destituido director del Organismo de Investigaciones.

Gran parte del team que armó Saín a comienzos de su gestión pudo haber sido perfilado, carpeteado, espiado, o como se quiera decir. Maximiliano Bertolotti, su ex Jefe provincia de la Agencia de Investigación Criminal, Mariana Olivieri, ex Secretaria de Control, Emilce Chimenti, actual jefa de policía, a quien consideran una traidora por haberse puesto a disposición de Lagna. Un dato: ni uno de los jefes puestos por Rodolfo “Coqui” Gallardo en el área de drogas fue perfilado. Muchos de ellos terminaron al borde de la detención y sus segundos en jerarquía ya pasaron las fiestas tras las rejas.

Cabe hacer una pausa en la particular bajada de lupa sobre Mauricio Caussi (Presidente de la EPE) y gran parte del directorio de la Eempresa –  actual y anterior -que  también aparecen como perfilados.  Otros de la vieja guardia de Seguridad en el peronismo del sur, también vieron pasar el scanner: Carlos “el Negro” Carranza y Angel “Yayo” Baltuzzi, dos ex ministros de Gobierno. También figuran en la planilla Excel los líderes de Apropol, Alberto Martínez y Miguel Zalazar, como así también la ex denunciante de Hugo Tognolli y Carlos Pagano (flamante jefe del área de drogas de la AIC) Norma Castaño.

En el apartado gremial sobresalen la mutual de ATE, gerenciada por el sindicalista y empresario (participa como accionario en la radio LT9) Jorge Hoffmann, UPCN, su líder local Jorge Molina y su socio histórico Augusto Borlle.  Además,  figura Herme “Vino” Caliente Juárez.

También recopilaron daros sobre Vicentin SAIC, Alejandro Bohtlingk (Presidente de Terminal Portuaria de Rosario y ex CEO de Ultramar –competidora de Vicentin), muchas empresas de Salud, como el Sanatorio Parque y el Grupo Oroño. En Santa Fe se habría ingresado a la firma PIlay.

Las empresas constructoras grandes, casi todas, están en la lista de posibles perfilados. Mismo modus operandi que con las empresas o accionistas del rubro de la salud.

A metodología consistía en consultar fuentes abiertas y públicas, pero también cerradas y privadas, de moto tal que no se agotaba el perfil con una rápida consulta en Nosis. Por ejemplo, sorprende el nivel de consultas a la base de Migraciones, principalmente para ver los movimientos de determinados actores de la vida pública, críticos con la gestión de Perotti.

Como la lista es robusta, y muchas de las referencias de los “carpeteados” de zona sur ya tomaron gran visibilidad, queda por señalar algunas consideraciones sobre los legisladores que se mencionan en la planilla Excel filtrada. Antonio Bonfatti es uno de ellos, ex legislador, quien fuera presidente de la cámara baja y de gobernador. Difícil será explicar cómo se llegó a mirar sin control hacia adentro de la familia de Julian Galdeano, sobre todo a él y su hermano. Lo mismo con Maximiliano Pullaro y Martín Pullaro. También sorprende el nombre de Roberto Mirabella, uno de los más acérrimos defensores de la gestión de Saín. No tanto el de Alejandra Rodenas y su esposo Jorge Llonch, enemistados con el ex ministro investigado. Julio “Paco” Garibaldi ( actual concejal por Santa Fe) aparece también como afectado, junto a parte de su familia. Nicolás Aimar, que reemplazó en la Cámara de Diputados a Miguel Lifschitz luego del fallecimiento del ex gobernador, también habría captado el interés de los ahora imputados.

Pocos repararon en otro dato contradictorio: la posible tarea de espionaje sobre Hernán Martínez, el abogado de Sain. También sacude un poco el sentido común el posible carpetazo a Matías Edery y su padre. Edery fue junto con Luis Schiappa Pietra integrante de la dupla probablemente más valiosa de los últimos tiempos en el MPA. Algunas explican su nombre como posible víctima en un momento en el que planteó un disidencia fuerte sobre el ingreso que hizo el “team Saín” en una causa provincial de un número de teléfono aportado por un fiscal federal de Rosario, que podía vincular a un narco con un grupo de personas investigados. Al final, no había ligamen entre las puntas. Adrián Spelta, el fiscal suspendido también estuvo bajo el peine de la clave del ministerio. Comparten con Saín abogado.

Un gran párrafo aparte merece atender el rol que tendrán los abogados allí mencionados, en esa planilla filtrada, de corroborarse. Paul Krupnik, Carlos Varela, Gustavo Feldman, José Alcácer, Luis Rossini, Lucas Peirone, todos pesos pesados del litigio fuerte en el sur. En un twitter, Paul Krupnik ya comparó el listado con una práctica nazi.

En este panorama ya bastante complicado, se impone una duda bastante racional teniendo en cuenta el talante del investigado principal y su grupo: ¿pudo haber seguimientos de personas sin el paraguas legal  que brinda el pedido de un juez o un fiscal. Algunas fuentes oficiales aseguran que podría haber indicios de eso. Aunque ése capítulo aún no fue explorado.

Héctor M. Galiano (contacto@zonacriticaonline.com)